2019 marcará un punto de inflexión: o, como resultado de las elecciones generales y otros procesos que están en juego, y que aquí, en este texto, explicaremos, logramos recuperar el Estado de derecho; o, seremos testigos del enraizamiento de las mafias en nuestras instituciones.

Perder en esta coyuntura significa perder nuestro país: seguir sin carreteras, sin políticas sociales; más migrantes que cruzan el Suchiate –en caravanas, o de uno en uno– en búsqueda del sueño americano; bandas del crimen organizado que hacen de nuestros puertos y aduanas sus almacenes privados; una clase política que, con cinismo, sigue llenándose los bolsillos con el Presupuesto del Estado, el dinero del pueblo; viendo cómo los mafiosos, que ahora están bajo proceso judicial, salen libres, a disfrutar de sus fortunas, como si aquí nada hubiera pasado.

Toca prepararnos para dar una gran batalla. Lucharemos en las calles, lucharemos en las urnas, lucharemos en los tribunales, lucharemos en todos los espacios en los que estemos, argumentando, explicando, convenciendo. Cada voto, que permita tomar posiciones en el Congreso, irá construyendo la mayoría que necesitamos; una mayoría capaz de hacer frente a los embates de las mafias que, rabiosas, irán siendo sometidas al imperio de la ley. No hay otro camino.

Frente a las malas noticias: nunca nos rendiremos por ver a nuestro país donde le corresponde, un lugar de bienestar para todos, con instituciones que respeten a los ciudadanos. Nos toca estar a la altura de este tiempo que ahora se abre, demostrar una fuerza de determinación indomable.

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¿Qué cambió en los cuatro meses que pasaron entre el 31 de agosto de 2018, el día en que –con carros militares en la calle– el Presidente anunció que el acuerdo con la CICIG llegaría hasta septiembre de 2019; y, enero de 2019, cuando –unilateralmente– el gobierno decidió dar por terminado el acuerdo? Que llegó hasta los oídos de los mafiosos que importantes procesos judiciales, que iban a golpear a actores de mucho peso, estaban por ser presentados. Entonces, no les quedó de otra que evidenciar que el problema nunca había sido el comisionado Iván Velásquez, sino los investigadores de la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que hacen equipo con fiscales del Ministerio Público, MP, investigando, preparando casos, litigando en los tribunales. Unas mafias empoderadas sintieron que la soga en el cuello se les apretaba un poquito más y, como fieras rabiosas, reaccionaron. El problema nunca ha sido el comisionado Iván Velásquez sino el desmantelamiento de sus estructuras de corrupción, el estercolero en el que les encanta revolcarse, hacer negocios, hacerse de dinero. Ahora se lanzan sobre la FECI, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, donde se hallan los equipos de investigación del Ministerio Público que llevan los casos más importantes.

Y entonces, inventan el discurso de la soberanía, los extranjeros, la justicia selectiva, el abuso de la prisión preventiva, la mafia rusa: ¡palabrería barata! Pero, sin ese discurso ¿qué les quedaría? Es que tampoco pueden salir diciendo: “liberen al expresidente Otto Pérez”, “liberen a Roxana Baldetti”, “déjennos con nuestra corrupción”, “abajo el Estado de derecho”, “queremos jueces corruptos”, “no queremos ir a la cárcel”, “déjennos disfrutar nuestro dinero mal habido”. No les queda otra que aferrarse a su maquinaria de propaganda: desde las alocuciones del presidente Morales hasta las salas de los netcenters, todos repiten estos mismos códigos.
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Luego vino el ataque del Pacto de corruptos a la Corte de Constitucionalidad. La mafia guatemalteca, diputados, presidencia y Mariscal Zavala, extrañan, como antes, con Alejandro Maldonado, Molina Barreto, y Héctor Hugo Pérez Aguilera, que ya no tienen a sus magistrados, obedientes, a la carta, al llamado, dispuestos a retorcer la ley. Están dispuestos a reventar la institucionalidad del país. Pretendían llevar adelante un proceso de antejuicio contra los tres magistrados del Tribunal Constitucional que les son incómodos. Pero eso, oportunamente, ha sido detenido por la misma Corte. Pero si al final, el Congreso decide persistir en su intento de llevar la votación el derecho de antejuicio de los magistrados del Tribunal Constitucional al pleno, fracasarán: no tienen forma de sumar los 105 votos que una decisión de esta naturaleza requiere.
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Mientras tanto, la fiscal general, Consuelo Porras, confirmó, cada vez más, los estrechos lazos que le atan a las mafias. Claudia Arrécis, su asesora privada, hace las veces de enlace para afinar estrategias con presidencia, y Mariscal Zavala. De nuevo, como en 2010, con Conrado Reyes, las mafias tienen bajo su control a la cabeza de la institución encargada de la persecución penal en el país. Delicada en las formas, la fiscal Porras no puede seguir tapando el sol con un dedo, cuidar las apariencias, para protegerse de un eventual proceso de destitución. Quedan en el Ministerio Público fiscales valientes que están llevando adelante batallas fundamentales al mando de sus fiscalías, para proteger los casos que llevan de las injerencias de la mafia, que ahora provienen, directamente, del octavo piso del edificio de Gerona, el despacho de la fiscal Porras. La licenciada Consuelo Porras pasará a la historia como lacaya de las mafias guatemaltecas.

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Este es una parte del escenario al que nos enfrentamos. Como señalaba al inicio, está mucho en juego como para abandonar ahora, cuando la contienda llegó a este punto. (Continuará).