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Domingo

Guatemala, un Estado paria


La serie de decisiones que el presidente Morales ha tomado en contra de la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad, ha llevado a que Guatemala sea vista –en el concierto de naciones– como un Estado paria.

Estados parias son aquellos que no cumplen con las normas internacionales. Son Estados que exhiben una conducta que incumple con los tratados internacionales a los que -ellos mismos, por su propia voluntad- se han comprometido. Se trata, como aquí analizaremos, de tratados internacionales que han sido aprobados por las instituciones nacionales, las asambleas legislativas y las cortes, lo que hace que estos cuerpos normativos tengan el carácter de leyes de la república, que no merecen menos que un estricto cumplimiento.  

En reiteradas oportunidades el gobierno de Guatemala ha violado el Acuerdo con el que se creó la CICIG, vigente hasta septiembre de 2019. El presidente Morales ha empleado la mentira a la hora de pretender definir –de común acuerdo con Naciones Unidas, lo que no se halla establecido en la normativa que regula a la CICIG- lo que -él ha insistido en llamar- un nuevo comisionado.

La decisión del presidente Morales, el “no te dejo entrar al país”, tiene –desde septiembre pasado- sin poder entrar a Guatemala a Iván Velásquez, el Jefe de la CICIG. Y a ello se vino a sumar, esta semana, la eliminación de las visas y acreditaciones diplomáticas –extendidas por Cancillería- a varios investigadores de la CICIG que tienen bajo su responsabilidad casos de alto impacto para la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Con esto, el Gobierno violó, una vez más, el acuerdo de creación de la CICIG, particularmente el numeral 4 del artículo 10: “El Gobierno proporcionará a la CICIG y a su personal, en toda Guatemala, la seguridad necesaria para el cumplimiento eficaz de sus actividades este se compromete a velar porque ningún personal de la CICIG, sea personal nacional o internacional, sea de modo alguno objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones en virtud de su trabajo como personal de la CICIG.”

Con esta serie de decisiones arbitrarias y violatorias de un tratado que –como ya se indicó– es ley de la República, el Gobierno ha pasado a desarrollar –de forma sistemática– una política orientada a obstruir la justicia.

A ello se suman las bravatas del presidente Morales que llegó a somatar la mesa en contra de António Guterres, el Secretario General de las Naciones Unidas, en plena Asamblea General, celebrada en el pasado mes de septiembre. Vaya diplomacia ¿Y así reclaman respeto?

Y todo esto ¿por qué? Porque el presidente Morales se ha enrocado en defensa propia porque –de acuerdo con el Ministerio Público– hay evidencia suficiente para que él sea investigado por la forma como la campaña que le llevó a la presidencia se financió. Esto, además del proceso judicial en contra de José Manuel Morales Marroquín, y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del Presidente, por el delito de fraude. De esa forma: intereses personales que atañen al presidente Morales y a su familia, han lastrado al país a la categoría de Estado paria.

Ello ha sido posible porque la canciller Sandra Jovel, y los embajadores en Washington, Manuel Espina; en Naciones Unidas, Jorge Skinner-Klee; y en Londres, Acisclo Valladares Molina, han instrumentado una diplomacia paria, dedicada a atacar a la CICIG, aunque ello implique violar leyes, y tratados internacionales.

La canciller Jovel, y los embajadores Espina, Skinner-Klee y Valladares, son diplomáticos del disparate, sin ningún sentido del “savoir faire”, que parecieran desconocer las reglas de la diplomacia.

La canciller Jovel, y los embajadores Espina, Skinner-Klee y Valladares, diplomáticos de bombo y pandereta, han prostituido a la diplomacia guatemalteca para defender a un Presidente cuya legalidad se haya en cuestionamiento por la forma como financió la campaña que le llevó al poder.

Y los argumentos son: la defensa de la soberanía nacional, que los extranjeros, que la defensa de la Constitución, que el presidente tiene la potestad de regir la política exterior, que George Soros: propaganda pura y dura.

El acuerdo que crea a la CICIG fue aprobado por el Congreso de la República, y tuvo el aval de la Corte de Constitucionalidad, lo que hace que este tratado sea ley de la República: Nada más y nada menos. Si Guatemala no respeta un contrato que las instituciones del país –con la más entera libertad– firmaron ¿quién puede fiarse de nosotros? ¿quién podrá respetarnos después?

El presidente tiene –conforme el inciso O del artículo 183 de la Constitución– la potestad de “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales”, pero ello no le faculta para realizar acciones que van en contra de tratados internacionales que son –como aquí ya se dijo– leyes de la República.  

Para lo único que la soberanía le sirve al presidente Morales es para intentar escapar de la justicia. La soberanía del presidente Morales es la soberanía de los corruptos, que quieren seguir en este reino de impunidad que era Guatemala hasta antes de CICIG.

Y esta diplomacia paria que la cancillería guatemalteca ha instrumentado ha encontrado –en la arena internacional– aliados en otros Estados parias: Nicaragua, Israel, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Aliados parias para un Estado paria.  

Pero la diplomacia paria pende de un hilo. Y ese hilo está en manos de la Corte de Constitucionalidad que debe, de forma urgente, corregir la plana y volver a hacer que prevalezca la ley por encima de esta serie de acciones arbitrarias. Entonces, seremos testigos del final de la carrera de esta partida de funcionarios que durante estos meses se han dedicado a instrumentar la diplomacia paria, comparsas de un presidente que tiene cuentas pendientes con la justicia.

Los días de inmunidad para el presidente Morales están contados. La alianza que le protege en el Congreso se irá desgranando conforme avanza la coyuntura electoral y los diputados que ahora le apoyan agoten sus opciones de re-elección. Entonces, vendrá la hora de las traiciones, que resquebrajarán el pacto de impunidad. La hora del “Tú también, Bruto, hijo mío”, inclemente, acecha, cada vez más cerca. Para el presidente Morales está reservado un sitio muy especial en el Centro de Detención para Hombres de Mariscal Zavala.

Pero lo peor no son los Arenales Forno, los Jovel, los Espina, los Morales, los Skinner-Klee, o los Valladares. Lo peor son los empresarios que controlan el CACIF, la organización guatemalteca de las cámaras empresariales, quienes, en esta coyuntura, han demostrado que están por un capitalismo a modo, pero que cuando se habla de Estado de Derecho “mejor pase mañana”. Para ellos si no hay periodos de cuatro años. El presidente Morales es una hebra de la poderosa madeja del pacto de corruptos.

 

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