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Domingo

Mafias, corrupción y sistema penitenciario


Una noticia de impacto fue la condena de la red criminal incrustada en el Sistema Penitenciario y dedicada al cobro de cobros ilegales y sobornos en las cárceles de Guatemala. Siete personas han sido sentenciadas a largas penas por el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios. Notorio es que entre los condenados esté Edgar Camargo, exdirector del Sistema Penitenciario y exmilitar y compañero de estudios del capitán Byron Lima. Aún más alarmante es que el capitán del Ejército, Byron Lima, aparezca profundamente involucrado en la estructura. Es decir, el sistema está podrido al estar las más altas autoridades implicadas en este tipo de crímenes deleznables.

El caso fue llevado en su parte investigativa y acusadora por la CICIG y el Ministerio Público respectivamente. De nuevo la CICIG se apunta un gran éxito judicial y ahora de gran significación pues se trata de una estructura ilegal que operaba incrustada en el Estado y por tanto corresponde cien por ciento al mandato de la Comisión. El concepto CICIACS (Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad) cobra pleno sentido.

El sistema de presidios de Guatemala no es solo una escuela de criminales sino las cárceles son centros de planeación y dirección de todo tipo de crímenes, de delitos graves como las extorsiones, los secuestros y los asesinatos. La figura tenebrosa del asesinado reo capitán Byron Lima puede vincularse a un sistema de cuerpos clandestinos ilegales que operaban con complacencia del Estado. En este caso Lima era el gran capo no-oficial que decidía traslados de reos por pagos y daba órdenes a los jefes de prisiones y nombraba autoridades del Sistema Penitenciario. Pero fue asesinado en prisión por una organización más poderosa, que sin duda recibió protección dentro de las estructuras oficiales para haber podido realizar el asesinato del capitán y de 14 personas más. Lima era un abierto enemigo de CICIG porque la Comisión lo había descubierto en sus operativos ilegales vinculados a cuerpos clandestinos criminales. Fue también chocante entonces ver las fotos del acusado por la muerte de Lima, el Taquero, un asesino en serie condenado por múltiples crímenes, asistiendo al edificio de Tribunales con una camiseta que decía “Fuera CICIG”. No menos absurdo resulta hoy la apología de Byron Lima que hicieran hace unos años académicos neoliberales, vinculados a una universidad privada, visitando a Lima en la cárcel donde cumplía entonces su pena por el asesinato de Monseñor Gerardi. Son verdaderos voceros del militarismo y de sectores oligárquicos oscuros, camuflados detrás de la membrana ideológica distorsionadora llamada neoliberalismo.

Guatemala, todo país decente que le apueste realmente al bienestar, a la democracia y al desarrollo, debe asegurar la seguridad y la justicia. Pero no solamente en el muy restringido sentido que el neoliberalismo conservador suele darle a estas connotaciones. Seguridad es un concepto más amplio que tener que aumentar las fuerzas de seguridad. Justicia no son solo tribunales y cárceles. La anterior delimitación discursiva neoliberal no resuelve nada, es solo un discurso vacío sin aplicación en la práctica. La seguridad como categoría amplia debe integrar la seguridad social, la alimentaria, la salud, etcétera. La justicia implica lo social, lo político, lo cultural y lo económico. Justicia es en última instancia eliminar la pobreza y que se cumplan las leyes.

La relación entre corrupción y pobreza está de sobra probada en América Latina. Por ejemplo, en México asevera Claudio X. González, presidente de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad:

“La corrupción perpetúa la pobreza en el país, debido a que esta le cuesta a una familia promedio 14 por ciento de sus ingresos, mientras que a una de escasos recursos le representa 34 por ciento”.

Refiriéndose a los países africanos, afectados duramente por la corrupción, afirma José M. Mella, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid:

“Los resultados de los análisis llevados a cabo en 18 países muestran que la pobreza aumenta la frecuencia de los sobornos a los funcionarios del Gobierno. La razón estriba en que los pobres sufren de manera regular serias dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y requieren, en mayor medida que las personas y familias de mayor renta, el favor de los funcionarios para el acceso a los servicios públicos. En realidad, los pobres están más expuestos al pago de sobornos que los ricos”.

Los ejemplos citados nos recuerdan una ecuación irrefutable: corrupción y pobreza son dos caras de la misma moneda. La pobreza es inversamente proporcional a la democracia: menos pobreza más democracia. La corrupción disminuye la eficacia, a veces hasta el grado de parálisis institucional, de un Estado impregnado de corrupción estructural. De ahí que sea válido afirmar que la corrupción contribuye a la incapacidad que se muestra en la falta de ejecución presupuestaria y en la no ejecución total de las obras, aun después de que los dineros del erario público han sido entregados. Un ejemplo muy ilustrativo de lo anterior es la situación calamitosa de las carreteras, caminos y puentes de Guatemala. O el sistema calamitoso de salud, la Conred y sus falencias, la educación por los suelos. Nada funciona bien en el gobierno de Jimmy Morales que hace agua por todas partes y cuyo único proyecto es acabar con la CICIG con la ayuda de militares y empresarios, muchos de los cuales están implicados en casos de corrupción. Sin olvidarnos del Pacto de corruptos en el Congreso.

En Guatemala, donde los grandes escándalos de corrupción han llevado a juicio y a la cárcel a docenas de funcionarios, en casos internacionalmente conocidos como Cooptación del Estado, Corrupción y construcción, y La línea o Corrupción en las aduanas, la coyuntura actual muestra a un Gobierno que no se compromete a la lucha contra la corrupción sino, al contrario, lo hace con las mafias y los corruptos, resultando esto inadmisible ya que el país tiene altísimos índices de pobreza. El mismo presidente Jimmy Morales fue vinculado al delito de financiamiento electoral ilícito y su hijo y hermano están siendo juzgados por corrupción. Habría que agregar el escándalo de los llamados bonos militares con los cuales el presidente recibió ilegalmente cerca de medio millón de quetzales.

En definitiva, las condenas de los exfuncionarios del Sistema Penitenciario, y el macabro recuerdo del capitán Lima, nos vuelven a decir que urge un cambio de estructuras y que la lucha contra la corrupción realizada por la CICIG y el MP ha sido útil. Resulta una calamidad, un cinismo insolente, sabotear a la CICIG llenándose la “trompa” (permítanme ser brutal con el idioma) de sentimientos seudopatrióticos de falsa soberanía. Sobre todo cuando se tiene la cola tan machucada y se es parte de los oscuros sectores investigados y conectados con la corrupción y las mafias.

De ahí que surjan dos preguntas inaplazables. ¿Por qué no desarrollar un Sistema Penitenciario donde no haya corrupción y en cambio la rehabilitación sea una prioridad, en vez de seguir con prisiones como escuelas del crimen? ¿Por qué no comenzar de una vez por todas, con programas amplios, bien financiados y con objetivos claros y mensurables para reorientarlos? Se trata de una materia pendiente y urgente.

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