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Domingo

La irresponsabilidad guatemalteca ante la muerte


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Es doloroso y perturbador que Guatemala tenga fama de gente mala, rijosa o pendenciera. Después de la derrota popular en 1969 la cultura cívica se debilitó en el área de los derechos políticos y humanos en general. A partir de 2015 hasta el día de hoy el país es una sociedad donde los índices de criminalidad lo cubren todo y hay una tendencia hacia la criminalización de la vida civil o una mercantilización de la vida política. La relación entre el juego político, como toda actividad humana, está sujeta al control de la política. El de derecho a la vida y a la muerte son situaciones límites y complejas que la sociedad rechaza.

La muerte y el crimen formaron parte de la liturgia del derecho y de la ley articuladas a la dictadura militar. Ya sabemos que durante casi 30 años el Ejército manejó el problema del orden como parte de una ofensiva militar contrainsurgente. El número de armas (de todo tipo) en un reporte de 2016 del periódico La Hora, apuntaba que existían 267 mil 029 licencias de portación y 553 mil de tenencia de armas que la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) había extendido en los últimos siete años.

En 2002, se hallaban registradas 209 mil 602 armas de este tipo y según la PNC, estas no representan ni siquiera el diez por ciento de las armas totales en circulación, lo cual significa que existen más de dos millones de este tipo de armas en el país, es decir, aproximadamente una por cada cinco habitantes. Según datos del Inacif, en el año 2017 murieron 3 mil 884 personas víctimas de armas de fuego, 3.16 por ciento menos que en 2016. La belicosidad del guatemalteco no ha disminuido pese a los serios esfuerzos realizados con ayuda de la cooperación extranjera.

La alta circulación de armas de fuego, según los datos de Digecam, al 3 de enero de 2017, se cuentan 537 mil 747 armas registradas, mientras que en el estudio de IEPADES, existen cerca de 900 mil armas ilegales en Guatemala. La seguridad ciudadana se creyó personalmente protegida con otro hombre armado. La seguridad nunca será protegida con medios violentos como se cree en Guatemala.

Corresponde al Estado el deber de proteger y asegurar a la sociedad, con los medios que hoy día utiliza (Policía, Sistema judicial y otros instrumentos modernos electrónicos). La inmensa cuota de muertes en las clases pobres, que tienen el mayor porcentaje de víctimas y verdugos, evidencia que en Guatemala las zonas criminógenas han aumentado. Se debe establecer e impulsar nuevas acciones para contrarrestar la delincuencia común.

En el periodo 2012-2017 el problema de la seguridad social trató de ser abordado desde el procedimiento tradicional de la fuerza externa que el Estado organiza. Ya está probado que la seguridad policial, pasó de 25 mil 126 a 40 mil 365 agentes, lo que refleja un crecimiento de 62.25 por ciento. Según los estándares de ONU el país debería contar con al menos 51 mil elementos. Estos números quisieran acercarse a las recomendaciones de los Acuerdos de Paz; estos Acuerdos recomendaban cifras más altas que el Presupuesto Nacional no está en condiciones de cubrir.

La ley vigente sobre la materia otorga un derecho constitucional a la tenencia y portación, y es excesivamente permisiva en su implementación. Existen por ejemplo pocos requisitos para otorgar las licencias, y absurdamente tampoco existe un límite en cuanto a la cantidad de armas semiautomáticas o de municiones que pueda adquirir una misma persona. Esta situación ha dado lugar a que ciudadanos comunes y corrientes acumulen en sus casas verdaderos arsenales.

En resumen, estas alarmantes estadísticas sitúan a Guatemala entre los países más violentos del mundo. Algunas personas han realizado esfuerzos para remediar esta situación, por ejemplo, con la puesta en marcha de un Programa Nacional de Control de Armas de Fuego. Como señalamos, la ley actual es deficiente y debe ser reformada con urgencia, pero las iniciativas de reforma propuestas representan apenas una mejora insignificante en algunos aspectos y retrocesos en otros, como en lo que respecta a la importación directa. No hemos olvidado el error de autorizar la compraventa de armas en manos privadas con mínimo control tanto para comprar como para portar. El mercado libre para la venta de armas de fuego no respeta la ley correspondiente. ¡Viva el mercado libre y el libre mercado!

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