Luego del discurso que pronunció el pasado jueves el mandatario Daniel Ortega donde descalifcó a los obispos que median en el diálogo señalándolos de golpistas, ¿cuál es el panorama que se avizora en esta crisis?

– El presidente Ortega amenazó a los obispos y los acusó de golpistas, lo cual es un ataque sin fundamento que apunta a separarlos del proceso de diálogo nacional. Hay que recordar que él los llamó a finales del mes de abril en el momento más álgido de la crisis. Les pidió que ellos fueran mediadores y testigos de un diálogo nacional. Ahora los obispos asumen ese rol y básicamente le han trasladado al presidente la agenda de este diálogo, que tiene dos componentes: justicia y democratización. Justicia consiste en esclarecer e investigar la matanza de más de 285 personas e identificar las responsabilidades de los autores directos e indirectos de esos crímenes, y por otro lado, la democratización que plantea reformas políticas profundas y sobre todo una reforma electoral para que se convoque a Nicaragua a elecciones anticipadas. Igual le presentaron un calendario a Ortega, que nace del diálogo nacional. En ese calendario, el mandatario tendría que recortar su periodo presidencial y convocar a elecciones el próximo año. Se propuso la fecha de marzo. Ahora Ortega dice que eso es un golpe de Estado. Eso no es un golpe de Estado. El hecho de que centenares

de miles de personas le piden que renuncie eso no es un golpe de Estado. Esa es una petición frente a un gobernante que está inhabilitado para seguir gobernando porque ha causado una matanza de más de 285 personas. Entonces, el ataque a los obispos tiene como objetivo que se intimiden y que se retiren del diálogo nacional porque el presidente los está atacando. Pero, ellos han dicho y reiteran que ellos no se van a retirar de su función de mediadores del diálogo nacional, que ellos seguirán desarrollando esta función. La Alianza Cívica, que es la contraparte del Gobierno en ese diálogo, está integrada por estudiantes universitarios, campesinos, sociedad civil y cámaras empresariales, también reiteró que van a seguir en ese diálogo y que van a respaldar a los obispos en ese rol.

¿Por qué quiere sacar a los obispos del diálogo?

– Porque quiere recurrir a negociadores o mediadores que estén al servicio del Gobierno. Extraoficialmente se maneja que Ortega está interesado en que ese rol lo asuma el actual presidente del SICA, el guatemalteco Vinicio Cerezo. Esa sería la intención de Ortega, aunque no se conoce que exista un mandato de ese organismo o de los presidentes del SICA a favor de Cerezo en este aspecto. Los gobiernos de Costa Rica y Panamá han estado apoyando el diálogo nacional bajo la mediación de los obispos. Oficialmente no hay ningún garante internacional todavía. Pero la sociedad nicaragüense mayoritariamente respalda a los obispos en la función de mediadores y testigos. Es Ortega el que ataca a los obispos para descarrilar el diálogo nacional.

¿Por qué Ortega se niega al diálogo?

– El diálogo es el único camino que puede permitir negociar una salida política pacífica. Si no hay diálogo se impone la fuerza, se impone la represión o el otro camino que Ortega quiere imponer, que es la guerra civil. Y en Nicaragua no hay una guerra civil, aquí no hay dos bandos armados. Aquí hay un bando armado que es el del régimen, la Policía y los grupos paramilitares. Y por el otro lado, una rebelión cívica que se defiende con piedras, armas hechizas con morteros con barricadas, pero no es un grupo militar como el del Gobierno. El Gobierno quiere forzar una situación de guerra civil y por eso para el pueblo de Nicaragua es fundamental que los obispos sigan jugando este rol. Ellos son la conciencia moral del país tienen altísima credibilidad y el respaldo de toda la población.

Si Ortega rechaza el diálogo ¿cuál será el siguiente paso de la Alianza Cívica?

– La Alianza publicó un comunicado demandando la liberación de los presos políticos. La Alianza dice, vamos al diálogo y establecemos estas condiciones. En primer lugar que cese la represión, y en segundo lugar, que liberen a los presos políticos y particularmente al dirigente campesino Medardo Mairena, quien es miembro de la Alianza y del diálogo. El Gobierno lo detuvo y está preso. Lo acusan de haber matado a cuatro policías en un evento en el cual estaba a 400 kilómetros de distancia. Eso ocurrió en el departamento de Río San Juan, mientras él estaba en Managua. La Alianza está convocando al pueblo a mantenerse en la lucha cívica, a seguir realizando protestas, pero por otro lado, lo cierto es que en este momento no hay garantías en Nicaragua para la libre movilización porque hay un despliegue de fuerzas paramilitares ilegales en diferentes puntos de las carreteras. Aquí se ha impuesto una situación de terror, de control, de orden a partir del terror. Hay ciudades, pueblos y barrios como Monimbó en Masaya, que es un pueblo ocupado militarmente, en sentido textual, ocupado por grupos paramilitares que están en el pueblo, que operan de manera combinada con la Policía Nacional. Aquí hay una total fusión entre la Policía que es un cuerpo legal y los paramilitares que son ilegales. Y el jefe de esa fusión es el presidente Ortega.

¿Cuál podría ser el próximo paso de Ortega para mantenerse en el poder?

– Él quiere imponer una estabilidad autoritaria a partir de la represión y a partir del control. Para ello, el lunes pasado hizo aprobar en el Parlamento una nueva ley de financiamiento al terrorismo, primero aclaro que el Parlamento está controlado por el partido de Gobierno en más de dos tercios, y lo controla como resultado de fraudes electorales como el último en 2016, en una elección presidencial y legislativa en la que la oposición fue ilegalizada y excluida de participar y solamente participó el partido de Gobierno y algunos partidos colaboracionistas, y de esa manera Ortega, aunque hubo una abstención masiva, tiene el control total del Parlamento. Y aprobaron una ley que prácticamente criminaliza la protesta cívica. De acuerdo a esa ley, los delitos políticos que antes aparecían en el Código Penal, como la rebelión por ejemplo, ahora se convierten en un acto de terrorismo. Si una persona brinda ayuda o financiamiento para una movilización, para una marcha o protesta, mañana puede ser acusada de terrorismo. Ortega está anunciando prácticamente una persecución contra todos aquellos que se han visto involucrados en las protestas cívicas. Desde la óptica del Gobierno el siguiente paso es ampliar la persecución, el control y la cárcel contra todas las personas que se han visto involucradas en las protestas cívicas. Si lo va a lograr o no esa es otra cosa, ese es el plan de él.

¿Cuál es el papel que juega el Ejército durante esta crisis?

– Institucionalmente han declarado que no van a reprimir a la población, que ellos no son una fuerza de orden público. Por otra parte, ellos han dicho que van a acatar lo que resulte del diálogo nacional. Pero al mismo tiempo el Ejército ha tolerado la existencia de los grupos paramilitares y eso contradice su propio mandato constitucional, porque la Constitución dice que aquí no pueden haber más cuerpos armados que los que estable la ley y la Constitución, de manera que los grupos paramilitares son ilegales y por lo tanto el Ejército debería de desarmarlos y desmantelarlos, pero no lo hace y obviamente no lo hace porque el Ejército está subordinado al Presidente y este es el jefe de los grupos paramilitares. Entonces, hay una presión nacional al Ejército para que actúe y desarme a los paramilitares porque de lo contrario se está deteriorando la institución militar, su prestigio y su respeto ante la ley. Pese a la presión internacional Ortega mantiene la represión.

¿Cuál es el mensaje que pretende enviar el mandatario?

– Ortega ha tratado de oponerse totalmente a las peticiones de la comunidad internacional. Aquí vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a contrapelo de la voluntad de Ortega. Es decir, él se negó a que vinieran, y la Comisión vino por la presión popular y nacional a investigar la matanza y eso ha sido un factor bien importante para denunciar a nivel internacional y mundial lo que está ocurriendo en Nicaragua.

La resolución de la OEA va a poner una prueba a Ortega y va a poner una prueba a la comunidad internacional. Me refiero a la resolución que se aprobó el miércoles pasado, que dice básicamente tres cosas: que cese la represión y condena la represión estatal, que se desarmen los grupos paramilitares y respaldan el diálogo nacional con la mediación de los obispos. Ortega rechaza esos tres puntos. Ahora, qué hará la comunidad internacional para que se cumpla esa resolución, eso es lo que veremos en los próximos días o semanas. En el sentido de que si a través de la OEA, las Naciones Unidas o de gobiernos que tienen un liderazgo en la comunidad internacional tendrán o no mayor capacidad de ejercer más presión sobre Ortega. Aquí nadie está pidiendo una intervención externa o militar ni mucho menos. Lo que los nicaragüenses aspiran es a que la presión nacional, las luchas cívicas, las protestas, las huelgas, los paros junto con la presión internacional produzca el resultado que conduzca a una negociación que culmine en la renuncia de Ortega o en el adelanto de las elecciones, que evidentemente no está ocurriendo en este momento. Se necesita mucha más presión para producir este resultado sobre todo porque aquí hay un presidente que no está dispuesto a escuchar a ese clamor popular y nacional.

¿Se ha comprobado la infiltración de extranjeros en los grupos paramilitares?

– No hay evidencia contundente en relación a esto, puede ser que haya ciudadanos extranjeros en los grupos paramilitares. El problema no es si hay o no ciudadanos extranjeros, el problema es que los paramilitares son letales, criminales. Y que están cumpliendo funciones de capturar a personas estando ellos completamente fuera de la ley.

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Chamorro habla sobre los líderes campesinos recientemente detenidos Medardo Mairena, Pedro Mena y la dirigente del mercado oriental, Irlanda Jerez. Pero además de ellos, hay detenidos líderes universitarios del movimiento 19 de Abril y centenares de otras personas que han participado en las protestas que permanecen detenidos por el Gobierno.

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¿A los líderes capturados se les acusa bajo la reforma de ley del terrorismo?

– No exactamente. La ley se aprobó el lunes, creo que la ley no ha entrado en vigencia. A ellos se les atribuye un caso de tipo civil y a Jerez le han revivido una disputa legal que tenía con otro particular. La familia de ella alega que esto es un acto de venganza política, no la están acusando de desobediencia civil la están acusando porque le están reviviendo un juicio, eso es muy típico de la manera en cómo opera la maquinaria política en este país.

¿Cómo han manejado ustedes el asedio a la prensa y la censura?

– El acoso se mantiene. Hay campañas de difamación contra periodistas en este momento. Periodistas del Canal 10, incluido Confidencial, han sido objeto de campañas denigratorias y de difamación en algunos casos en la televisión nacional, en otros, en redes sociales. Ha habido casos de espionaje, de agresiones a periodistas cubriendo protestas.

Se produjo el asesinato de Ángel Gaona hace más de dos meses, en Bluefields, a quien mataron mientras cubría una protesta. No hay ninguna seguridad para el ejercicio de la prensa y básicamente no hay seguridad para nadie, ni para los obispos, ni para los defensores de derechos humanos. Hay que recordar que en Nicaragua no existe ninguna entidad estatal autónoma, la Fiscalía no es una entidad autónoma, ni la Corte Suprema de Justicia.

Aquí todos los instrumentos del Estado están controlados por el Ejecutivo y por el partido de gobierno, todos son instrumentos políticos. A pesar de eso la prensa independiente está informando, investigando, denunciando y creo que es importante decir que aquí ha habido una explosión de empoderamiento de los ciudadanos en la utilización de las redes sociales.