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Domingo

Las niñas olvidadas del 8 de marzo


Hace un año murieron calcinadas 41 menores en un incendio dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En ese momento, el gobierno culpó a las niñas y a sus familias. Durante su segundo informe, el presidente Jimmy Morales no habló de la tragedia ni de cómo se modificaría un sistema de protección estatal para la niñez y la adolescencia. No habló de un plan para evitar el maltrato dentro de esos centros residenciales y tampoco la Secretaría de Bienestar Social ha explicado si tiene alguna iniciativa.

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Pavel Gerardo Vegapvega@elperiodico.com.gt –Apenas despegaba la mañana del 8 de marzo de 2017. Decenas de agentes policiales custodiaban el interior del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que la noche anterior se había convertido en una celda para niñas, niños y adolescentes que pretendían escapar de los tratos denigrantes de quienes debían protegerlos y educarlos. Abrazarlos.

Rodeados de sus propias heces y orines, los hombres se mantenían recluidos, bajo llave, en el auditorio. Eran unos 52 menores, según el informe de la seguridad interna del Hogar. Del otro lado, 56 mujeres padecían las mismas condiciones. Ambos grupos solicitaron salir de su encierro, gritaron, patalearon, pero nadie atendió sus súplicas.

Ellas, abandonadas también entre sus desechos, tomaron un paso más. Decidieron, desde su rabia e impotencia, quemar algunas colchonetas para provocar su liberación. La furia del fuego comenzó a las 8:45 de la mañana y culminó a las 9:10. Fueron 25 minutos de dolor, gritos y nada de auxilio. La llave que pudo abrir la puerta de ese infierno no apareció hasta que ya 19 menores habían muerto calcinadas.

Lo relatado por algunas sobrevivientes da cuenta de la indiferencia policial. “Así como son buenas para escaparse, sean buenas para aguantar el fuego”, increparon las agentes policiales afuera del aula, según los testimonios. Incluso, otros policías golpearon a los hombres que escaparon del auditorio para auxiliar a sus compañeras.

La investigación del Ministerio Público determinó que, durante el momento más álgido del incendio, la temperatura del aula, donde fueron recluidas las niñas, alcanzó los 300 grados centígrados. Esas llamas acabaron con sus gritos. Esas llamas acabaron con sus cuerpos. Esas llamas acabaron con su memoria. Porque, para la administración del presidente Jimmy Morales, el hecho ha muerto junto con las 41 niñas que perdieron la vida tras ese fatídico 8 de marzo.

Ni la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) ni la Presidencia misma han expresado si existe una planificación para garantizar que un acontecimiento de esa magnitud no se repita. Cuando fue un hecho que marcó a Guatemala el año pasado, Jimmy Morales decidió evitar el tema durante su segundo informe de gestión. No existe tampoco, desde el gobierno, un cronograma para conmemorar y recordar la fecha de la tragedia.

La ayuda que se olvida

Desde el incendio, la SBS ha visto pasar por su mando a cuatro titulares. Una rotación que también ha afectado a los mandos medios y al personal general de la entidad. Para las organizaciones que velan por los derechos de la niñez y la adolescencia, esta inestabilidad en un año crítico ha generado estancamiento en cualquier proceso que permita avanzar con las nuevas tendencias de protección estatal de menores en situación de vulnerabilidad.

 

Leonel Dubón, director de El Refugio de la Niñez criticó esa rotación como un problema grave. “Hay debilidad en las capacidades técnicas del personal”, expresó.

Un dato relevante para ilustrar la declaración de Dubón es que, según el Informe Circunstanciado y Situación de la Niñez Guatemalteca de la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia, entregado a la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de la República, el presupuesto asignado para la Secretaría durante 2017 fue de Q135 millones, pero solo se devengaron Q40.8 millones.

Semanas después de la tragedia, la entonces secretaria de Bienestar Social, Cándida Rabanales, solicitó el apoyo de la organización internacional Save the Children para construir una herramienta que permitiera trasladar a los menores refugiados a otros hogares con distintas características. No serían macrohogares, sino pequeñas residencias donde se pudieran crear mejores vínculos entre los cuidadores y los refugiados.

Roberto Cabrera, vocero de Save the Children, explicó que la organización no está a favor de la institucionalización de los menores, pero aportaron su conocimiento para aliviar la crisis. “Si van a estar institucionalizados, lo mejor es que cuenten con las garantías de protección”, comentó.

Es a partir de esa petición que la organización trabajó en una política pública para atender las necesidades inmediatas de la población vulnerable que es atendida por la SBS. La propuesta se presentó la segunda semana de noviembre a la actual secretaria, Ana Patricia Contreras.

El documento, titulado Política de Protección Infantil Organizacional de la Dirección de Protección Especial Residencial está dirigido a la Subsecretaría de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia.

En la iniciativa se presentan propuestas para prevenir malos tratos, hacer más eficientes los procesos y se explican las distintas clases de violencia que podrían existir dentro de los centros de protección.

En el primer apartado del documento, Save the Children explica terminología asociada con el maltrato. Así, por ejemplo, se define qué es maltrato infantil, maltrato físico, castigo físico, abuso sexual, maltrato por negligencia, maltrato emocional, bullying, abuso de poder, entre otros.

 

El documento también presenta un marco para la prevención. En este capítulo, se detalla la creación segura de programas, el análisis y mitigación de riesgos, la capacitación y sensibilización del personal, y una lista de chequeo para la contratación del personal.

La propuesta de política hace referencia además a la importancia de manejar una ruta eficaz para las denuncias dentro de los centros residenciales. Se establecen protocolos para recibir las quejas, analizarlas, darles seguimiento y tomar medidas al respecto.

Según Cabrera, la respuesta de la secretaria Contreras fue positiva, aunque aún no han implementado la política, pues sigue en análisis jurídico dentro de la SBS. Al respecto de la carencia de una respuesta efectiva y pública, Cabrera recuerda que lo acontecido en el Hogar Seguro marcó al país y al gobierno. “A veces uno quisiera ver cambios rápidos, pero no los tenemos”, lamenta.

Además, reflexiona sobre la ejecución del presupuesto de la SBS. “No es un problema de asignación de fondos, es un problema de administración y de acción. A veces nos solicitan algunos apoyos que creemos que pueden provenir del mismo presupuesto de ellos”, comentó.

Cabrera coincide con otros analistas en cuanto a que la SBS no tiene la fuerza de coordinación administrativa. “Si no tenemos un sistema diferente, esto es lo que vamos a ver. Ante una crisis con la dimensión de la del 8 de marzo, esta es la respuesta que vamos a tener. Cosas muy limitadas, cosas que llevan mucho tiempo. Esta política debió haber sido una función de la Secretaría. Esto no debería ser el ámbito de la cooperación y de la sociedad civil. Es el Estado el que tiene que desarrollar sus políticas, son los responsables de esta organización que el pueblo les ha encomendado que dirijan”, critica.

Para conocer sobre el avance y la opinión al respecto de esta política, se consultó hace dos semanas al equipo de comunicación de la SBS si habría posibilidad de establecer una entrevista con la secretaria Contreras. Sin embargo, el departamento de Comunicación informó que no se atenderían entrevistas personales, pero se convocaría a una conferencia de prensa para aclarar cuestionamientos. Al cierre de esta edición, no ha existido tal convocatoria.

El hermetismo desde que sucedieron los hechos hace un año persiste desde la Presidencia de la República hasta la SBS.

Protección, no caridad

Para las organizaciones involucradas en la protección y resguardo de los derechos de la niñez y la adolescencia, la iniciativa legislativa 5285 que dispone aprobar un sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia, es la respuesta para terminar con la ineficacia de la Secretaría de Bienestar Social en cuanto al manejo de la defensa de los menores vulnerables.

De acuerdo con Leonel Dubón, la SBS no ha sido capaz de transformarse con el tiempo y las tendencias en el cuidado de los menores en situación de vulnerabilidad. “Tienen que cambiar su enfoque hacia los derechos humanos y la protección integral. La Secretaría ve a la niñez como objetos y no como sujetos de derechos. Siguen viendo su función como una tarea caritativa y no como garantes de los derechos humanos de la niñez”, apuntó.

Dubón cree que si el Congreso no aprueba esta iniciativa, no habrá institucionalidad efectiva, sino solo medidas reactivas o individuales.

Carolina Escobar Sarti, directora de La Alianza, enfatiza que el Ejecutivo tuvo una oportunidad de oro para enmendar el sistema actual, pero no han mostrado ningún interés. “Aquí no han entendido que no entienden”, concluyó.

Mientras tanto, el gobierno prefiere guardar silencio. Las niñas del 8 de marzo han quedado olvidadas en la agenda política de Jimmy Morales. Mientras tanto a las familias de las víctimas, a las organizaciones y a las personas que se indignaron por el incendio, le siguen doliendo las 56.

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