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Domingo

Los “dreamers” en el País de las Pesadillas


“Soñadores”, llamaron a quienes se acogieron al programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA en inglés), 17 mil 700 guatemaltecos entre ellos. “Soñadores”, sí, porque en alguna medida soñaban con un DACA prolongado, extendido en el tiempo, sin limitaciones. Pero, de golpe, el presidente de EE. UU., Donald Trump interrumpió ese sueño y conjuró la pesadilla. Ahora, la deportación pasó de ser un fantasma a una posibilidad inminente.

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Aprobar el programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) fue la alternativa parcial que promovió el expresidente, Barak Obama, en defensa de jóvenes indocumentados. El DACA acogió a partir del 15 de agosto de 2012, a aquellos que llegaron a Estados Unidos antes de 2007 con menos de 16 años y con un historial limpio. Hubo estudiantes (algunos con promedios brillantes) y trabajadores. Todos sin antecedentes penales y con respaldo de sus núcleos familiares. Cumplieron los requisitos de haberse graduado de la escuela superior o contar con un Certificado de Educación General o de formar parte del Ejército o la Guardia Costera.

Además, llenaron una serie formularios y aceptaron que les fueran tomadas las huellas digitales y abrieran un expediente de cada uno con las direcciones de sus domicilios y centros de labores. Por el trámite completo, los interesados pagaron US$495. De esta suma, US$80 sirvieron para el registro de las huellas digitales.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), del Departamento de Seguridad Nacional, en los siguientes cinco años, fueron registrados en el DACA, 689 mil 800 jóvenes de distintas nacionalidades. Pero son los mexicanos (79.4 por ciento); salvadoreños (3.7 por ciento); guatemaltecos (2.6 por ciento) y hondureños (2.3 por ciento), quienes tienen la mayor presencia en el programa. Por el DACA el Gobierno estadounidense ha percibido en este tiempo, US$341 millones 451 mil, sin contar el pago de las solicitudes pendientes de ser aprobadas, pero ese dato no está disponible.

Los beneficios del DACA fueron inmediatos: permisos temporales de trabajo a renovar cada dos años y número de seguro social, lo cual les garantizó acceso a los servicios de salud y una licencia de conducir. Asimismo, los protegió de las deportaciones, la pesadilla de los migrantes indocumentados.

Desde la oficina de S.O.S Inmigration International, a Non-Profit Corp., dirigida por el guatemalteco Julio Villaseñor fue organizada el 17 de agosto de 2013, la celebración del primer aniversario del DACA, en West Covina, California. Fueron invitados casi 300 dreamers que un año antes habían recibido respaldo legal de Villaseñor para aplicar al programa.

La agrupación H.O.L.A (San Pedro Sacatepéquez Gestores del Movimiento Organizativo Shecano en California) se unió a la festividad con los muchachos que apoyaron en Weastlake, Los Ángeles, también en California.

“La situación resultó muy positiva, tener un trabajo es algo que cambia la vida”, recordó el líder migrante de California.

De ese cambio en la vida pueden hablar dos hermanos de 23 y 25 años que viven en Florida y se registraron en el DACA en 2012. Los muchachos llegaron a Estados Unidos en 2002. “Llegamos cuando teníamos ocho y diez años porque nuestra mamá había llegado antes”, recuerda uno de los jóvenes.

Fueron inscritos en la escuela de la localidad y aprendieron inglés. El hermano mayor sobresalió en matemática y una universidad estatal mostró interés en él. Le ofrecieron una beca pero, tuvo que declinar la invitación por ser indocumentado.

El pequeño destacó como un estudiante modelo y los dos concluyeron el bachillerato, uno en 2009 y el otro en 2011. Buscaron trabajo, pero la juventud y por su estatus irregular, pocas puertas se abrieron para ellos.

“DACA fue importante para nosotros. Cuando escuchamos la propuesta y que estaba vigente aplicamos entre los primeros”, recordó uno de ellos.

Registrarse en el programa cambió la vida a los jóvenes. Obtuvieron los permisos laborales temporales con los que optaron a plazas de trabajo de alto nivel. “Permite que optemos a cursos, a jornadas de capacitación, que tengamos licencia de conducir, un seguro social. Los dos comenzamos de aprendices y ahora tenemos puestos de gerencia en compañías importantes porque reconocen nuestras habilidades y destrezas”, dijo el hermano menor.

Lo único que lamentan los hermanos es que pese al DACA, el ingreso a la Universidad todavía lo tienen vedado. “Teníamos buenos promedios, pero no fue suficiente”, reconoció uno de ellos.

Batalla legal

A partir de la entrada en vigencia del DACA, el 15 de agosto de 2012, este segmento de connacionales vivió relativos años de tranquilidad hasta 2017, cuando el presidente Donald Trump amenazó con interrumpir el programa. Cumplió lo dicho el 5 de septiembre, con el anuncio de Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, sobre el cierre definitivo del programa para el 5 de marzo de 2018.

La incertidumbre y el miedo hizo presa de los dreamers. Ahora, caminan un paso y reconocen que atrás los sigue el terror: la inminente deportación. Cómo no, si las autoridades de EE. UU., los tienen identificados a plenitud. Aceptaron el riesgo y hoy esperan despertar del mal sueño. De la pesadilla.

Los hermanos de Florida se sienten nerviosos. “No sabemos qué puede pasar, nuestra vida está aquí (el hermano mayor está casado y tiene hijos), la familia, el trabajo, los amigos. Todo lo que conocemos”, consideró
el hermano menor.

A partir de esa fecha, el USCIS dejó de recibir solicitudes nuevas de aspirantes al DACA y aceptó renovar permisos laborales de dreamers de antes del 5 de septiembre. Los restantes comprendieron que sus días como ciudadanos “regulares”están contados mientras sus registros estén vigentes. Por ejemplos, algunos hasta 2023. El de los muchachos de Florida vence en 2019.

Según el USCIS hay 17 mil 700 guatemaltecos registrados en el DACA que viven principalmente en California, Texas, Illinois, Nueva York y Florida. La Cancillería registró un monto mayor, 39 mil 258, con datos de la Oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés). La diferencia de 21 mil 558 podría tratarse de las solicitudes nuevas pendientes de aprobación.

Sin embargo, la orden del presidente Trump fue desconocida por autoridades estatales de Nueva York, Massachusetts, Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Nuevo México, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia. En cada uno de estos estados han sido interpuestas demandas legales contra la decisión del mandatario.

También la congresista Norma Torres, de origen guatemalteco, ha dado batalla por los dreamers. La legisladora representa al 35 Distrito de California y se ha apropiado del eslogan We Stand With Dreamers.

A principios de 2018, el 9 de enero, William Alsup, juez distrital del Norte de California resolvió a favor de la vigencia del DACA, pero mantuvo la restricción a las solicitudes nuevas. El USCIS reanudó el trámite de las renovaciones el 13 de enero. “Hasta nuevo aviso, y a menos que se indique lo contrario en esta guía, la política de DACA operará en los términos existentes antes de que fuera rescindida el 5 de septiembre de 2017”, informó ese día la oficina estatal. Pero, hizo excepciones.

Los dreamers cuyo DACA caducó en o después del 5 de septiembre de 2016, son quienes pueden renovar su permiso laboral. No así, aquellos a quienes el programa venció antes del 5 de septiembre de 2016 o le fue cancelado anteriormente, “no pueden solicitar un DACA en calidad de renovación”, dado que las peticiones son presentadas con un año antes de la fecha de caducidad. No obstante, pueden presentar una nueva petición inicial para registrarse en el programa.

El USCIS dejó claro que no tramitará permisos a personas que nunca antes habían solicitado ingreso a este programa.

La congresista Torres solicitó la semana pasada al Congreso una “solución limpia”, a favor de los dreamers y la aprobación de una Reforma Migratoria Integral. “Donald Trump ha perpetuado la falsa narrativa de que los inmigrantes son una amenaza para este país. Somos una nación de inmigrantes y dreamers, somos nuestro futuro”, afirmó.

De acuerdo con la legisladora la mayoría de beneficiados con el DACA son personas con una vida establecida en Estados Unidos y no así en el país donde nacieron. “Muchos se han graduado de las universidades y son doctores, abogados o dueños de negocios, logros que forman parte del sueño americano. No están preparados para comenzar en un país que apenas conocen”, indicó la congresista a elPeriódico.

“No es justo que tengan que hacerlo, porque los dreamers tienen raíces aquí. Trabajan, pagan impuestos, tienen familias. Son una parte importante del tejido social en Estados Unidos y merecen quedarse aquí sin el miedo constante de ser deportados”, agregó Torres.

Impacto negativo

Marvin Otzoy, director ejecutivo de la Fraternidad Guatemalteca del Norte de Nevada y candidato a dirigir el Consejo Nacional de Atención Migrantes de Guatemala (Conamigua) comentó que el cierre del DACA ha afectado a talentosos jóvenes que buscaron amparo en este programa.

“Prácticamente se han quedado en la incertidumbre y tienen la preocupación sobre su estatus migratorio en el corto plazo”, aseguró. “Esto afecta la economía de las familias con hijos dreamers y también afecta Estados Unidos porque se perderán empleos estables y obra de mano calificada”, indicó el líder migrante.

Otzoy comentó que los jóvenes indocumentados aceptaron el riesgo de registrarse en el DACA pese, a que ello los hizo vulnerables a posibles deportaciones porque les dio acceso a un permiso de trabajo y un número de seguro social. “Con él tramitaron una licencia de conducir, que tener una es un privilegio. Además les otorga beneficios tributarios ante el Departamento de Rentas Internas y les permite salir del país con un permiso previo para atender emergencias familiares”, añadió Otzoy.

“Siempre fue un riesgo registrarse pero era entrar a la sombra de la legalidad a través de una puertecita que se abría para ellos”, dijo el connacional.

Otzoy quien vive en Nevada desde hace 17 años recordó que con el DACA “siempre se pensó en positivo, que se extendiera”. “El sueño ahora está en que el Senado y el Congreso encuentren una solución viable y humana y que el presidente Trump, esté de acuerdo con ella”, añadió.

Por el momento, los esfuerzos de la Cancillería en defensa de los dreamers han sido insuficientes, afirmó Otzoy. “Hay que capacitarlos de cómo ser más influyentes y llamar aún más la atención de Estados Unidos por su alto grado de capacitación técnica y profesional. Estos jóvenes tienen una posibilidad de destacar. Formarlos como una fuerza laboral especial de impacto en el país”, mencionó.

“Hace falta crear programas de apoyo a los dreamers chapines y ampliar su visión de influencia laboral en EE. UU., que se convenzan de que son imprescindible para su economía”, añadió Otzoy.

David Quiroa, presidente de Alianza por Guatemala en Rhode Island y miembro fundador del Foro Nacional de Migrantes Guatemaltecos, que aglutina a más de cien organizaciones mencionó que para entender el dilema que viven los dreamers ahora hay que recordar “lo que Barak Obama dejó de hacer”. “Cuando tenía control del Senado y el Congreso no hizo absolutamente nada por pasar una Reforma Migratoria. Gastó su capital político en una Reforma de Salud que hoy está quebrada”, dijo.

Quiroa, que nació en Estados Unidos de padres guatemaltecos y trabaja desde 1999 por una Reforma Migratoria en EE. UU., opinó que el expresidente Obama “dejó pasar la Reforma Migratoria cuando tuvo oportunidad y esta habría incluido a los dreamers y otros migrantes que también son emprendedores”, comentó.

El líder migrante, afiliado al Partido Republicano, aseguró que pese a la incertidumbre sobre el DACA, los dreamers tienen una ventaja.

“La razón por la que esta nación tan inmensa pueda mantenerse con tanto arraigo, apegada y unida es por concepto de la soberanía. En el día a día cada región (aldea, comunidad, condado) de EE. UU., es soberana y se autogobierna y por esto los dreamers tienen gran oportunidad de poder regularizar su estatus porque culturalmente son considerados como estadounidenses y muchas personas así los miran. Creo que los dreamers podrían tener un respiro”, indicó Quiroa.

Julio Villaseñor, director ejecutivo de S.O.S Inmigration International, a Non-Profit Corp., en tanto, consideró que el destino del DACA cuesta US$30 millardos. “El presidente Trump pidió a cambio de legalizar a los dreamers, US$25 millardos para construir el muro fronterizo. Los otros US$5 millardos serían utilizados en la contratación de agentes”, dijo.

Pero, también Trump hizo otras exigencias: cerrar la lotería de visas (que tiene más de 50 mil residencias) y modificar el actual proceso migratorio familiar. “Que se eliminen peticiones entre hermanos y la de los ciudadanos y residentes cuando buscan pedir a sus hijos mayores de 21 años. La llamada migración en cadena”, agregó Villaseñor.

Una investigación del Instituto de Políticas Migratorias (MPI en inglés), “Perfil de los beneficiados de DACA actuales por Educación, Industria y Ocupación”, de noviembre de 2017, identificó que el 55 por ciento de los dreamers, unas 382 mil personas, son trabajadoras principalmente en puestos de apoyo administrativo y en oficinas.

“Lo que demuestra que el programa puede ser un medio de movilidad profesional”, indicó el reporte elaborado por Jie Zong, Ariel G. Ruiz Soto, Jeanne Batalova, Julia Gellat y Randy Capps del MPI.

El informe reveló que los dreamers ocupan plazas laborales en hoteles, la construcción, en el sector educativo y de salud, así como en los servicios sociales.

“Con base a estos datos, el DACA ha sido un programa que ha dado resultados mayormente positivos a este grupo de migrantes en especial en términos de empleo y educación”, indicó el analista asociado Ruiz Soto.

El experto comentó a elPeriódico que ahora, la decisión de terminar con el DACA está en manos de la Corte Suprema de Justicia de EE. UU., “mientras no exista una solución legislativa para estos migrantes la incertidumbre continuará”, afirmó.

Ciertamente, consideró Ruiz Soto, cualquier propuesta de ley tendrá que atender otros temas importantes de la política migratoria para que tenga alguna oportunidad de ser aprobada por las dos cámaras del Congreso y el presidente Trump.

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