La grita es fuerte e imparable. Las denuncias que aparecen en casi todas las columnas de los diarios señalan la presencia de un grave peligro que conviene primero denunciar y luego derrotar. Todo esto ha sido posible por la acción conjunta del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–. Probablemente Guatemala no había sido tan corrupta, pero indiscutiblemente hoy sabemos mucho más sobre el mundo criminal, nombres y apellidos de quiénes pueden ser los delincuentes. Nunca en Guatemala se ha tenido la oportunidad de castigar la corrupción funcionaria y la impunidad en ciertos niveles de la sociedad. Y nosotros estamos por respaldar a las organizaciones que se encuentran en esta coyuntura como acusadores en el mundo de la impunidad y la corrupción.

El problema es simple de plantear, una importante cantidad de personas están siendo señaladas por tener algún tipo de relación con el narcotráfico, el crimen organizado y numerosos delitos que como el contrabando, las extorsiones, los sobornos, las evasiones fiscales tienen vínculos de distinta naturaleza con dinero ilícito. Los actos de corrupción los realizan no solo los ricos; cubren a todos incluyendo a los pobres.

¿Y por qué esas personas constituyen un peligro? Por varias razones, la primera se debe a que se han constituido redes ilegales en las cuales prolifera el crimen organizado, teniendo en el centro el dinero del narcotráfico y algunos de sus jefes. Segundo, porque ha habido un movimiento gravoso de las redes mencionadas hacia la derecha o hacia grupos reaccionarios que ven en la oposición democrática a sus enemigos políticos. No conviene identificar política y delito y afirmar que toda persona de pensamiento conservador tiene en el bolsillo un paquete de cocaína o dinero ilícito; como tampoco conviene decir que no hay delincuente con pensamiento de izquierda.

El peligro del cual estamos hablando se refiere a la revancha que están preparando grupos señalados de corruptos, desde las cárceles y fuera de ellas, que aún hoy día detentan poder, controlan espacios y autoridad en el gobierno y valiosos recursos financieros en el exterior.

La democracia saldría perjudicada si los corruptos que conocemos hoy día, vuelven a ejercer el poder. No siempre se ve así la amenaza, pero la salida es de naturaleza política. La mayoría de diputados del Congreso no se formó en un ambiente de paz y tranquilidad, son los diputados de la última elección (septiembre de 2015), que como sabemos transcurrió en medio de la crisis y cuando los partidos que los propusieron estaban en descomposición. La mayoría de estos diputados firmaron el llamado “pacto de corruptos” son los que indirectamente van a decidir quiénes serán las próximas autoridades del Ministerio Público, dejando muy probablemente de lado personalidades competentes para esos cargos.

Una movilización popular habría paralizado la vergüenza de la elección de la Junta Directiva del Congreso y lo que ocurra en los próximos días. Es deseable que puedan ocurrir rectificaciones y autocríticas por parte de algunos diputados pensando en que los intereses personales no son lo más importante.

Por último, forma parte de nuestra preocupación política hacer un balance de lo que los diputados de izquierda y/o progresistas pudieron haber hecho en el Congreso. Hay ahí por lo menos diez diputados que, actuando en bloque, sin miedo y más bien con audacia, pudieron haber organizado la voz de la oposición democrática frente a los corruptos. Nadie alzó la voz, todos callados como en tiempos de la dictadura. Los movimientos de plaza necesitan este tipo de apoyo político desde el Congreso y no solo al revés, es decir que desde dentro del Congreso debe haber apoyo a los movimientos de masas. Suponíamos superada la desunión de los partidos de la izquierda, pues no existen motivos para que la gente progresista se quede anclada en el pasado. Guatemala vive una coyuntura pro democrática, que se puede perder. Estamos seguros que no será así. Esta apuesta tendrá que ser ganada en favor de la juventud.