Comenzó el tercer año de la administración gubernamental de aquel candidato novato que sorprendió en las elecciones de 2015. Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) despertó la esperanza en el electorado de un nuevo modelo de función pública al insistir que él no era ni corrupto ni ladrón.

Pasados dos años de aquellos comicios marcados por manifestaciones ciudadanas de repudio a la corrupción, Morales ha mostrado otra faceta que lo ha enfrentado con la fiscal general del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, con el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, con los gobiernos extranjeros que cooperan con la lucha por la limpieza de las instituciones y con la prensa que publica sus anomalías, las de sus funcionarios y las de sus aliados.

El detonante de su otra faceta, dice el analista Edgar Gutiérrez, una más oscura y prepotente, fue el señalamiento y posterior captura de su hermano, Samuel Morales y su hijo, José Manuel Morales, por un caso de alteración de facturas en el Registro General de la Propiedad. “Aunque, ahora es él mismo quien es el motor que busca los espacios de impunidad”, comentó Gutiérrez.

Distintos escándalos salieron a los escenarios mediáticos durante el 2017, pero el presidente Morales, acostumbrado a las cámaras y a los reflectores por su pasado televisivo, ahora se oculta y prefiere que su vocero Heinz Heimann responda los cuestionamientos de periodistas. Algo que Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana se pregunta: “¿por qué pone a su vocero a dar explicaciones, en vez de rendir cuentas él sobre sus decisiones polémicas?”.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, interpreta la falta de transparencia de Morales como un signo de su inexperiencia y su carencia de idoneidad. “Se ha refugiado con personajes oscuros y ya no sabe cómo salir. Ya no es un presidente para Guatemala porque solo está pensando en proteger a su familia con impunidad y eso lo descalifica como mandatario”, enfatizó.

1.- Las facturas falsas

El presidente Morales estalló cuando su hijo y su hermano fueron capturados y procesados por haber falsificado documentos contables para participar en un concurso de contratación en el Registro General de la Propiedad en 2013. Ambos realizaron todo lo necesario para simular una factura de Q90 mil y amañar el concurso.

2.- El hogar quemado

El 8 de marzo, el Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue protagonista de una terrible tragedia que sacudió al gobierno y mostró la vulnerabilidad de las políticas a favor de la niñez y la adolescencia. En la madrugada de ese miércoles, un grupo de niñas internadas incendió un aula donde las habían recluido por haberse escapado la noche anterior. El fin del incendio era provocar la apertura de las puertas y salir del encierro. Sin embargo, nadie abrió. Del suceso se contabilizan 41 menores muertas y 15 heridas.

3.- Bono militar

Desde diciembre de 2016 hasta agosto de 2017, el presidente Morales recibió Q50 mil mensuales de las arcas del Ejército en su cuenta personal. Un caso por el cual ya está siendo investigado el exministro de la Defensa, Williams Mansilla, y se presentó un antejuicio contra el mandatario.

4.- Declaración non grata

El 27 de agosto, luego de reunirse con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, el mandatario lanzó un video en sus redes sociales en donde declaraba persona non grata a Iván Velásquez y le ordenó salir del país. Ese mismo día por la tarde, la Corte de Constitucionalidad (CC) le enmendó la plana y frenó la expulsión del titular de la CICIG.

5.- Alianza con alcaldes

Luego del rechazo social de su actuación contra Velásquez, el presidente Morales se atrincheró junto a cientos de alcaldes liderados por Álvaro Arzú y Edwin Escobar. Una alianza que lo ha llevado por todo el país para promover su imagen y atacar desde la tarima cualquier crítica o señalamiento que se le haga.

6.- El cabildeo fallido

En abril, el asesor ad honorem en temas de migrantes, Marvin Mérida, firmó un contrato de cabildeo en Estados Unidos por US$960 mil (Q7.2 millones) para mejorar las relaciones entre funcionarios de Guatemala y ese país. Al ser destituido de su cargo por atacar al exembajador Todd Robinson, Mérida y la firma contratada deshicieron el acuerdo. Pero, poco tiempo después, cuatro diputados contrajeron otro con el mismo bufete, por la misma cantidad, el mismo plazo y los mismos fines.

7.- Plazas para todos

Durante los dos años de gobierno del FCN-Nación, las publicaciones de prensa sobre plazas otorgadas a familiares de funcionarios del Ejecutivo y de diputados han mostrado una práctica continua de pago de favores entre ambos organismos. El Ministerio de Ambiente y el de Agricultura han sido los más nombrados entre los que ceden sus puestos a gente solicitada por funcionarios durante esta administración.

8.- El falso respaldo a las reformas

A pesar de que fue él quien presentó, junto con los otros presidentes de los organismos del Estado, la iniciativa para las reformas a la Constitución en materia de justicia, Morales decidió apartarse del tema cuando el Congreso las engavetó porque su contenido reñía con el principio de opacidad que se mantiene aún entre los diputados.

9.- Financiamiento ilícito

Si ya los entes investigadores habían tocado a sus familiares, el presidente no estaría a salvo de cualquier señalamiento. A finales de agosto, el MP y la CICIG presentaron una investigación preliminar en donde se presume que Morales, siendo secretario del FCN-Nación ocultó financiamiento de la campaña de 2015. Esto le valió la presentación de un antejuicio en su contra que el Congreso archivó.

10.- El Pacto de Corruptos

Además de salvar al presidente al no retirarle la inmunidad, el Congreso decidió aprobar dos iniciativas que pretendían desligar a quien ocupe el cargo de secretario general en un partido político del delito de financiamiento electoral ilícito. También pretendían que se aumentara la conmutación de penas de 5 a 10 años. Dos decretos que beneficiaban, no solo a los posibles condenados por corrupción, sino a muchos más, pues alcanzaba más de 400 delitos. Dos días después, gracias a la presión ciudadana que rodeó el Palacio Legislativo, el Congreso votó para eliminarlos.