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Domingo

En defensa de la propiedad privada


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Un país con derechos de propiedad fuertemente protegidos tiende a tener mayores tasas de crecimiento económico, inversión e ingresos per cápita, condiciones no suficientes pero sí necesarias, para el desarrollo de sus habitantes. En el caso de Guatemala, el Índice Internacional de Propiedad Privada la posiciona en el lugar 70 de 125 países evaluados. Este índice señala que la debilidad principal del país se encuentra en el ámbito legal y político, en especial en lo concerniente al Estado de Derecho, la independencia judicial, estabilidad política y el control de la corrupción. Al observar este panorama, se genera la pregunta: ¿Cómo se pueden fortalecer los derechos de propiedad en Guatemala?

En este sentido, existen al menos cuatro variables para entender cómo un país puede proteger de mejor manera la propiedad (Frye, 2004). En primer lugar, una corriente teórica enfatiza las amenazas que actores privados puedan representar a la propiedad de otros. En estos casos, se asume que el Estado a través de sus instituciones: las cortes, la Policía y la burocracia, jugará el papel de evitar que actores privados violenten los derechos de otros actores. Cuando el poder del Estado se debilita, los derechos de propiedad serán vulnerables y el mercado tendrá problemas para funcionar.

Una segunda corriente teórica argumenta que las instituciones del Estado podrían ser fuertes, y sin embargo, los derechos de propiedad podrían verse comprometidos. En este caso, el Estado no es la solución sino el problema, por dos razones. En primer lugar, los políticos y burócratas podrían utilizar su poder para violentar los derechos de propiedad, por motivos personales, políticos o ideológicos. Segundo, los funcionarios podrían discrecionalmente modificar las reglas del juego luego de que los actores privados hayan realizado una inversión. En este escenario, la creación de cortes independientes que limiten el poder de los burócratas y políticos podría fortalecer los derechos de propiedad.

Un tercer argumento muestra la importancia de la confianza interpersonal y la participación cívica. Se ha mostrado que las sociedades con mayor confianza interpersonal tienden a tener derechos de propiedad más consolidados. Esto se debe a que al existir la capacidad de movilización ciudadana a favor de la propiedad, los funcionarios públicos tienen menos incentivos para violar derechos. En este sentido, se dice que la membresía en asociaciones empresariales está fuertemente ligada con la confianza de los inversionistas y la defensa de la propiedad.

Finalmente, un cuarto argumento enfatiza la importancia de las élites políticas. Cuando las élites están comprometidas con los derechos de propiedad como base de una economía de mercado, entonces los derechos serán protegidos, independientemente de la fortaleza de las burocracias.

Al observar estas cuatro variables, es inevitable pensar en la situación de Guatemala en los últimos años. La propiedad privada se ve amenazada tanto por actores privados, como por el mismo Estado y sus instituciones. Las burocracias públicas y las cortes han adoptado una línea antipropiedad privada, sin ningún tipo de contrapeso. Asimismo, en un país con élites políticas poco comprometidas con la economía de mercado, los prospectos para la propiedad privada, y por ende para el desarrollo, son muy negativos.

A partir de lo expuesto, concluyo en que la participación cívica de los ciudadanos podría ser la única esperanza para la defensa de la propiedad en Guatemala. Si la sociedad no se moviliza para rechazar la violación de derechos –que hoy puede afectar a grandes empresas pero mañana a cualquier propietario– el país se dirigirá hacia un sistema donde nadie tendrá la capacidad de hacer contrapeso a las amenazas a la propiedad por parte de los actores públicos y privados. En un país como Guatemala, la propiedad privada no es un lujo, es una necesidad. Somos los ciudadanos los llamados a defenderla.

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