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Domingo

Las influencias millonarias que mueven el Capitolio


El cabildeo en Estados Unidos es una actividad en la que cada año industrias, gobiernos y otros sectores invierten unos US$3.2 millardos para persuadir a funcionarios. Este año, Guatemala engrosó la cifra con US$960 mil que cuatro diputados utilizan para mejorar sus relaciones con sus homólogos de allá.

Se pasean sigilosos por los pasillos del Capitolio. Caminan discretos buscando las debilidades de congresistas y senadores. Su fin no es otro que persuadir. Sembrar sus intereses a cualquier costo, a un millonario costo. Aunque sus objetivos y contrataciones deben ser transparentes, en algunas ocasiones, la seducción política se teje desde la oscuridad del dinero sucio.

Son lobistas o traficantes de influencias legalizados. Están acostumbrados a retorcer los brazos del mundo político en Washington para beneficiar a sus clientes con normas apegadas a sus necesidades.

Gracias a esa transparencia, es a partir de los documentos públicos del Departamento de Justicia que el Centro para la Política Receptiva (The Center for Responsive Politics) ha hecho un registro de las actividades lobistas en Estados Unidos. De esa cuenta se detalla en su portal electrónico, OpenSecrets.org, que en el primer cuatrimestre de 2017 se han inscrito 9 mil 617 agencias de lobby que han recibido US$855 millones 243 mil 568 para influir sobre distintos temas en la sede legislativa de ese país.

A esa enorme cifra se suma el recién firmado contrato entre el bufete Barnes & Thornburg y cuatro diputados del Congreso de Guatemala para mejorar sus relaciones con funcionarios de los organismos Ejecutivo y Legislativo del país del norte. Un acuerdo que asciende a US$960 mil (unos Q7.2 millones) por un año de cabildeo y que ha encendido la polémica por tratarse de un contrato opaco, sin conocimiento de quiénes están detrás del financiamiento.

Lo único que se conoce es que Fernando Linares Beltranena, Julio Lainfiesta, Jaime Regalado y Óscar Quintanilla son los cuatro congresistas que intentan obtener la atención de sus homólogos de aquella nación. También que el exasesor del presidente Jimmy Morales, Claus Mérida, firmó por primera vez un contrato con las mismas condiciones, el mismo monto y con el mismo bufete. Este último se canceló por la destitución de Mérida unos días después.

Los millones del poder

De acuerdo con los registros de OpenSecrets.org, desde 2007, los  lobistas han recibido US$33.6 millardos para moderar los intereses de sus  clientes: grandes industrias que prefieren legislación que les beneficie.

Aunque el monto no ha disminuido, pues se maneja en promedio US$3.2 millardos por año, sí han disminuido las firmas que se registran. Mientras que en 2007 fueron 14 mil 818, el año pasado se inscribieron 11 mil 166. Este año solo se han registrado 9 mil 617, aunque solo se ha documentado el primer cuatrimestre.

La firma con más ingresos es Akin, Gump et al con US$546 millones 65 mil desde 1998 hasta la fecha. En segundo lugar se encuentra Patton Boggs LLP que ha recibido US$525 millones 572 mil y en tercer sitio está Cassidy & Assoc con US$413 millones 677 mil 100.

Los análisis de OpenSecrets.org también detallan que la industria con mayores desembolsos para cabildeo es la que aglutina las empresas farmacéuticas o de productos médicos. Durante 19 años, este sector ha invertido US$3 mil 591 millones 651 mil 507. Este año los farmacéuticos han gastado US$78.5 millones para influir en el Capitolio.

Otras industrias que lideran el ranking de gasto en cabildeo son las aseguradoras con US$2 mil 466 millones 283 mil 140 y la del gas y el petróleo con US$1,939 millones 997 mil 877.

Las influencias legalizadas

Han pasado ya 22 años desde que el Legislativo estadounidense aprobó la Ley de Revelación de Lobby en la que se establece que cada agente debe registrarse en el Departamento de Justicia. Pero, además, debe documentar para qué organización, institución, empresa o persona servirá como intermediario y deberá hacer público también los objetivos de la contratación junto al monto que le pagarán para realizar la representación.

Sin embargo, aunque existe la ley que transparenta la mayoría del proceso de contratación, ha sido imposible obstaculizar a las mentes maestras del soborno y las jugadas corruptas. Al menos fue imposible detener a Jack Abramoff, un experto lobista del Partido Republicano que se enredó en el caso de corrupción más emblemático vinculado al cabildeo estadounidense. Por sus acciones pagó una pena de tres años en prisión y llevó a una veintena de sus colegas al mismo destino, incluido el senador Bob Ney que aceptó haber sido sobornado.

El caso de Abramoff estalló en Washington en 2006 luego de que se descubriera que el llamado super lobista se apropió de decenas de millones de dólares que le habían pagado las tribus nativas para contratarlo con el fin de que cabildeara a favor de ellas y así conseguir las concesiones de los casinos.

Pero, Abramoff dio un paso más allá de la legalidad cuando tomó ventaja del dinero obtenido para invitar a senadores y otros funcionarios a viajes para jugar golf en Escocia, restaurantes finos o regalar boletos para palcos de lujo en espectáculos deportivos de alto nivel. Así también como contribuciones para la campaña o para actividades políticas de los sobornados.

“No importa cuánto hayan apretado las reglas éticas. Nada ha cambiado, el sistema sigue igual. La arrogancia de los lobistas es la misma, si no peor y, no importa las nuevas reglas que impongan, ellos siempre van a encontrar otra forma de hacer las cosas”, declaró el exlobista en una entrevista para el programa 60 Minutos en 2011.

Abramoff se refería entonces a los nuevos lineamientos de la ley emitida en 1995. Luego del escándalo en el que él participó, en 2007 el Senado aprobó enmiendas para controlar aún más las acciones de los lobistas y sobre todo las de los funcionarios del Legislativo.

Entre las nuevas normas se establece que los congresistas y senadores deben publicar los viajes que hayan realizado, así como la prohibición de aceptar invitaciones a conferencias, actos o comidas en donde se encuentren lobistas. Y no pueden aceptar una comida mayor de US$50.

Mientras tanto, en Guatemala no existe una ley que regule las actividades de los intermediarios entre los sectores de poder o presión y los legisladores. Una opacidad que los cuatro diputados firmantes aprovecharon para suscribir el contrato con Barnes & Thornburg y que hasta el momento no se sabe la procedencia del dinero para pagarlo.

Una firma no tan buscada

El bufete Barnes & Thornburg ha estado activo por más de 20 años en Estados Unidos. Aunque nunca han obtenido grandes financiamientos de sus clientes. Este año, la firma ha sido contratada para recibir US$2 millones 215 mil, entre eso, los US$960 mil suscritos por los cuatro diputados. El mayor año de ganancias fue 2014 cuando obtuvieron
US$3 millones 860 mil.

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