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Domingo

Las Gaviotas: Más de Q11 millones invertidos en qué


Las últimas compras de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) relacionadas a centros de detención de menores, están muy lejos de propiciar bienestar a los internos. En abril, la dependencia gastó Q61 mil en botas con punta de metal y en junio, pagó Q59 mil 400 por gas pimienta no-inflamable. Planes encaminados a ampliar instalaciones, construir más dormitorios, servicios sanitarios, una lavandería o canchas deportivas han sido programados y luego desechados en algunos casos, en otros ni siquiera se han previsto.

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Al día siguiente de la revuelta protagonizada por internos del Centro Juvenil de Detención Provisional (Cejudep) o “Gaviotas”, la evidencia de la furia de los reclusos, internados por asesinato, extorsión, robo y violación, era más que evidente. El caos saltaba a la vista. Balcones de ventanas retorcidos; boquetes en las macizas paredes en los lugares dedicados a los “paisas”; inservible el sistema eléctrico; computadoras tiradas en el suelo y quemadas bocinas e instrumentos musicales. Así lo describió Juan Manuel Giordano, diputado del partido oficial, que hizo un recorrido por el centro el 4 de julio.

Es posible que en los momentos de mayor tensión, parte de los descontentos descargó su ira en cuanto se cruzó en su camino, mientras que otros canalizaron sus sentimientos en las paredes con la finalidad de escapar. Algunos lo consiguieron. Cómo debilitaron el muro, es una incógnita. Las autoridades creen que utilizaron partes de ventanas o puertas, pero, es poco probable.

El camino revela la ola destructiva, pero, observar el interior de dormitorios como el B, con 24 literas y dos servicios sanitarios, en deplorable estado, llama a la reflexión.

Allí, habían confinados ese día más 80 muchachos. La mayoría no había conseguido dormir por la noche, en meses, porque el suelo no alcanza para un mínimo descanso y los aturde el olor nauseabundo, al que algunos ya se acostumbraron, igual que al calor húmedo que produce la falta de ventilación. Lo mismo, sucede con otros dormitorios con similar número de camas. Una persona adulta requiere un descanso de al menos ocho horas de sueño y un entorno limpio y adecuado para desarrollar sus capacidades. Los niños y adolescentes un poco más.

La situación es peor en los recintos con capacidad para ocho internos y que hoy ocupan 15. Son espacios de menos de tres metros cuadrados y ahí está el único baño comunitario.

En uno de los salones que tendría que ser utilizado como salón de clases están recluidos, en condiciones iguales a los “paisas”, los muchachos que pertenecen a la pandilla del Barrio 18, ninguno participó en los sucesos del lunes.

Este panorama fue dibujado en su justa dimensión por la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en el Informe de Supervisión a los Centros Juveniles de Privación de Libertad a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), presentado en octubre de 2016.

El estudio evidenció el hacinamiento de internos en Gaviotas. Ese año eran 460 y el centro fue diseñado para atender 175. El 3 de julio pasado, cuando ocurrió el motín, los reclusos eran 566, de los cuales 191 eran mayores de 18 años.

Asimismo, faltaba psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales. Las plazas estaban ocupadas en un 50 por ciento y la escasa ventilación dañaba gravemente el ambiente, olores desagradables invaden el centro por la ausencia de corrientes de aire y de una lavandería: los reclusos lavan su ropa a mano y la secan sobre puertas o donde la puedan “airar”, con agua estancada que es almacenada en tanques plásticos. Esa agua es la que beben. Muchos padecen infecciones gastrointestinales por esa causa, afirmó el informe de la PDH.

Los responsables de esta supervisión constataron, además, que los muchachos “no hacían nada” en el tiempo disponible para recreación y solo algunos asistían al programa de Educación Acelerada para concluir los estudios de primaria o básico. El martes pasado, habían libros de texto en algunos de los dormitorios. Estaban vacíos, algunos manchados con garabatos o con mensajes amorosos: “Natalie te amo”.

¿Inversión?

La SBS dispone de Q11 millones 938 mil anuales dirigidos a atender a los 566 internos de Gaviotas: 375 menores de edad y 191 con 18 años.

En números fríos, la dependencia tendría que invertir en cada muchacho, Q21 mil 92 anuales, es decir Q1,757 mensuales con propósito de satisfacer sus necesidades básicas de manera mínima.

Sin embargo, este cálculo es poco realista, ya que el presupuesto asignado cubre el pago salarial del director, subdirector, Secretaria del Cejudep, procurador, asistente de video conferencias, técnico administrativo, un financiero y un piloto. También de maestros de nivel primario y básico, pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, una enfermera, una doctora, el jefe de monitores y los monitores.

También los recibos de agua, luz y teléfono, el mantenimiento del centro y la comida de los reclusos. En 2016, la SBS comenzó la construcción de un taller para capacitación laboral, que fue concluido, pero hasta el momento no ha sido equipado.

En 2014, el Fondo de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones asignó Q900 mil para la ampliación de Gaviotas y el Anexo (el sitio donde están ubicados menores pertenecientes a la Mara Salvatrucha). Se había previsto construir nuevos módulos de dormitorios, duchas y baños, un muro de seguridad interna, entre otras obras. El Ministerio de Finanzas no desembolsó ni un centavo al proyecto. Así quedó registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (Sinip), de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

Tras lo ocurrido el 3 de julio, el remozamiento de las áreas destruidas durante el motín, es uno del planes previstos por la SBS en el mediano plazo. Para ello, están disponibles dos albañiles y un electricista. Si todo marcha bien, en un mes terminarían el trabajo.

Medidas cautelares

La precariedad de los penales y las condiciones en que viven los adolescentes obligaron a la PDH a solicitar protección internacional para los menores.

El 11 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud de medidas cautelares a favor de los menores por parte de la PDH. El organismo internacional aceptó el expediente y solicitó a la Oficina del magistrado de conciencia y al Estado de Guatemala información adicional sobre la denuncia: el primero respondió el 5 y 6 abril y la PDH el 24 de marzo y 10 de abril.

El pasado 12 de junio la CIDH consideró que la situación de los internos, de los cuatro centros abiertos en el país, era de “gravedad y de urgencia de riesgo de un daño irreparable” y emitió medidas cautelares a su favor.

La CIDH solicitó al Estado de Guatemala adoptar medidas para proteger la vida de los menores recluidos; mejorar las condiciones de detención en los cuatro centros de acuerdo con estándares internacionales y evaluar penas alternativas a la cárcel; fortalecer la seguridad de los penales y contar con planes de emergencia.

También pidió que le informara sobre el avance del cumplimiento de las medidas cautelares en los siguientes 20 días de emitida la resolución. Eso, tendría que ser el próximo 11 de julio, si se trata de días hábiles.

Necesaria evolución de la SBS

Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) consideró que el tema de las correccionales ha surgido y cobrado importancia en la última década. “Antes se manejaba con menos atención porque eran pocos internos, pero ahora la población se ha triplicado”, explicó.

Asimismo, los perfiles de los internos eran bajos. “En cambio, hoy son más complicados. Por ejemplo, están los pandilleros y hay que separarlos de acuerdo a la mara que pertenecen”, dijo.

De acuerdo con Dedik, esta situación ha ocurrido muy rápido y la Secretaría de Bienestar Social (SBS) no ha logrado adaptarse al reto. “Trabaja bajo el mismo concepto y los mismos insumos, a pesar de que la población aumentó y los perfiles cambiaron. No puede hacer frente al número y la peligrosidad que enfrenta”, afirmó la experta.

Para Dedik esta es la razón del hacinamiento y de regímenes internos más estrictos que impiden al adolescente cualquier tipo de actividad. “Con una energía inacabable, necesita actividades físicas, aprender, hacer ejercicio. Sino no puede haber una rehabilitación, no puede cambiar. Entonces sale del centro con la misma perspectiva o peor”, añadió.

Dedik mencionó que es indispensable contratar personal y capacitarlo, dado que funciones como las de monitores requieren conocimiento de cómo convivir con muchachos violentos o retadores. “Ha sido un trabajo subestimado y por eso quienes lo desempeñan no tienen las características idónea”, indicó.

Asimismo, la SBS debe revisar su sistema de seguridad interna para garantizar la integridad física del personal, elaborar los protocolos de atención y los perfiles de los internos; esto no requiere mayores desembolsos de dinero, recomendó.

En el mediano plazo, urge la separación de los menores de acuerdo con su edad y sanción, evitar el hacinamiento y promover educación formal y capacitación técnica.

“A lo que se debería apostar es a ofrecer al interno una alternativa a la pandilla (el 40 por ciento pertenece a una). Que el incentivo lo haga pensar en la posibilidad de abandonarla o quedarse en ella.

Planes ideales

El Plan Operativo Anual 2016 definió algunas metas y resultados dedicados a asistir, apoyar, orientar y capacitar a los menores de edad, internos en los penales para facilitar su reinserción social y definió lo siguiente:

Responsabilidad

La Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal tiene a su cargo la Dirección de Centros Especializados de Privados de Libertad, desde la cual la Secretaría de Bienestar Social (SBS) atiende cuatro instalaciones dedicadas a ese propósito.

En los centros: Juvenil de Detención Provisional (Cejudep) conocido como “Gaviotas”; Juvenil de Privación de Libertad para Varones (Cejupliv) II, “Etapa II”; Juvenil de Privación de Libertad para Varones (Cejupliv), llamado también “Anexo” y Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (Cejuplim) o “Gorriones” están recluidos más de 3 mil adolescentes, de entre 13 y 17 años, pero también jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad.

Los cuatro reclusorios superaron su capacidad instalada y el hacinamiento y falta de servicios básicos son los más graves problemas que afectan a los detenidos, según la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

Protección a internos

> La PDH emitió una resolución el pasado 16 de mayo en la que que exigía a la SBS una serie de medidas, como integrar una comisión institucional para verificar los centros de detención de menores; efectuar un diagnóstico de la infraestructura carcelaria de manera urgente, habilitar nuevos edificios, evitar castigos crueles y la práctica del aislamiento. Asimismo, solicitó que los internos fueran separados de acuerdo con su edad y sanción. Ahora solo están divididos en “paisas” y pandilleros.

3 internos
fueron asesinados el 3 de julio, dos en la madrugada y uno por la tarde, en el centro de detención de menores conocido como “Gaviotas”. Ese mismo día, decenas de reclusos propiciaron un motín en ese penal y destruyeron parte de las instalaciones.

Último conteo

Las autoridades del Cejudep registraron el 2 de julio, un día antes del amotinamiento 566 internos:

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