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Domingo

Tres ángeles en el infierno


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Dante Alighieri extravió su rumbo en la espesura del bosque. Guiado por el espíritu de Virgilio, penetró al inframundo misterioso y tremendo en cuyo dintel se avisaba la pérdida de toda esperanza. Diversas cámaras de castigo forman el antro infernal. Ingresó por el Limbo (el más leve) que aloja gente inocente: niños que no conocieron el bautizo y adultos nacidos antes de Cristo, siendo su culpa no haber adorado a Dios. Entre notables personajes penados, identificaron eminencias del pensamiento universal: Sócrates, Aristóteles, Platón, quienes pagaban el delito de entender las cosas según su propia y autorizada franquicia valorativa.

Cambiándoles nombre, sustitúyase esos personajes por otros ángeles de pureza intelectual que, en su tiempo, innovaron los esquemas de jerarquía normativa, transformando conceptos abstractos en deberes y obligaciones jurídicos, interpretados como punto capital de la seguridad para buscar la justicia. Un diálogo vivo de John Marshall, Hans Kelsen y Manuel García-Pelayo podría explicarnos su
visión de la supremacía constitucional.

Marshall, juez de la Suprema Corte de Estados Unidos de América, fue el ponente de la sentencia más famosa del mundo. Político, diplomático, hombre de Estado, había sido combatiente en la guerra de independencia de su país. Kelsen, austriaco, desarrolló su teoría de una norma hipotética fundamental de la cual resultó su famosa pirámide de jerarquía del derecho, que coloca, en el régimen interno, en la cúspide a la Constitución y sus leyes orgánicas. García-Pelayo, combatiente desde el campo republicano en la guerra civil española, sufrió prisión por varios años y luego se exilió a Argentina, Venezuela y Puerto Rico. Retornó a España a ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional. Las fotografías enmarcadas de estos tres genios presiden el salón de protocolo de la Corte de Constitucionalidad, acompañando la efigie en relieve de Epaminondas González Dubón, mártir por la defensa del orden constitucional.

El tema de la primacía de la Constitución lo inicia el estadounidense, quien debería sostenerla en un caso concreto ante sus pares de la Suprema Corte de su país. Argumenta con ese estilo dialógico que caracteriza su ponencia: “Sólo hay dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquella, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria”.

En su texto formula una pregunta que luego responde: “¿Por qué motivo jura un juez desempeñar sus deberes, de acuerdo con la Constitución (…) si esa Constitución no fuera una norma obligatoria para su gobierno? ¿Si estuviera cerrada sobre él y no pudiera ser examinada por él?” El mismo proporciona la respuesta: “Si fuere ese el estado real de las cosas, constituiría algo peor que una solemne burla”.

El citado Chief Justice supone los posibles reparos a su tesis de la supremacía de la Constitución y los responde en la famosa sentencia del caso Marbury vs. Madison: “Ello anularía en la práctica lo que se estableció en la teoría y constituiría a primera vista, un absurdo demasiado grueso para insistir en él”. Frente al supuesto de que los tribunales deberían cerrar los ojos a la Constitución, responde con franqueza: “Esto es demasiado extravagante para ser sostenido”.

“A través de las múltiples transformaciones sufridas –acota en ese momento Hans Kelsen– la noción de Constitución ha conservado un núcleo permanente: la idea de un principio supremo que determina el orden estatal en su totalidad y la esencia de la comunidad constituida por ese orden. La Constitución es siempre el fundamento del Estado”.

El siempre sereno y reflexivo don Manuel García-Pelayo sintetizó, como lo sabía hacer, puntualizando: “La Constitución, en tanto que norma fundamental positiva, vincula a todos los poderes públicos incluido el Parlamento y, por tanto, la ley no puede ser contraria a los preceptos constitucionales, a los principios de que éstos arrancan o que se infieren de ellos, y a los valores a cuya realización aspira. Tal es lo que configura la esencia del Estado constitucional de Derecho frente al mero Estado legal de Derecho”.

Los criterios de estos juristas-filósofos coincidían en lo del rango supremo de la Constitución, como conjunto de principios y valores establecidos por los “padres fundadores”. Puntos de duda de la atribución de preeminencia constitucional radicaba en que el texto había sido dictado en el entorno de un mundo muy distinto, con diferentes perfiles ideológicos y partidaristas de los actuales. Por otro lado, que con su mandato reducían el ámbito de poder de legisladores que asumirían con sus mesianismos o el ímpetu de sus propias visiones de Estado. Además, en medio de esas incertidumbres, subyacía la gran pregunta: ¿Quién es o quién debe ser el competente intérprete supremo de la Constitución?

En el foro, surgió otra voz cavernosa que advertía cómo y quién podría ser ese intérprete, cuyas sabias discusiones habrían de construir la plataforma de análisis ponderado, comparativo y definitivo entre la Constitución originaria y reformada vs. la norma secundaria o el acto político o judicial subalterno cuya legitimidad era indispensable evaluar.

El eco del más allá repitió una voz en la constituyente francesa y revolucionaria, la del cura Emmanuel Joseph Sieyés: “¿Queréis dar una salvaguardia a la Constitución, un freno saludable que contenga a cada acción representativa en los límites de su preocupación especial? ¡Estableced una jurie constitutionnaire!”

En ese público presencial que seguía muy de cerca el debate, de inmediato surgen comentarios atinentes. Lucas Verdú: “La necesaria concepción del Derecho constitucional como ordenamiento dinámico, de forma que sus normas han de interpretarse de acuerdo con la realidad constitucional”. “La Constitución no es independiente de las circunstancias históricas concretas de su tiempo” –complementó el alemán Konrad Heese. Quien a futuro integraría el supremo tribunal estadounidense, Oliver Wendell Holmes, señaló respecto del common law (esto es de la Constitución) que “encarna la historia del desenvolvimiento de una nación a través de muchos siglos”. Otros más aportaron sus comentarios, todos coincidiendo en que debe existir en el Estado moderno un órgano de tutela constitucional que interprete y aplique su respectivo ordenamiento jurídico-político supremo.

De esa convicción iniciada pragmáticamente por el juez Marshall, en la que fue acompañado por el Tribunal, surgió hace más de dos siglos la competencia legítima de una jurisdicción supremo interprete del orden jurídico fundamental. Desde esos primeros tiempos, lo más digno que se estableció fue la libertad moral de sus jueces, a los cuales, en los casos más complicados y difíciles, jamás se les exigió el absurdo del pensamiento único, articulado y hasta fanático. Sin embargo, esa capacidad moral de discernir y votar, no ha sido pacífica, y así lo concluyó en el conversatorio, el ilustre Thomas Buergenthal: “Siempre he sostenido que, como juez, tengo la obligación de resolver los casos en concordancia con lo que considero ser el derecho aplicable. Por eso, creo que es mi deber llegar a mis propias conclusiones en cualquier disputa ante la Corte y no dejarme disuadir de votar a favor o en contra de opiniones mayoritarias, sin importar cuan popular o impopular pueda resultar la decisión. (…) Se trata de realidades a las que un juez debe habituarse, y que constituyen un precio muy pequeño a pagar por el privilegio de servir a la Corte Internacional de Justicia”.

Un asistente al foro pregunta qué tiene que ver todo esto para ubicar a los jueces creadores o impulsores de la justicia constitucional en el primer círculo del infierno. Dante mismo podría contestar: por las mismas dudas encerré a Sócrates y a sus discípulos en el Limbo: fueron y siguen siendo discutibles…

 

*Las citas entre comillas son tomadas
del libro “Café de Juristas” del articulista.

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