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Domingo

Entre reforma y restauración


Análisis de Coyuntura

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IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / www.ipn.usac.edu.gt

 

La ruptura del cuórum en el pleno del Congreso de la República, que de hecho impidió la continuación del conocimiento del paquete de reformas constitucionales en materia de justicia, ocurrida en la sesión del miércoles 15 de febrero, grafica tanto la intensidad como el aún incierto desenlace de lo que aquí hemos caracterizado como el pulso entre reforma y restauración.

El impulso reformista, circunscrito hasta ahora al limitado campo de la lucha contra la impunidad, cobró fuerza –como es de todos sabido– por los procesos legales emprendidos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a partir de abril de 2015 y que, respaldados por inéditas movilizaciones sociales, desencadenarían –según se sabe también– el derrumbe del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

No está de más recordar que uno de los temas de desencuentro entre el gobierno de Pérez Molina y la CICIG, ya para entonces dirigida por el comisionado Iván Velásquez, fue la frustrada convocatoria a un diálogo nacional en torno, precisamente, a la reforma del sector justicia, en el último trimestre de 2014.

Ese desencuentro entre la CICIG y el gobierno de Pérez Molina, que consideraba la convocatoria a tal diálogo como una extralimitación de las funciones de la primera, llevó al forcejeo en torno a la renovación del mandato de la Comisión Internacional. Ese pulseo se resolvió a favor de la CICIG el 23 abril de 2015, cuando los mencionados procesos judiciales estaban en sus inicios y la marejada ciudadana apenas empezaba a gestarse.

El curso de los acontecimientos en el resto de 2015, incluido el establecimiento de un gobierno interino encabezado por Alejandro Maldonado Aguirre y por Alfonso Fuentes Soria como vicepresidente, así como las elecciones generales y presidenciales, obligaron a dejar para otro momento, más oportuno, el asunto de la reforma judicial.

Así, con aval de los presidentes de los tres poderes del Estado, en abril de 2016 se inicia un proceso de consultas regionales del paquete de reformas propuesto por la Secretaría Técnica, formada por el MP, CICIG y la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Más allá de numerosos señalamientos sobre el desarrollo de esos diálogos y el producto ofrecido por la Secretaría Técnica, a inicios de octubre de 2016, nuevamente con el aval de las cabezas de los organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, se introdujo la iniciativa de ley que el pleno del Congreso, después de evidentes tropiezos en noviembre, debía haber retomado el pasado miércoles 15 de febrero.

Mientras se desarrollaban las consultas regionales y nacional sobre las reformas, en el ámbito político se estaba produciendo el proceso de reacomodo de fuerzas dentro del Legislativo: la derrota de Mario Taracena en su intento de ser reelecto como presidente del Congreso, evidenció la profundidad del reposicionamiento y rearticulación de las corrientes favorables a la restauración del estado de cosas existente hasta antes de abril de 2015.

Paralelamente y a lo largo de 2016, el buldócer de la persecución penal de funcionarios presuntamente corruptos, de presuntos defraudadores del fisco y de acusados de groseras violaciones a los derechos humanos, también continuó, echando combustible al proceso de realineamiento en lo que devino en el bando de los restauradores.

Ese contexto era el prevaleciente hacia finales de enero, exacerbándose a medida que se acercaba la fecha de reinicio del examen del paquete de reformas en la plenaria legislativa. El forcejeo trascendió las paredes del edificio de la 9a. avenida de la zona 1 y tuvo lugar, también, a través de una soterrada campaña en contra del comisionado Velásquez, de la cual no se ha deslindado aún el presidente Jimmy Morales.

En el plano mediático, entretanto, la cuestión del pluralismo jurídico fue convertida en la punta de lanza para torpedear la propuesta de reforma constitucional. De ese punto no se logró pasar en la frustrada plenaria del miércoles, y no faltan voces que alertan sobre la intención de infligir una derrota simbólica al proyecto de reforma, obliterando otros asuntos sustantivos como la separación de funciones judiciales y administrativas en el OJ; establecimiento de una verdadera carrera judicial, basada en el mérito y la capacidad; creación de condiciones de independencia y estabilidad en el cargo para jueces y magistrados; establecimiento de un sólido Consejo de la Carrera Judicial; autonomía financiera del OJ; transparencia y credibilidad para los procesos de elección de Fiscal General y de la Corte de Constitucionalidad.

Lo anterior también es parte del pulso entre reforma y restauración, no debería perderse de vista.

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