El Congreso ha gravitado en una constante crisis de representatividad. El guatemalteco no se siente representado por la institución. Actividades como escribir una carta a un diputado, llamar a su oficina, o comunicarse directamente son impensables para la mayoría de ciudadanos. Como resultado, las encuestas muestran que la institución es la más desprestigiada del país.

Según la ciencia política, y el sentido común, los actores políticos tienden a invertir más en su marca personal por encima de la colectiva. Por lo tanto, un diputado, nuevo o experimentado, se enfoca más en beneficiarse a sí mismo y a su grupo de seguidores. El bienestar de la institución pasa a un segundo plano, y se olvida el impacto de las acciones individuales en la reputación colectiva. Lo mismo sucede con los partidos políticos. La construcción de marcas individuales ha hecho que ante el declive del partido, los miembros huyan a nuevas organizaciones, y dejen de invertir en la organización.

Esta forma de hacer y entender la política ha dejado un legado negativo para el país. No existen partidos políticos duraderos, democráticos y representativos. Además, la falta de visión institucional creó las condiciones para que muchos cayeran en la tentación de buscar su beneficio personal, antes que el bien de la Nación. Como consecuencia, una buena cantidad de diputados son ahora perseguidos por diversos delitos, desde tráfico de influencias hasta beneficiarse de plazas fantasma.

La indiferencia de los diputados hacia el fortalecimiento del Congreso, es la responsable de la situación actual de dicha institución. Desprestigiada, y cada vez menos legítima. El desencanto de la ciudadanía constantemente trae a la memoria ese proceso de depuración de hace trece años, el cual marcó para siempre la historia del Legislativo. En el 2015, esos llamados de depuración regresaron y no fructificaron debido a que los casos de corrupción afectaron, en su mayoría, al gobierno de ese entonces. Sin embargo, de revelarse un proceso judicial que afecte a una gran cantidad de congresistas, la institución estaría de nuevo en riesgo.

El peor error de los ciudadanos sería imitar a los diputados y ser indiferentes ante el futuro del Congreso. La corrupción genera indignación, enojo y frustración. Sin embargo, esto no debe conducirnos a exigir una depuración o incluso, la disolución del Congreso. La historia reciente ha demostrado que ni la depuración, ni la disolución, son el camino. Los individuos corruptos deben enfrentar la justicia, pero la institución, el Congreso de la República, debe permanecer y renovarse.

La vía hacia ese objetivo es mucho más larga, requiere mayor compromiso, y sobre todo, mucha fe. Involucra la participación ciudadana a través de la postulación de candidaturas en organizaciones políticas, la conformación de asociaciones de fiscalización y promoción de la transparencia, y la comunicación directa con los diputados para plantear demandas. Por otro lado, también requiere cambio sustancial en las reglas del juego, que desmonopolice el poder de los partidos políticos tradicionales y permita al ciudadano participar en los partidos políticos, sin necesidad de ser amigo o conocido de los dueños de las organizaciones.

El 2017 será un año difícil para el Congreso de la República. En la primera semana se dio trámite a varios antejuicios. Seguramente esa será la dinámica durante el año, lo cual generará aplausos pues la lucha contra la corrupción continúa. Sin embargo, luego de la destrucción del viejo orden, se planteará el reto más grande. La construcción de un nuevo orden político democrático y representativo. Esperemos que esta vez los guatemaltecos seamos sensatos y podamos tomar, en conjunto, la ruta correcta.

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.