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Domingo

Las reformas constitucionales deben discutirse


Jorge Gabriel Jiménez 1
Sociedad de Plumas

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“Las reformas constitucionales deben discutirse”, palabras más, palabras menos, así lo han dicho varias organizaciones entre las que destacan el Consorcio USAC-URL-Asíes y la Convergencia por los Derechos Humanos. Y tienen razón. La Secretaría Técnica del diálogo de reformas constitucionales hizo una meritoria labor por identificar los puntos principales que han sido señalados como claves para fortalecer el sistema de justicia. Sin embargo, existen temas que aún requieren de una mayor discusión y que necesitan ser corregidos por el Congreso de la República.

El tema que más ha generado discusión es el reconocimiento del derecho indígena. Como reza el dicho, “los árboles no dejan ver el bosque” y este tema no debe nublarnos la vista de ver la reforma constitucional en su integralidad. El derecho indígena ya ha sido reconocido por las cortes más altas de nuestro país, así como por el Convenio 169 de la OIT, y su inclusión a nivel constitucional no representa un cambio radical con respecto a los fallos que ha emitido la Corte de Constitucionalidad (CC).

En la discusión de la mesa de seguridad y justicia, coordinada por el diputado Oliverio García Rodas, varias organizaciones indicaron que se le deben hacer ajustes al Consejo Nacional de Justicia. La reforma constitucional –acertadamente– propone dividir las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas y de la carrera judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pero en el afán de quitarle estas atribuciones a la CSJ se busca otorgarlas a un nuevo órgano denominado el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y le asignan, además, –por si las funciones administrativas y de carrera judicial no fueran suficientes– las de seleccionar a los magistrados a la CC y evaluar a los magistrados de la CSJ. En conclusión, dicho órgano tendría mayor jerarquía que la propia CSJ. ¡El Organismo Judicial tendría dos cabezas! Por si lo anterior fuese poco, el CNJ es susceptible de ser capturado por grupos de interés y no guarda la unidad dentro del Poder Judicial.

La reforma peca de ser excesivamente reglamentaria en temas que podrían ser regulados mediante leyes ordinarias. Como la historia lo demuestra, esta característica en una Constitución se convierte en el germen de su autodestrucción porque impide que se adapte a las exigencias de los cambios de época. La inclusión de los principios de oralidad y de equidad en la aplicación de la justicia son un ejemplo de ello.

Sobre el principio de oralidad en los procesos judiciales, la profesora de la Universidad de Pavia, Michele Taruffo, ha señalado que “en términos de eficiencia no se puede conceder una preferencia absoluta ni a la oralidad ni a la escritura […] cada uno de esos modos puede ser eficiente para unos propósitos y no para otros: la oralidad es eficiente en términos de ahorro de tiempo y dinero, pero no es necesariamente eficiente para preparar decisiones adecuadas y verídicas sobre el fondo de la causa”. La oralidad debería ser implementada (como ya ocurrió en el proceso penal) paulatinamente por el legislador en la medida en que considera que es eficiente para un proceso en específico.

En el derecho guatemalteco todas las normas deben de interpretarse de acuerdo a la Constitución, luego conforme a su texto, su contexto, finalidad y espíritu, historia fidedigna, instituciones análogas y, por último, conforme a la equidad y a los principios generales del derecho, como lo señala la Ley del Organismo Judicial. La introducción del principio de equidad a nivel constitucional elimina las reglas de interpretación comúnmente utilizadas en el derecho guatemalteco, privilegiando entre todas la equidad y, por lo tanto, genera un cambio significativo en la aplicación del derecho. Esto quiere decir que esta modificación daría lugar a que el juez no aplicara en un primer término el texto de la ley a que se hace referencia, sino a lo que resulte más justo y constructivo para la persona que lo aplica, según el criterio personal de cada juzgador. ¿Tenemos jueces lo suficientemente independientes como para permitir que se aparten de la Ley y fallen de acuerdo a su criterio personal? Si la respuesta es no, aún no estamos preparados para un cambio de esta naturaleza.

Toda reforma constitucional requiere de un momento político para llevarse a cabo. Los hechos ocurridos en 2015 abrieron una ventana de oportunidad para una reforma al sistema de justicia y sería una lástima perder el momento de fortalecer el estado de derecho por la ausencia de diálogo social en el seno del Poder Legislativo. Para las organizaciones que han dicho que las reformas deben discutirse sería incongruente apoyarlas si no son modificadas. Los diputados tienen en sus manos la oportunidad histórica de reencauzar la reforma constitucional con el apoyo de los mejores juristas del país. De lo contrario, la historia de 1999 en la que la ciudadanía rechazó la reforma constitucional pareciera que se volverá a repetir.

 

1.- Abogado y notario. Cofundador de Congreso Transparente y de Acción por la Justicia.
 

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.

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