[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Domingo

El eterno problema de la minería


Laura Castañeda
Sociedad de Plumas

foto-articulo-Domingo

Si está leyendo esta columna con la esperanza de leer una más de esas miles de miles de columnas en contra de la minería, le anticipo estimado lector que este no es el caso.  No es el caso porque la mayoría de las cosas no son únicamente buenas o malas, y porque este pretende ser un análisis desapasionado, que partiendo de los hechos reales, llegue a un juicio justo sobre un sector de la economía guatemalteca que ha sido atacado sistemáticamente durante el último decenio, lo que ha sido aprovechado por países latinoamericanos que se han llevado inversiones de calidad en esta industria, gracias a la cuasi extinción del sector en el país.

La industria minera, aunque muy pequeña según datos del Banguat –que hoy es el 0.9 por ciento del PIB, pero que llegó a representar casi 20 por ciento de las exportaciones del país– aporta pagos al Estado en dos grandes vías: nacional y local. La primera constituye los pagos de impuestos como el ISR, aranceles e IVA, entre otros más por los que la SAT ha recaudado entre 2005 a 2015 más de Q 5,322 millones. La segunda vía de aporte son los pagos de regalías, cánones y multas, que son recolectados por las municipalidades, Ministerio de Energía y Minas así como el Ministerio de Finanzas, que suman otros Q781 millones de quetzales.

¿Qué ONG, embajada, organismo internacional o activista ha entregado para Guatemala un cheque a nombre del Ministerio de Finanzas,  ojo no a líderes ni a burocracia oengera, sino al mero Estado, por esas cantidades sin condicionamiento alguno para que el Estado lo invierta en salud, educación o carreteras? Me atrevo a decir que nadie.  En contraposición, los billones de dólares que la cooperación ha gastado en el país para la dignificación de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, se han ido como el viento para pagar almuerzos empacados en cajas de duroport y 50 quetzales por día para las masas de gente que han participado en caminatas y manifestaciones en contra de la minería, y el porcentaje mayor para los viajes transatlánticos y jugosos salarios de los líderes sociales que representan la oposición al desarrollo. Es tan desafortunado este gasto, que el Estado ni siquiera se ha beneficiado con impuesto alguno porque, como es obvio, la cooperación está exenta.

Este debate mesiánico “del 1 por ciento”, que solo se refiere a regalías, invisibiliza los demás impuestos pagados que pueden llegar a sumar el 53 por ciento de las utilidades brutas de una mina. La falta de objetividad de la academia y la prensa, y el miedo de ciertos funcionarios a honrar lo que literalmente reza la Constitución Política de Guatemala en su Artículo 125, favorece a las redadas de misiones comerciales de países latinoamericanos, y otros orígenes, cuyo principal objetivo es ofrecer la posibilidad de desarrollo de ese sector con pactos de estabilidad tributaria, compensación de inversión, y una tasa de “conflictividad 0”.   Nicaragua, por ejemplo, ha venido a hacer feria de captación de inversiones en minería, ofreciendo incentivos fiscales y seguridad jurídica para la inversión.

Por si esto fuera poco, ha trascendido recientemente que en el marco del proceso que Guatemala sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivado de unas medidas cautelares impuestas al Estado por haber dado  la autorización administrativa de explotación de la mina de oro en San Miguel Ixtahuacán,  pese a que la empresa ha probado hasta la saciedad que la mina no ha ocasionado daños a la salud de los habitantes o a sus viviendas, y que producto de los acuerdos de una mesa de diálogo ha invertido más de US$20 millones en proyectos hídricos, algunos abogados acuciosos en esas lides internacionales pretenden que la empresa asuma un “plan de reparación” por daños que no ha causado, lo que seguramente abrirá la puerta a un jugoso caso en la CIDH, con lo que terminará de irse al traste la reputación de inversión en ese sector para el país.

Esta inerme situación de indefensión, estimado lector, es a lo que me refiero como el eterno problema de la minería en Guatemala. Un mejor entendimiento de todos los actores nacionales sobre esta industria, y una definición clara de la política estatal sobre esta industria haría la diferencia entre el enfoque dilapidario a la minería que caracteriza al país, versus el enfoque trascendental que le dan naciones como Chile, Australia, Nicaragua, Perú  o Colombia.

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia AFP
Kamala Harris, la primera mujer en alcanzar la vicepresidencia de EE. UU

Harris, de 56 años, entra a la Casa Blanca tras haber recorrido un camino único. Fue la primera mujer negra en ser elegida fiscal general en California y la primera mujer de ascendencia del sur de Asia en el Senado.

noticia Evelyn Boche
Juzgado suspende elección en el CANG para ocupar vacante en la CC

Además, la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales deberá conocer la apelación que presentó el abogado Alfonso Carrillo.

noticia AFP
Protestas en Brasil contra gestión de la pandemia de Bolsonaro y atraso en vacunación


Más en esta sección

Mineduc: no es obligatorio el uso del uniforme en clases a distancia

otras-noticias

Ambiente post-covid en las discotecas de Wuhan, cuna de la epidemia

otras-noticias

Diaco enfrenta problemas presupuestarios

otras-noticias

Publicidad