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Domingo

La reforma tributaria fallida


Análisis de Coyuntura

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IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos/ www.ipn.usac.edu.gt

 

El presidente Jimmy Morales decidió el jueves 25 retirar su iniciativa de reforma tributaria del Congreso. La propuesta tenía problema de diseño, pero sobre todo carecía de estrategia para su viabilidad política, y con seguridad le esperaba una dura derrota en el Pleno.

Sobre el paquete impositivo se supo, de manera indirecta, a fines de julio, cuando inusitadamente las cámaras empresariales aglutinadas en Cacif y Fundesa comenzaron a hablar de la necesidad de un “diálogo fiscal” para fortalecer la base financiera del Estado. Solicitaron públicamente la veeduría del Grupo de los Cuatro (Arzobispo Metropolitano, presidente de la Alianza Evangélica, Procurador de los Derechos Humanos y rector de la Usac) y la facilitación técnica del BID.

Es la primera vez que los empresarios adoptaron tal actitud, lo cual implicaba que había algo tras escena. A los pocos días (primera semana de agosto) en las redes sociales circuló, de manera anónima, pero de fuentes cercanas a los empresarios, que el presidente Jimmy Morales tenía un paquete de ajustes tributarios, supuestamente inducido por la Embajada de los Estados Unidos y el Banco Mundial. Ese paquete incluía un ajuste del IVA al 15 por ciento, y cargas específicas a la telefonía, el cemento, la gasolina y las mineras.

A fines de esa semana el presidente Morales admitió que sí tenía una iniciativa de reforma, pero no dio detalles. Poco después el ministro de Finanzas explicó qué impuestos se proponían modificar, y descartó el IVA. Rechazó que el Banco Mundial hubiese metido las manos. La propuesta que finalmente fue enviada al Congreso a mediados de mes se basaba en cuatro medidas: subir tasas el ISR, grabar productos derivados del petróleo, un impuesto al cemento y aumento de las regalías mineras.

El impacto de recaudación esperado en 2017 era de Q5.9 millardos, equivalentes al 1.1 por ciento del PIB, que es menor al “efecto SAT” actualmente en marcha, que podría llegar en 2019 a 1.4 por ciento del PIB, según el cálculo de las propias autoridades. El cuadro 1 resume las medidas propuestas y su previsible impacto.  ver  la gráfica que ilustra arriba*.

El rendimiento de algunos impuestos obtenidos con la reforma ya tenía, según la propuesta, destino específico. Era el caso de una parte del aumento a las gasolinas que elevaría el presupuesto del fideicomiso de COVIAL, que ya sobrepasa los Q1.02 millardos, en Q900 millones; otra parte de ese aumento iría a la Municipalidad de Guatemala y al resto (Q0.10 por galón). El impuesto a la distribución del cemento se destinaría al Fondo para la Vivienda (Fopavi); el de las regalías iría, en gran medida (50%), a las municipalidades donde operan las mineras, y el resto se distribuye entre otras municipalidades del departamento (60%), al Ministerio de Energía (10%) y al fondo común (30%). La iniciativa incluyó además una ventana de oportunidad a las personas jurídicas e individuales con casos administrativos abiertos en la SAT, de ponerse al día durante 2017.

Sin estrategia de cabildeo ni comunicación, la iniciativa del Presidente quedó como fácil blanco de la crítica: era un mal ajuste de tasas impositivas, sin claridad de prioridad de gasto; no incluía medidas de transparencia, más bien había destinos importantes hacia opacos fideicomisos; no fue consultado con actores relevantes de la sociedad, ni siquiera con los partidos políticos. La Cámara de Comercio emprendió un ataque más sistémico que resumió en una fórmula: “Gobierno ineficiente + sistema paralelo de justicia + nuevos impuestos… = hacia el colapso del Estado”.

Fue el ministro de Finanzas quien convenció a un contrariado presidente Morales dar marcha atrás. La nota del gobernante, dirigida al presidente del Congreso, argumenta que la retira para fortalecerla, pero el acto político se interpreta como claudicación. Las cuentas del Presidente fallaron: el carro impositivo no iba a caminar solo, ni por bondad. La gente no iba a aceptar de buena gana pagar impuestos solo porque la SAT está obligando a pagar a los grandes contribuyentes.

La población ha tomado nota del “ensayo-error”, que deja mal parado al gobernante. Pero sin duda el tema no saldrá de agenda. Volverá este y el próximo año como un paquete más complejo y de mayor impacto. Como el gobierno no parece tener la capacidad política para ganar una negociación de tal envergadura, la pregunta es ¿quiénes, con suficiente poder, harán ese trabajo?

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