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Domingo

El “tren ‘express’” de la reforma política


Roberto Ardón Quiñónez

Sociedad de Plumas

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No parecieran ser los tiempos para llamar a la reflexión. Con ritmo vertiginoso hemos asistido en los últimos días a una entrega formal por parte de la Corte de Constitucionalidad de la opinión que le fuera requerida por el Congreso de la República sobre la iniciativa de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Y con igual trote estamos viendo que se ha marcado el paso a la actual legislatura para que apruebe en próximos días, en paquete y casi sin mayor discusión, el contenido de la reforma electoral.

Y es que los plazos políticos no solo están literalmente ahorcando a los legisladores, sino que ahora poner en duda cualquiera de los temas allí incluidos pareciera ser, incluso, de muy mal gusto. Se ha instalado en una parte de la opinión pública la percepción de que discutir la reforma es como ponerse del lado de los que no quieren que nada cambie. Además, se ha hecho una analogía muy peligrosa entre esta reforma política y la reforma política que podría convenir al país. Por último, se busca presentar esta iniciativa como un gran bloque del que ya no es posible separarle nada, a riesgo de hacerle perder su esencia. Pues bien, ni lo primero ni lo segundo ni lo tercero.

Para el caso es importante hacer algunas precisiones iniciales. No hay ninguna duda de la necesidad de hacer una reforma política. Luego también que esa reforma debe ser pronta. Y luego que muchos de los temas que están recogidos en la presente iniciativa son buenos y deben permanecer para su discusión y posterior aprobación. Tal el caso por ejemplo de los controles financieros, el fortalecimiento del TSE y los controles para la campaña. Pero todo esto no debe hacer que se pretenda aprobar en combo y a ojos cerrados la iniciativa completa. La prisa y el ‘bullying’ de grupo suelen ser malos consejeros.

La reforma en cuestión propone algunos temas que por imprácticos parecieran ser inofensivos: el caso de los efectos del voto nulo; pero hay otros temas que requieren un debate más profundo. Un ejemplo preocupante de cómo esta reforma ha terminado de marear a no pocos es la de la distribución de representantes por departamento. No sé si por entusiasmo o por premura, la propia Corte olvidó leer el Artículo 157 constitucional que obliga a tener en cuenta la proporción demográfica. Haber dado paso a la norma que establece una distribución fija nos pone en la curiosa situación de tener en el futuro una norma que, siendo parte de una ley constitucional, es inconstitucional.

En el caso de la llamada paridad vemos cómo el efecto que se busca puede resultar contraproducente.  Por medio de una fórmula compleja de distribución entre sexos y procedencia étnica para la integración de las planillas, se corre el riesgo, por ejemplo, de cerrarle el paso a los auténticos liderazgos femeninos. Dos mujeres líderes no podrán coexistir encabezando una planilla. Adicionalmente, se corre el riesgo de que para soslayar una norma tan rígida empiecen a activarse los círculos cercanos de un líder masculino para copar los espacios disponibles. No digamos el desafío que significa, en términos de la participación indígena, la autoidentificación y las proporciones étnicas en cada localidad, que darán paso a verdaderas pesadillas estadísticas y maniobras políticas en el futuro. Si a esto agregamos la complicación legal que deviene del hecho de no inscribir un candidato y de cómo esto altera la “alternabilidad”, se concluye que esta norma está destinada a enredar más un panorama ya de por sí complejo. Si se trata de asegurar una mayor participación y elegibilidad de las mujeres y de indígenas, una fórmula menos compleja y práctica, como las listas semiabiertas y las asambleas partidarias a voto secreto, podría lograrlo con menos dificultades.

Debe dejarse claro que la opinión de la CC no es, ni un endoso, ni una lectura más en el proceso legislativo. No debe ni puede suplantar el debate político que debe venir. La exhortativa es que los legisladores ejerzan su discernimiento para separar la discusión en tres grandes bloques:

El primero, aquello que sea sensato y tenga consenso, para lo cual la aprobación es el camino; el segundo, aquello que por complejo requiera más análisis, en cuyo caso, lo que toca es abrir un debate serio; y tercero y finalmente, aquello que sea un despropósito, simplemente no aprobarlo. Todo esto, eso sí, sin demora alguna.

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.

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