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Domingo

Las imposiciones ideológicas de la derecha nacional


Jorge Mario Rodríguez Martínez

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De manera no muy sutil, quizás aprovechando el rechazo ciudadano por la vieja clase política, poderosas elites económicas guatemaltecas se esfuerzan por sujetar el nuevo gobierno a políticas de competitividad que suponen la precarización de nuestra sociedad. Estas elites anhelan creer que las exenciones fiscales, los salarios diferenciados y la austeridad estatal constituyen la receta mágica para que nuestro país pueda insertarse en un mundo en el cual, según un reciente informe de Oxfam, el uno por ciento más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99 por ciento restante (el informe puede encontrarse en https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-al-servicio-del-1).

Semejante desatino solo puede encubrirse detrás de esos decorados ideológicos a los que nos tienen acostumbrados los centros de pensamiento de la derecha nacional. Hace algunas semanas, cuando la sociedad mundial centraba sus ojos en la Conferencia de las Partes (COP21) que se llevó a cabo en París, el colectivo guatemalteco Red de Amigos de la Naturaleza (Rana) cuestionaba la preocupación con el cambio climático; se hacía caso omiso del principio de precaución, el cual dicta limitar aquellas actividades de cuya peligrosidad para la vida humana o el ambiente existe evidencia razonable. Un segundo ejemplo lo brinda el Movimiento Cívico Nacional, el cual desde hace varios años ha esbozado un precario disfraz republicano para un sector de la derecha guatemalteca que quiere ufanarse de una virtud ciudadana de la que siempre ha carecido.

Un tercer ejemplo lo constituye la lista de diez prioridades que el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES) ha sugerido al gobierno de Jimmy Morales (http://cees.org.gt/diez-prioridades-para-el-proximo-gobierno-2015/). Según esta visión, las consideraciones de interés general no justifican la violación de los derechos individuales, los cuales son concebidos como absolutos. Esta idea es tanto más desencaminada cuando en el mismo comunicado se presenta como prioridad para el nuevo gobierno la “devolución” de los derechos de propiedad sobre el subsuelo, sosteniendo que “se debe hacer lo mismo con los ríos, lagos y orillas de los mares”. Es difícil imaginar cómo la sociedad guatemalteca puede afrontar el agotamiento de recursos naturales o el cambio climático siguiendo semejantes recetas ideológicas.

En rigor, estas propuestas asombran a aquellos que poseen un mínimo conocimiento respecto a la manera en que el derecho está respondiendo a los desafíos que presenta un mundo en crisis. Y no menos a los que tienen conciencia de la forma en que ha evolucionado la comprensión de la argumentación moral y constitucional. Debe apuntarse, por otro lado, que en la filosofía política contemporánea ya no goza de tanta evidencia la tesis de que los derechos individuales (absolutos) se limitan a la vida, a la libertad y a la propiedad; hace tiempo que se ha trascendido el pensamiento de John Locke.

De este modo, el nuevo gobierno debe tomar conciencia de que la plataforma ideológica que le proponen los que quieren mejorar la competitividad a costa de la vulnerabilidad social restringe un acceso crítico a las opciones disponibles para construir una sociedad más justa. Hace algunas décadas Abraham Maslow notaba que cuando la única herramienta de la que se dispone es un martillo, todo empieza a parecer un clavo.

La precariedad es tan evidente que las posturas neoliberales de la derecha guatemalteca son simplemente temerarias. Es inevitable preguntarse si estamos frente a un problema de fanatismo o a una simple falta de honestidad intelectual. ¡Ya el ensayista norteamericano Upton Sinclair reflexionaba acerca de lo difícil que resulta hacer que alguien entienda algo cuando su salario depende de no entenderlo!

A estas alturas de la historia, debiera ser claro que el “libre mercado” no es una entidad natural en cuyo funcionamiento el Estado no debe inmiscuirse. El economista Ha-Joon Chang propone que para entender el capitalismo se debe rechazar la creencia de que exista una concepción objetiva del libre mercado. La actividad económica, en efecto, está sujeta a reglas formuladas desde el ámbito de la política.

Se ha hecho evidente, además, que el sector privado no es tan eficiente y honesto como algunos quisieran creer. La corrupción y la mala fe de la empresa privada es comparable a la del ámbito estatal, como lo puede comprobar cualquiera que se haya visto esquilmado por una gran empresa. La deuda misma se ha convertido en un mecanismo de sujeción de los individuos y las sociedades y uno de los pilares sobre los que se asienta la gobernanza global.

Si el movimiento ciudadano desea erradicar la corrupción debe prevenirse contra los abusos de una elite empresarial que hace gala de su nula preocupación con el bien común. Es falso que no haya alternativas; siempre queda un margen de decisión para poder actuar con el interés general en mente. No se debe aceptar los argumentos de aquellos que distorsionan la naturaleza de la convivencia humana en función de prejuicios economicistas.

La ciudadanía guatemalteca debe hacerle saber al nuevo gobierno que no permitirá esa corrupción silenciosa que consiste en secuestrar las instituciones para imponer intereses particulares. Más temprano que tarde será necesario tomar, a nivel global, decisiones que garanticen el futuro de la humanidad. No nos libraremos de ese momento.

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