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Domingo

El Estado patrimonial que cobija la partidocracia


Edgar Pape*

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La demanda empresarial sobre la corrupción se da como buscador de rentas, vía emprendimiento originario o como acumulación continuada. A cambio de un soborno pueden obtenerse licencias mineras, bienes públicos y jugosas reducciones de costos. Conductas elusivas forman parte de procesos mercantiles y de planificación, como se observa en las alianzas entre firma de abogados y de auditoría con gerentes de corporaciones, para actuar en contra de la recaudación tributaria, por ejemplo. De modo que la norma forma parte del mercado de corrupción, desde su formulación pasando por su aplicación hasta su judicialización.

El empresario gana al cambiar la calidad de los bienes, en particular en un Estado sin estricta supervisión (el Estado desregulado por el neoliberalismo), la calidad de las obras, construcciones y de los bienes comprados, tiende a ser baja. Gana también por las externalidades negativas que producen sus inversiones, en las cuales socializa sus pérdidas, deteriora, contamina y degrada los recursos naturales y el ambiente, sin mayor inspección estatal ni control ciudadano.

Los ejemplos anteriores dan cuenta de que aunque las leyes consagren la propiedad de los bienes comunes en favor del pueblo soberano, y este les asigne a los políticos su administración, en la práctica, los mercados privados son los que disponen del usufructo y de las rentas derivadas de los derechos de propiedad pública (telecomunicaciones, energía, financieras) con la ventaja de que su oferta se vuelve monopólica y por lo tanto con una gran discrecionalidad para seguir manteniendo el sistema político corrupto. De modo que la corrupción político-administrativa avanza y solo puede entenderse bajo el impulso de los mercados privados, cuyos ideólogos solo atacan, desacreditan y culpan al servicio público.

En efecto, el sector privado no parece interesado en desembarazarse de lo oculto, mantiene el secreto bancario, participa en juntas directivas, mercados mayoristas, comisiones y alianzas público-privadas. En esa dinámica, rechaza las regulaciones sancionatorias que eleven la percepción del riesgo, para no afectar los precios de equilibrio de la corrupción. Incluso, estos actores acuden a políticas de represión y de criminalización contra aquellos movimientos y dirigentes sociales que reclaman ser tomados en cuenta en los megaproyectos de aprovechamiento de los bienes comunes.

Para evitar incertidumbre en los precios de la transacción corruptiva, el evento puntual u ocasional de corrupción tiende a ser organizado y permanente. Ello explica la cooptación por medio de redes. El sitio en que se anida el mercado de corrupción es la frontera entre lo político-administrativo y los mercados privados estructurados. En esa intersección, el precio del mercado corrupto tiende a ser más estable y menos riesgoso, porque maximiza el arreglo mutuo y el intercambio de recursos diferentes (poder económico, social y político).

Un actor importante en la era global no está ausente en este mercado: las transnacionales en la era de lo global. Desde la apertura externa y la entrada a Guatemala del neoliberalismo en los años noventa, los empresarios se dieron a la tarea de buscar ventajas competitivas, cooptando instituciones. Los inversores manejaron sus capitales en lugares estratégicos de mayor rentabilidad financiero-fiscal. En esa dirección, la movilidad de las inversiones se vinculó al gabinete económico para cooptar a la autoridad monetaria (bonos e instrumentos no convencionales), así como a la competencia fiscal entre Estados (race to the bottom). Las consecuencias en Guatemala derivaron en la prohibición constitucional al Banco Central de financiar al Estado, y privatizar ese negocio asegurando una supervisión laxa a la par de resistir el pago de impuestos y bajar la carga tributaria a través de reducciones a las rentas corporativas, intereses y dividendos.

Así, el Estado patrimonial que cobija a la partidocracia, es un mercado que retrata a los agentes y a los mismos segmentos de los mercados de competencia imperfecta que lo originan, tanto en bienes como en activos, con el agravante de que transforma los bienes colectivos en un mercado con inversionistas locales y globales que reciben beneficios máximos, en detrimento de la ciudadanía, los recursos naturales y el medioambiente, criminalizando incluso a los comunitarios que se le oponen. En contraste, las redes corporativistas resarcen sus patrocinios políticos, intercambiando incluso a sus ex gerentes de empresas privadas por funcionarios, y estos regresan a dirigir bancos e industrias por su capacidad de asumir de manera técnica los problemas políticos y de manera política los problemas técnicos. Son estas redes de mediación las que explican la politización del funcionariado (sin ley de servicio civil) y la funcionarización de la política.

Para concluir, las pasadas elecciones darán combustible al fuego que arrasa los últimos arbustos de la democracia criolla, revitalizando los potreros que nutren la democracia del dinero y los patrones del mercado corrupto. Ahora mismo, los empresarios mercadean a los políticos y estos en su momento, necesitarán de la capacidad de los empresarios para estabilizar el “clima de negocios” en torno a determinada política pública. Prestos a legitimar un régimen político que no está dispuesto a transparentar las estructuras de los mercados privados, seguiremos poniendo la otra mejilla en una tragicomedia de círculos viciosos, sin importar las veces en que el clamor popular quede burlado.

* Doctor en Tributación.
Universidad Galileo.

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