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Domingo

IGSS: Un negocio para nunca perder (narrado desde abajo)


La Junta Directiva (hoy capturada) manejaba una estructura, tan afinada, que modificaba simples reglas del juego para asegurar que fuera elegida la empresa por ellos indicada. En caso de duda, la responsabilidad caería sobre una enfermera, un cocinero o cualquier empleado que tuviera la mala suerte de ser electo para avalar la cotización.

Originalmente publicado el 24 de mayo de 2015

La captura de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue para los guatemaltecos una esperanza del fin de la corrupción, pero para muchos empleados de menor rango en la institución, fue motivo de angustia.

Lejos están de preocuparse por el futuro de Juan de Dios Rodríguez, presidente del IGSS y exsecretario privado del Presidente. Les asusta el hecho que junto a él, o más bien dicho, antes que él, fueron detenidas enfermeras cuyas firmas avalaban la contratación de la Droguería Pisa de Guatemala S.A., la que desembolsó Q8 millones para asegurarse el contrato, la acusada por la muerte de 15 pacientes renales. “Yo he estado en seis juntas de licitación y en verdad no sé qué firmé”, dice Verónica Guzmán, que conoció a Carmen Yadira Gil, una de las enfermeras capturadas por firmar la adjudicación para Pisa.

El caso Pisa es solo la excusa para hablar de la estructura que operaba dentro del IGSS, en los últimos meses la historia se ha repetido con otros contratos, otras empresas, otros medicamentos. Dos fuentes, distanciadas una de la otra y a cambio del anonimato, aceptan narrar aquí sus experiencias y el proceso del que les obligan a ser parte para beneficiar a la empresa seleccionada desde arriba.

Empleados acorralados

Cuando leyó la carta, Fernando* bajó la cabeza en resignación, no era la primera vez que recibía una igual, pero siempre le resultaba tedioso y un tanto preocupante. El documento le notificaba que Francisco Cortez Bocaletti, jefe de Servicios Contratados, por medio de la Junta Directiva del IGSS, lo había nombrado para conformar una junta de licitación. “Dicen que es al azar, que nos eligen por nuestra honorabilidad. A mí siempre me dio miedo”, afirma la enfermera Guzmán.

Según la Ley de Contrataciones del Estado, en su Artículo 10, para realizar compras menores de Q900 mil, será el gerente de la institución quien designe a los cinco miembros de la Junta de Licitación, quienes serán los encargados de revisar y aprobar la propuesta de los oferentes. Cuando el monto es mayor, es la Junta Directiva, la máxima autoridad, quien hará el nombramiento.

 

Fernando sabía que la honorabilidad no era un factor indispensable en su nombramiento, en especial dentro de una entidad que los obliga a botar cotizaciones por detalles irrelevantes, como le sucedió a un colega. “La cotización de la empresa de mejor precio fue botada porque no cumplió con un detalle: la medicina debía ser presentada en cajas color celeste”. La adjudicación final resultó varios miles más cara.

La ley no especifica que los elegidos por el gerente o la Junta Directiva tengan conocimientos técnicos respecto al concurso que evaluarán, solo establece que en caso no exista personal experto en el tema, pueden llamar a empleados de otras instituciones. A juicio de la Junta Directiva del IGSS, un cocinero o una enfermera les era útil para avalar cualquier contrato.

Abstenerse a participar no era una opción, quien lo haga puede ser sancionado con una suspensión de 15 días sin goce de salario, aunque en años recientes las medidas de presión tomaron una nueva forma. Para evitar problemas con el sindicato que cuestione las razones del despido, a la persona que “no colaboró” se le asigna una nueva área, podría ser una transferencia desde la capital al IGSS de Petén, Escuintla o cualquier otro departamento. Una medida de despido indirecto.

Las palabras sobran

El viento frío que transcurría en el corredor entre la Municipalidad y las oficinas centrales del IGSS le recordaba a Fernando que el año estaba a punto de acabarse, en una de esas últimas semanas de 2013, subió al segundo nivel del edificio. En el salón Los Volcanes del Departamento de Servicios Contratados ya se encontraban quienes integrarían la Junta de Licitación. Saludó con la mano a un técnico y de beso en la mejía a tres enfermeras auxiliares.

El asistente de Servicios Contratados les llevó la papelería, debían elegir una empresa que diera servicios de rayos X y tomografías para varios departamentos del país, por dos años y con la posibilidad de prorrogar el contrato. “A pesar de que ninguno de nosotros conocía sobre el tema a profundidad, considerábamos que tenía sentido: había que comprar algo, hacía falta, y ahí estaba cómo hacerlo”. No sabía la Junta de Licitación que a pocos minutos de las cinco de la tarde de ese viernes, en el portal de Guatecompras alguien añadió una nota que cambiaba las bases del concurso.

El horario de recepción de ofertas para la licitación se estableció el lunes entre 10:00 y 10:30 horas, solo dos empresas presentaron su oferta. En los sobres cerrados estaba los documentos fundamentales: la fianza de cumplimiento, la presentación de la oferta del servicio y el monto total que cobrarían.

En capacidades ambas ofrecían lo mismo, pero en cuestión de precio, había una diferencia millonaria. “Era muy obvio que una estaba cobrando de más, elegimos a la más económica”, recuerda. La enfermera Guzmán y sus compañeras aseguran que, cuando las han citado, y dado a que suelen no conocer lo que evalúan, el precio es el único factor que toman en cuenta, “nos asignan un asesor, pero no nos explica mayor cosa, cuando terminamos de revisar los documentos somos nosotras las que firmamos, no ellos”.

Luego de tomar un poco de café y comer galletas, la Junta estaba arreglando todo para salir. Pero el asistente de Servicios Contratados los detuvo. “Miren, creo que hay un problema con esta licitación. Esta empresa incumple con un requisito que se estableció el viernes”. Con desganoFernando se sentó y esperó la explicación. En la base se establecía que en el monto total del formulario de la oferta no se podía colocar ninguna otra palabra más allá del monto mismo, es decir, si la empresa colocaba “un millón de quetzales exactos”, quedaba fuera por la palabra “exactos”.

“Revisamos las ofertas, y resultó que sí, que la más cara no puso la palabra exactos en el monto y la barata sí”. Se dio una discusión en la Junta, unos decían que lo aprobaran y ya, otros se negaban, que en todo caso razonarían su voto. Fernando solicitó al Departamento de Servicios Contratados que les indicaran cuánto habían costado estos servicios mediante compra directa en las diferentes unidades médicas, al contrastar los datos, constataron que el oferente cobraba tres veces más por el servicio. “Era ridículo. No había que ser experto para darse cuenta de lo que estaba pasando, era una compra a dedo”.

Cuando el asistente de Servicios Contratados fue notificado de la inconformidad, se le descompuso el rostro. Salió del salón para hacer una consulta y regresar, detrás de él venía Cortez Bocaletti, jefe de Servicios Contratados, para hacerlos sentir culpables.

El tango de los proveedores

En el IGSS, para ser la empresa favorecida en la compra de medicamentos, existe un método por pocos conocidos, pero pulido bajo la administración de Juan de Dios Rodríguez. Es una especie de tango que la empresa proveedora de medicamentos envía al IGSS: el visitador saca a bailar al Director de Unidad, a los médicos, mientras sus jefes cierran el trato con la Junta Directiva. El modo de operar es explicado por una segunda fuente anónima y corroborado por Fernando.

El IGSS de la zona 9, el de Mazatenango, el de Quetzaltenango y todas las delegaciones están a cargo de un Director de Unidad, el baile empieza con esta persona. La empresa proveedora envía un representante para acordar qué medicamento tendrá que solicitar, sea nuevo o porque tienen un exceso en bodegas.

El Director de Unidad no puede pedir un medicamento por disposición propia, por ello, hace que se lo pidan. “Debido a que él puede contratar y remover personal, instruye a los médicos para solicitar determinado insumo”, asegura la fuente, “los proveedores no se olvidan de los médicos, los llevan a fiestas, invitan a almorzar o dan premios”, agrega Fernando.

Cuando los médicos empiezan a solicitar el nuevo insumo, elevan un acta al Director de Unidad y así, después de hacer consultas con el Comité Local y el Departamento Financiero, este cumple con su parte. Si el medicamento está incluido en la lista básica y es una compra menor a Q90 mil, la adquisición puede hacerla el Departamento de Compras de Farmacia. Cuando el valor es más alto o es nuevo, el proceso es conocido por el jefe de Departamentos de Servicios Centrales, el subgerente de Prestaciones de Salud, el gerente, hasta la Junta Directiva.

Este mecanismo también es utilizado para fraccionar compras. Fernando cuenta que una de las formas de pasar licitaciones por compras directas es repartirlas en adquisiciones menores de los Q90 mil, pero realizadas mensual y semanalmente.

Las investigaciones presentadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala determinaron que Pisa pagó, al menos, el 16 por ciento de comisión a operadores de la Junta Directiva para asegurarse el contrato. El monto asciende a Q8 millones aproximadamente, aún se investiga si fueron más los sobornos.

 

Fernando recuerda que aquella tarde, el jefe de Servicios Contratados insistió sutilmente en que aprobaran el contrato, “ustedes saben que un concurso puede llevar meses, hasta un año y eso afectaría a los pacientes que lo necesitan”. La Junta de Licitación se amparó en una cláusula de las bases de licitación donde se estipula que, de ser lesivo el contrato para el IGSS, este podía ser suspendido. Así evitaron estar involucrados en esta cotización, al menos de una.

Para el cierre de esta edición, Carmen Yadira Gil, una de las enfermeras que firmó el contrato de Pisa, esperaba saber si quedaría o no ligada a proceso, esperaba jubilarse en febrero próximo. En sus primeras declaraciones, Juan de Dios Rodríguez aseguró que ella y sus colegas no estaban involucradas, claro, lo mismo afirmó de la Junta Directiva que él presidía.

La maquinaria del IGSS fue desbaratada, por el momento; serán los jueces quienes determinen si los implicados cumplen o no sentencia. Mientras tanto, en 15 hogares guatemaltecos, este negocio que nació para no perder dejó 15 ausencias. Todas producto de un servicio para el que la empresa no tenía la capacidad, pero sí las influencias, para prestar.

 

*Fernando es un seudónimo.

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