En noviembre pasado, el Presidente de la República remitió al Congreso el Proyecto de Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2015, para que fuera discutido y, en su caso, aprobado por esa instancia treinta días antes del inicio del ejercicio fiscal 2015.

La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso emitió dictamen favorable al presupuesto enviado, que se identificaba con la Iniciativa de Ley 4886.

Seguidamente, el pleno del Congreso, en un mismo acto, aprobó otras disposiciones legales ordinarias que NO tenían iniciativas de ley propias, entre esas, la Ley de Ajuste Fiscal. Este acto de aprobación violó los principios de interna corporis (proceso de sanción y formación de la ley) establecido en los Artículos 174 y siguientes de la Constitución y el Principio de Legalidad en materia tributaria.

Por medio de esa “güizachada” se aprobaron: el impuesto a las telecomunicaciones, el incremento a la regalía minera y el impuesto de distribución al cemento. Una ley temporal, que no tuvo iniciativa propia, creó y modificó impuestos, en contravención de la Constitución y el Artículo 19 del Decreto 101-97, que es una prohibición taxativa para modificar o crear impuestos por medio de un Presupuesto aprobado para un año fiscal.

La representación del Partido Patriota en el Ejecutivo, integrada por la ex Vicepresidenta, el casi candidato a la Presidencia que era ministro y el ex Ministro de Energía y Minas en contubernio con los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia del partido Lider, negociaron conjuntamente el botín (presupuesto) que iban a compartir en el año de salida del primero, y la campaña política del segundo, que dicho sea de paso, necesitaba solo el ribete para terminarla.

Algunos impuestos modificados ilegalmente se incrementaron en más de un 200 por ciento, lo que equivaldría a que el IVA se aumentara de la noche a la mañana sin discusión y análisis, en 28 puntos porcentuales, quedando una tarifa del impuesto del 40 por ciento.

El destino principal de los tributos creados y modificados es nada más ni nada menos que el fondo común. Ese agujero negro sin fondo en donde la dimensión desconocida confabula en contra de la transparencia del gasto público y favorece todas las formas de corrupción y apropiación indebida de recursos públicos sin rendir cuentas a nadie.

El cónclave celebrado entre los negociadores de este presupuesto eligió, de una selecta y profusa gama de impuestos, a tres que serían los más fáciles de vender políticamente a los ciudadanos. Lejos estaban de imaginarse que a partir de marzo de 2015 su modus operandi en temas de corrupción saldría a la luz y muchos de sus planes se frustrarían.

Las acciones en contra de la corrupción que la CICIG ha iniciado han obligado a tres de los negociadores de ese presupuesto: la entonces Vicepresidenta, el aspirante a candidato presidencial del PP y el “estratega” en recursos energéticos a salir apresuradamente de la arena política.

Los otros dos negociadores enfrentan el ocaso de la campaña del “te toca” y la espada de Damocles de un antejuicio que abre la posibilidad a una investigación penal grave que puede terminar también sacándolos del panorama político por la puerta trasera.

La Corte de Constitucionalidad debe resolver pronto, en definitiva, el rosario de acciones legales de inconstitucionalidad que se plantearon en contra de ese engendro legal. El tiempo se agota, y el mayor tribunal del país tiene ahora la responsabilidad de enmendar esta ilegalidad y resolver el entuerto de la vigencia de los tributos creados y modificados por una ley que vence este 31 de diciembre de 2015.

Asimismo es la llamada a corregirle la plana al Legislativo, porque la garantía constitucional que tenemos los ciudadanos establecida en el  interna corporis (proceso de sanción y formación de la ley) de que toda ley tenga su iniciativa y sea discutida, no puede volver a ser violentada. Dios guarde y nos levantamos un día con un IVA del 40 por ciento o leyes peores, sin habernos enterado cómo.

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