Junto con el clamor ciudadano por contar con candidatos probos para los distintos cargos de elección popular, una parte de la ciudadanía exige la aplicación del Artículo 113 constitucional con el objetivo de contar con funcionarios con “capacidad, idoneidad y honradez”. Sin duda alguna, estas son características deseables para cualquier persona que aspire a optar a ser funcionario público. Sin embargo, la aplicación del Artículo 113 conlleva una limitación al derecho humano de elegir y ser electo, la cual si se pone en práctica de forma arbitraria dejará un nocivo precedente para futuras elecciones y el sistema democrático.

El derecho de elegir y ser electo, se encuentra en la categoría de derechos políticos que tutelan las libertades públicas y propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. Este tipo de derechos están orientados a proteger la participación del individuo en la sociedad. Ellos pueden ser restringidos por una sociedad democrática, pero las limitaciones deben cumplir con ciertos requisitos.

La Constitución debe ser interpretada de forma integral, de tal forma que no se aplique un artículo en lo individual sin tener en cuenta otros, como el Artículo 22 que señala en forma por demás clara que “los antecedentes penales… no son causa para que a las personas se les restrinja el ejercicio de sus derechos que esta Constitución y las leyes de la República les garantiza, salvo cuando se limiten por ley, o en sentencia firme, y por el plazo fijado en la misma”. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los derechos políticos pueden ser limitados, siempre que estas restricciones observen “los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática (…) y el principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral” (Caso Yatama). Se ajusta a esta pauta interpretativa lo expresado por el Comité de Derechos Humanos, que en la observación general número 25 dijo que “si el motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un delito, el período de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito y la condena”. De lo anterior, se pueden inferir cinco conclusiones básicas para la aplicación del Artículo 113 constitucional: (i) los derechos políticos pueden ser limitados; (ii) las limitaciones deben cumplir con el requisito de proporcionalidad y legalidad; (iii) el período de la suspensión del derecho de ser electo por haber sido condenado por un delito, debe guardar proporción con el delito y la condena; (iv) el derecho a ser electo solamente puede ser limitado por un tiempo determinado; y, (v) no puede limitarse el derecho de ser electo, hasta que una persona ha sido condenada y vencida en juicio.

La idoneidad y honradez de muchos candidatos está en entredicho y todos quisiéramos que personas con estas características no sean electas, pero esto no habilita aplicar el Artículo 113 constitucional de forma arbitraria. Este precedente daría lugar a que el Tribunal Supremo Electoral decida a su antojo quién es idóneo, capaz y honrado para optar a un cargo público, sin criterios objetivos basados en ley. Hoy los ciudadanos respaldan la gestión del Tribunal Supremo Electoral, pero no olvidemos que la integración de esta institución cambia constantemente y no sabemos quién aplicará en un futuro este artículo y decidirá si los candidatos cumplen con estos requisitos.

Personajes políticos que hoy enfrentan antejuicio como Edgar Barquín, Manuel Barquín, Jaime Martínez, Mario Rivera, Roberto González, y Alfonso Portillo que ya fue condenado, entre otros, probablemente no son de nuestro agrado. Personalmente no votaré por ninguno de ellos, pero vedarles su participación política sin cumplir con los requisitos señalados por numerosos documentos de Derechos Humanos es cavar la tumba de nuestro sistema de gobierno republicano, democrático y representativo.

¿En manos de quién dejamos nuestro derecho de elegir y ser electos? ¿En manos de la ley o de un burócrata del Tribunal Supremo Electoral que puede ser capturado por un régimen autoritario?

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