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Domingo

Por un gobierno de renovación nacional


Edelberto Torres-Rivas

Movimiento Semilla

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¿Por qué decimos que grupos mafiosos han corrompido la democracia en Guatemala? Hay mil razones visibles, evidentes, que golpean a cada momento la conciencia ciudadana. En el poder Ejecutivo, la expulsión de la vicepresidenta encabeza una larga lista de altos funcionarios, civiles, militares, enlodados en la corrupción que da mucho dinero. En el poder Judicial, sus magistrados fueron electos en las estrechas y oscuras comisiones de postulación, y allí hay dignos funcionarios junto a la pudrición en otros que ensucian la Justicia moviéndose de prevaricato en prevaricato. El poder Legislativo reunió esta vez una caterva que no legisla sino negocia en el mercado de la droga, hace política clientelar con una visión patrimonial de su función. Las mafias han corrompido a la democracia.

 

Las elecciones, eje vital de la democracia, se realizarán en un escenario fatal. El financiamiento de la política, afirma la CICIG, es de origen ilícito y los partidos políticos se mueven en un 25 por ciento con recursos provenientes de estructuras criminales. Los límites máximos de gastos de campaña han sido violentados, porque al superarlos violan la Ley Electoral y favorece a uno o dos grupos que acceden al financiamiento criminal. Hay confusión: el candidato vicepresidencial y dos diputados del partido que hasta hace poco era líder en las encuestas, han sido acusados de pertenecer a una red de lavado de dólares. Unos seis diputados están procesados por otros delitos; y otros están en el limbo legal por no cumplir con los requisitos mínimos para participar en las elecciones del 6 de septiembre. Crece la desconfianza y la incertidumbre por la calidad del proceso, los partidos, los candidatos, sus ofertas. Persiste la reelección por parte de numerosos diputados y alcaldes, altamente cuestionados por sus oscuras reconocidas funciones mercantiles vinculadas con el narcotráfico.

 

La democracia así mancillada es víctima de la grave crisis que experimenta el país. Las elecciones del 6 de septiembre no solo no resuelven la crisis, sino que por los rasgos criminales que cruzan el escenario político, la empeoran. Una candidata a Presidenta ha sido autorizada para inscribirse cuando ya era dudosa la decisión. Un expresidente, ahora candidato a diputado del partido al que su nombre le daba fuerza, no ha sido autorizado para inscribirse por no llenar los requisitos que establece el Artículo 113 de la Constitución (…capacidad, idoneidad, honradez…). El candidato presidencial más popular es el que reúne más denuncias y peligros y corre el riesgo de no poder presentarse. Varias razones de nulidad en el proceso son potenciales amenazas a la precaria institucionalidad democrática. En contra de una mayoritaria voluntad expresada en las últimas semanas, las elecciones no se realizarán con la LEPP reformada. Por eso se dice que las elecciones se llevarán a cabo en clima de ilegalidades, temores, amenazas, sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el derecho internacional constitucional, el Pacto de San José.

 

Nunca en este período democrático ha habido tantas debilidades en los partidos y en los candidatos, en la difícil administración de estas elecciones. Mucho dinero ilícito y amenazas de fraude. Si la crisis no se resuelve así, sino que se agrava, ¿para qué queremos elecciones? Le hemos perdido la confianza a este Estado debilitado que no tiene presidente mandando sino esperando. Llamamos a la ciudadanía a reflexionar y a rechazar el proceso electoral que se mueve en este escenario lleno de corrupciones, recursos criminales, candidatos procesados. Los movimientos de masas que cumplen ya 90 días deben seguir manifestándose, pero no solo pidiendo la pérezfuga sino la constitución de un gobierno de renovación nacional. Este es un primer paso para iniciar el rescate de la democracia y del Estado. Se propone establecer de manera pacífica y en el marco de la legalidad que todavía prevalece, un poder Ejecutivo presidido por Alejandro Maldonado Aguirre, nombramiento hecho por el Congreso. Este entregaría el poder a las nuevas autoridades cuando se considere necesario en función de los objetivos que se tracen.

 

No habría violación de la Constitución ya que Pérez Molina sería reemplazado por Maldonado Aguirre; la nueva vicepresidencia sería nombrada por el Congreso, buscando tener un sólido apoyo de la sociedad civil. Se integraría un nuevo gabinete. El gobierno de los PP se terminaría aquí. Esta sería una oportunidad para empezar a buscar un gobierno de unidad nacional, que podría empezar a ordenar al país, avanzando en el desmantelamiento de las redes criminales, un proceso de ordenamiento de la administración pública, un presupuesto para 2016, equilibrado, transparente. Apoyaría las medidas para el funcionamiento democrático del Congreso y para dar autonomía al sistema judicial.

 

Las elecciones del 6 de septiembre no son confiables, no es seguro que arrojen resultados favorables al fortalecimiento de la democracia y el Estado. Solo un Gobierno de Renovación Nacional puede dar confianza y establecer condiciones nuevas para la recuperación de la democracia de quienes la secuestraron.

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