Francisco Rodríguez • frodriguez@elperiodico.com.gt – Jueces, defensa y acusadores aguardaban a que el sindicado apareciera, tenían claro desde el inicio que no llegaría, esperaban al menos ver su imagen proyectada sobre la pantalla y continuar el juicio en su presencia, aunque fuera virtual. La conexión falló, la cámara no pudo transmitir. Establecer el vínculo de comunicación entre la sala de audiencias y la habitación del acusado tardó más tiempo de lo que hubiera tardado ir a buscarlo a su casa, subirlo a una camilla e ingresarlo al edificio de la Torre de Tribunales.

Que un juzgado acepte que el sindicado escuche testimonios y pruebas acusatorias desde la comodidad de su cama, no es de siempre, tampoco, se supone, es un privilegio, fue una medida recomendada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) al evaluar el estado de salud mental de Efraín Ríos Montt.

En el punto 9.5 del dictamen emitido por el Inacif se lee: “Al momento actual [Ríos Montt] no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra… y no es capaz de contribuir en su propia defensa. En consecuencia no es competente para asistir ni atender audiencias judiciales”.

Los detractores del acusado abuchearon el informe, pero no tuvieron más que callar pues estaban ante una prueba científica. Pero el jueves pasado, a la audiencia que Ríos Montt no asistió, el Ministerio Público presentó un análisis de ese dictamen donde encontró contradicciones fuertes. Por mencionar alguna, el médico personal del exmandatario de facto le recetaba fármacos no adecuados para su edad y en dosis mayores a lo necesario. Esto, al momento de hacer la evaluación, afectaba de forma drástica el resultado. La imparcialidad de la institución, en este caso, empezó a ser vista con una ceja levantada.

Corrupción e Inacif no han sido dos términos que suelan escucharse juntos muy seguido, o como dijo una fuente cercana al directorio de la institución, “no se aprovechan porque no hay dinero”. De 2012 a 2013, el presupuesto se redujo y no ha sido aumentado. Pese a las limitaciones, el Inacif se caracteriza por tener una de las mejores unidades de genética a nivel centroamericano, su unidad de acceso a la información fue catalogada como la tercera más accesible a nivel de instituciones del Estado y, en 2014, recibió el Reconocimiento Nacional a la Calidad en la Administración Pública otorgado por el Instituto Nacional de Administración Pública. Pero en 2012, cuando el actual director Nery Cabrera acababa de ser electo, Erick Álvarez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo abordó con una frase “no eras nuestro candidato, pero ahora ya estás aquí”. De la plática salieron dos plazas, una para un allegado de Álvarez, otra para su esposa.

Los alcances del magistrado

Tecpán, Chimaltenango, es un lugar que el exmagistrado Álvarez gustaba visitar, quizás por clima, quizás porque es un lugar donde puede conversar tranquilo sin sentirse vigilado como en la ciudad. Alguna vez se le vio en un restaurante del lugar junto a Londi Valeska Castillo, quien en 2009 fue su asistente y acompañante de viaje a la Cumbre Judicial Iberoamericana, en Brasil.

Lo memorable del viaje de Castillo y Álvarez, este último nombrado presidente de la CSJ hacía pocos meses, fue la factura final: Q129 mil en viáticos. El magistrado justificó la presencia de su asistente debido a la necesidad de una traductora. Las conferencias de la cumbre se desarrollaron en español, los organizadores pagaban boleto y hospedaje, el evento solo duró tres días, el viaje de ellos tomó diez. Durante su mandato de un año tuvo otros señalamientos similares.

Durante el proceso del que resultó ser electo Nery Cabrera como director del Inacif, Álvarez tenía una posición sólida pero discreta ante la vista pública. La hoy fiscal general Thelma Aldana presidía entonces la CSJ y, por ley, también el Consejo Directivo del Inacif, ente encargado de elegir a su director. Aunque fue Aldana quien otorgó su voto para elegir a Cabrera, Álvarez era el suplente designado por la CSJ para dirigir el Consejo.

Fue también en Tecpán donde, según concuerdan distintas fuentes, Álvarez sostuvo una conversación con Nery Cabrera cuando recién había sido electo director del Inacif. “La presión que el magistrado podía ejercer sobre Cabrera es que presidía el Consejo, el cual es directivo, no consultivo. Eso quiere decir que para poder tomar cualquier decisión Cabrera tenía que tener el aval de ellos”, complementaría una de las fuentes que pidió su anonimato. El Consejo Directivo del Inacif también está compuesto por el Ministro de Gobernación, el director de la Defensa Público Penal, el Fiscal General del Ministerio Público y los presidentes de los Colegios de Abogados, Médicos y de Químicos.

Dos contratos pidió, la continuidad de su allegado Héctor García Moya y el de su esposa, Ana Gabriela Rodríguez Morales. El portal de Guatecompras registra contratos para ambos bajo el renglón 029, es decir, en calidad de asesores. El sueldo de García Moya es de Q22 mil mensuales, Rodríguez Morales devenga Q17 mil.

El director Cabrera se torna molesto cuando se le cuestiona respecto de esta conversación, asegura que no tiene lógica, pues ambos trabajan en la institución desde antes que él ingresara. Durante su explicación, el Director reiteraría la transparencia de su gestión y cómo, desde el inicio, buscó una mejora salarial para sus empleados del 20 por ciento y una reducción de la jornada laboral para igualarla con la del Organismo Judicial y el MP. “Y eso es algo que no le dicen sus fuentes, solo quieren señalar lo malo”, recalca.

La Unidad de Información envió posteriormente los contratos de Rodríguez, la esposa de Álvarez, desde 2008, aunque por ley debían estar colgados en el portal, aseguran que esa fue una deficiencia de la administración anterior. Con estos documentos corroboran que laboró estos años, pero el año que Cabrera asume la dirección ella tuvo un aumento salarial. Pasó de Q12 mil a Q17 mil, es decir, un incremento del 41 por ciento, el doble que el resto de los trabajadores del Inacif.

Un tercer asesor amplía el mapa de influencias sobre la institución. También bajo el renglón 029 dentro de sus nóminas está Augusto Eleázar López Rodríguez con un sueldo de Q20 mil mensuales desde 2012 a la actualidad. En 2014, López fue electo magistrado suplente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). De acuerdo con el vocero del TSE, la calidad de su puesto no exige una relación laboral de tiempo completo pues, como su nombre lo dice, solamente es suplente y recibe un pago por concepto de dietas proporcional a las reuniones a las que asiste.

Esta condición no le impide tener una relación laboral con otra institución del Estado, no obstante, como explica Carmen Aída Ibarra del Movimiento Pro Justicia, organización que estuvo cercana al proceso de elección de director del Inacif en 2012, el magistrado López es una persona que es de conocimiento público ha sido impulsada por el abogado José Alfredo Cabrera, o Freddy Cabrera, operador político del Partido Patriota dentro de las Comisiones de Postulación y presidente del Colegio de Abogados, este último cargo le otorgaba por ley un voto dentro del Consejo Directivo del Inacif que eligió al actual director, Nery Cabrera.

“Él [Freddy Cabrera] no quería al doctor Nery Cabrera, tenía otros intereses. El asunto es que el magistrado Eleázar responde al grupo del decano, podría ser la cuota que pidió Freddy. Eleázar siempre fue impulsado por él, incluso insistió en que fuera postulado como candidato a la CSJ en 2014”, complementa Ibarra. El contrato de López inició meses después que el director asumiera.

El vocero multifuncional

Como en una película proyectada en su versión con comentarios del director el vocero de la institución, Roberto Garza, acotaba las respuestas de su jefe Nery Cabrera. El 20 de marzo pasado Guatevisión publicó el reportaje De día con el Gobierno, de noche con Lider donde explicaba las actividades de comunicación política que Garza realiza para el candidato a diputado, Jorge García Silva, electo por la agrupación Viva donde fue subjefe de bancada, posteriormente se mudó a Todos y actualmente compite por Lider por la tercera casilla del distrito central.

En esa ocasión, Garza aceptó sin intentos de disimulo su afiliación partidaria, “yo no puedo discriminar a nadie por su religión o afiliación política”, complementa ahora el director Cabrera. El vocero aseguró en el mencionado reportaje que dejaría el Inacif el 2 de mayo, cuando oficialmente iniciara la campaña política.

Garza no solo no dejó de ser vocero en el Inacif, donde devenga un sueldo de Q16 mil 800 mensuales, sino que el siguiente mes renovó otro contrato como asesor jurídico en el Organismo Judicial por Q8 mil 450 mensuales. Se le pregunta si eso no interfiere con sus labores tener que estar en dos instituciones.

– Mi trabajo en el OJ es por las mañanas, puedo mostrarle mis informes de labores.

– Pero para las 11:00 horas usted estaba aquí en el Inacif

– Es que vine corriendo para atenderlo a usted.

Estos cuatro contratos se suman a otros cuestionamientos laborales que padece actualmente el Inacif. El jueves de la semana pasada un grupo de trabajadores salió a manifestar para exigir la aprobación del sindicato. Esta agrupación laboral fue aprobada por el Ministerio de Trabajo en diciembre de 2014 y publicado en el Diario de Centro América el 16 de junio pasado. No obstante, el abogado del Inacif interpuso un amparo para evitar la conformación del mismo. El vocero Garza explica que ellos no están en contra de los trabajadores, y que si el recurso fue interpuesto fue debido a que consideraban que la agrupación no era representativa, pues solo contaba con el mínimo de miembros requeridos.

Durante los cuestionamientos hacia Garza, el director Cabrera se había abstraído en su teléfono celular. Cuando se le pide su opinión respecto de los contratos del vocero, le resta importancia y recalca en que, pese a que él cumple con todos los requisitos para ser director, y que tiene que administrar una institución con un presupuesto tan corto como el que tienen, una información de este tipo viene a tirarle la credibilidad por los suelos en un segundo. “Si usted me investigó, sabe que soy idóneo para el puesto”, asegura.

Las tablas de calificación para optar al cargo de director lo confirman, del total de aspirantes, fue el mejor punteado. La entonces fiscal general, Claudia Paz y Paz, le dio su voto, en consecuencia, también se lo otorgó la entonces presidenta del OJ, Thelma Aldana.

“Estamos viendo que el sistema se tragó al doctor Cabrera” –asegura Ibarra de Pro Justicia– “en quien había muchas esperanzas por tener el mejor perfil y capacidad, llenaba los requisitos de honorabilidad. Pero si se determina que se prestó a los grupos tradicionales que trafican dentro de las instituciones, asistiríamos al desprestigio del Inacif, una entidad muy joven, fundamental para que en los juicios no dependiéramos de testigos que podían después ser comprados o amenazados. Viendo lo que sucedió el jueves pasado con el juicio por genocidio, queda en duda la garantía de la prueba científica”.

Respecto de los contratos de Garza, Óscar Vásquez, de Acción Ciudadana, considera que si bien no es ilegal, es un abuso que los 029 tengan varios contratos cuando estamos en un Estado donde la Policía Nacional Civil no tiene para gasolina, “vemos funcionarios con varios puestos vinculados a partidos políticos como Lider, que no se ha caracterizado precisamente por promover la independencia”, concluye.

Tanto el magistrado Álvarez como el abogado Cabrera ya no están en los cargos desde los que ejercieron presión, y esto es algo que el mismo director señala para romper vínculos de influencia, no obstante, las huellas de sus presiones quedaron registradas en los contratos. La razón por la cual los asesores siguen ahí la desconocen los mismos informantes, por otro lado, recalcaban mucho que la plaza de Rodríguez Morales, la esposa de Álvarez, en realidad era fantasma.

La unidad de información atendió rápidamente las solicitudes de los contratos mencionados. Aunque en cada correo se solicitaban los informes de labores de Rodríguez, documento necesario para justificar su pago, no respondieron al respecto. Al cierre de esta edición los informes no fueron enviados.