Un sector significativo de la ciudadanía expresa su creciente indignación ante la insistencia de llevar a cabo, en estas condiciones, un proceso electoral que no garantiza el desmantelamiento del actual Estado corrupto. A los ojos ciudadanos, se hace evidente que la mafia política y los grupos oligárquicos solo aspiran a reparar el burdo sistema de bambalinas que les ha permitido disimular la lógica hacendaria y delincuencial que ha regido nuestra vida nacional desde el siglo XIX.

La experiencia histórica de la ciudadanía la hace consciente de que el poder oligárquico precisa de la materia oscura de la corrupción para que sus intereses configuren políticas públicas que no se enfilan hacia el bien común. Esto ha quedado evidenciado en el reciente informe sobre financiamiento de partidos políticos presentado por la CICIG hace algunos días, el cual demuestra que la oligarquía nacional, incluso los sectores con proyecciones transnacionales, se involucran en el juego de las mafias políticas. Franklin D. Roosevelt tenía razón, cuando afirmaba, en 1936, que “un gobierno del dinero organizado es tan peligroso como un gobierno de la mafia organizada”.

Vista desde esta perspectiva, la actual crisis de Estado no puede limitarse a un enorme escándalo de corrupción gubernamental: no se trata tan solo del rechazo de una clase gobernante cegada por una alucinante vocación por la degradación. Un proceso electoral, aun concebido en términos puramente procedimentales, pierde visos de legitimidad ante la falta de credibilidad ciudadana. Como lo afirmó Norberto Bobbio, la democracia procedimental no tiene sentido si no se apela a los valores y a la ciudadanía activa, la cual prefiere la virtud al miedo. La pregunta es simple: ¿Cómo puede una ciudadanía activa respaldar un proceso electoral que solo asegura la oxigenación de las mafias que han capturado el Estado?

Cae de suyo que, en estas condiciones, un evento electoral sin nuevas reglas que garanticen su pureza, carece absolutamente de sentido. Reconocer este punto no equivale a caer en ningún tipo de atentado a la institucionalidad o una apología del delito, como quieren hacerlo creer los grupos más conservadores, los cuales arropan sus argumentos dentro del positivismo más crudo. En un contexto como este, las discusiones ciudadanas ya se ocupan de plantear cómo cambiar el sistema, cómo hacerlo responder a las legítimas aspiraciones de una sociedad que quiere preservar la posibilidad de un futuro.

El contexto arriba descrito permite comprender la oposición de las elites económicas y sus operadores mafiosos al movimiento ciudadano que ha planteado reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, especialmente los que se han tomado lugar dentro de la Plataforma para la Reforma del Estado promovida por la Usac. Cabe señalar que este movimiento ha optado por transitar pacíficamente dentro de los cauces institucionales disponibles, no por debilidad o falta de alternativas, sino tan solo porque no quiere dar lugar a que las fuerzas oscuras de nuestra historia pueden encontrar en el creciente conflicto político una oportunidad para reactivarse.

En este sentido, quizás a los defensores de la institucionalidad más rígida, pueda tranquilizarles que entre los principios que rigen la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos, se encuentra aquel que dicta que a los ciudadanos les corresponde “velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral”.

En la presente coyuntura, pues, el movimiento ciudadano exige las reformas electorales que puedan garantizar, en la inmediatez de las circunstancias, un proceso electoral con un grado mayor de legitimidad. Si estos cambios entran en vigencia hasta el siguiente proceso electoral, no alcanzaremos el Estado legítimo que se precisa para afrontar crisis sociales y ambientales, largamente anunciadas, que ya adquieren rasgos de emergencia. Ni siquiera las políticas de inversión basadas en la más cruda competitividad estarán a salvo.

La miopía de estos poderosos grupos es tan alarmante que les impide identificar los múltiples factores que pueden hacer que las elecciones, en las condiciones presentes, puedan constituirse en el evento que desate un conflicto de dimensiones inimaginables. La judicialización de la política, la politización de la justicia, la movilización espuria de multitudes acarreadas y el cinismo de la clase política pueden terminar promoviendo un estado caótico, el cual terminará consumiendo a sus promotores. Por lo demás: ¿Qué nivel de legitimidad podría reclamar un Gobierno que sea electo en estas condiciones?

Afortunadamente, el sujeto político que se está estructurando a través de la Plataforma es capaz de responder a las cambiantes circunstancias de esta crisis. Esta Plataforma sabe que navega en una coyuntura que se transforma con increíble rapidez; su estructura democrática, sin embargo, la hace capaz de articular las demandas ciudadanas. La negativa irracional a tomar en cuenta las demandas de esta instancia, solo achica la ventana de oportunidad que permite cada momento de la coyuntura. Si como lo hace ver Edgar Gutiérrez, la crisis se mueve con su propio combustible, las demandas pueden llevar hasta una suspensión inevitable del proceso electoral.

Jorge Mario Rodríguez Martínez es Doctor en filosofía por la York University y Profesor de posgrado en la Usac.