Postergar las elecciones no es la solución. La revelación de los casos de corrupción, descubiertos a raíz de las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, han desencadenado una serie de reacciones en el seno de la ciudadanía. Una de ellas es la solicitud de algunas organizaciones, que se pronuncian en nombre de la sociedad, de retrasar la fecha de las elecciones que se llevarán a cabo en septiembre de este año. Esto, con el objetivo de reconstruir un Estado que actualmente se encuentra cooptado por redes de corrupción. Asimismo, se pretende lograr que algunas de las reformas propuestas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que permitan facilitar la participación de candidatos “más idóneos”, entren en vigencia en el proceso actual.

Sin embargo, la búsqueda de alternativas radicales e ilegales, parecen no sustentarse en un análisis crítico y objetivo que identifique las falencias reales de nuestro gobierno. Como una contribución a dicho razonamiento, el reconocido politólogo y académico Samuel P. Huntington presenta –en su libro El orden político en las sociedades en cambio– una de las mejores explicaciones a las insolvencias que observamos en nuestro sistema. Huntington señala que el elemento más importante que caracteriza a los regímenes estables no es su forma de gobierno, sino el grado de gobierno con que cuenta, el cual se refiere a la eficacia con que funciona un sistema. Asimismo, afirma que el cambio social acelerado, la ligera movilización de nuevos grupos, tanto como el desarrollo prematuro de las instituciones, son las causas principales de la ingobernabilidad y la violencia.

La caracterización realizada por Huntington nos demuestra cómo Guatemala encaja en la definición de sistemas políticos frágiles e ineficientes. Cuando se habla de una crisis del sistema, es inevitable observar cómo en realidad la inoperancia del gobierno se debe, en gran medida, a la ausencia de instituciones sólidas y coherentes. Estas debilidades también nos brindan una explicación acerca de por qué nuestra democracia se encuentra en crisis. Sin embargo, es preciso comprender también que nuestro sistema es el resultado de una serie de acontecimientos históricos que han marcado el desenvolvimiento institucional. Con esto, me refiero a la herencia irremediable del sistema fallido implantado en estas latitudes desde la colonia; es decir, a la práctica patrimonialista como regla para acceder a la riqueza del Estado.

La generación de cambios estructurales dentro de nuestro sistema depende, en gran medida, de una identificación precisa de la problemática. El desconocimiento de la misma puede llevarnos a plantear soluciones inmediatas pero poco efectivas. Si no existe un plan concreto no debe atentarse en contra de la poca institucionalidad que existe en el país. Que los deseos de los ciudadanos por asumir un rol más participativo dentro de su República, más allá del sufragio, no frustren los pequeños logros alcanzados en materia de institucionalidad. Lo poco que queda de nuestra democracia encontrará su fin, si quienes pretenden transformar el Estado no ven como objetivo primordial el fortalecimiento de un Estado republicano, democrático y verdaderamente representativo.

Promover movimientos “revolucionarios”, como la suspensión de las elecciones que deben llevarse a cabo este año, únicamente traería consigo aún más desorden y acabaría por deslegitimar los logros de la lucha ciudadana. Un Estado efectivo y funcional –aquel que cuenta con instituciones fuertes, legitimadas y respetables; aquel en que el ciudadano se encuentra representado todos los días y no solo cuando emite su voto, en el que se respeta el Estado de Derecho y en el que los gobernantes son electos por mérito y no por compadrazgo– solo se construye realizando reformas estructurales a nuestra sociedad y nuestro sistema, no derrumbándolo.

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