sábado 18 septiembre 2021
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Dos décadas después de los atentados del 11 de septiembre, perpetrados mayoritariamente por sauditas, el reino ultraconservador de Arabia Saudita se esfuerza en proyectar la imagen de un país abierto y tolerante con una serie de reformas económicas y sociales.
Los atentados reivindicados por la red yihadista Al Qaida causaron cerca de 3 mil muertos. Tras un tiempo de crisis, Arabia consiguió volverse a acercar a su aliado estadounidense.
El rico país del Golfo, primer exportador de petróleo bruto en el mundo y socio desde hace años de Washington, negó cualquier implicación en los ataques, a pesar de que 15 de los 19 autores eran ciudadanos sauditas.
Pero ha sido en estos últimos años, bajo el impulso del príncipe heredero Mohamed bin Salmán, que el reino lanzó varias reformas para salir de la dependencia del petróleo y modernizar su imagen, acusado de exportar una doctrina sunita wahabita rigorista.
Hoy en día, las mujeres están autorizadas a conducir, los cines reabrieron y los conciertos pop pueden ser mixtos.
Estas reformas constituyen “una de las consecuencias a largo plazo” del 11 de septiembre, estima Yasmine Farouk, investigadora en el centro de reflexión Carnegie Endowment for International Peace.
Según las familias de las víctimas de los ataques, varios documentos secretos podrían contener pruebas de que el gobierno saudita tenía vínculos con los autores. El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que pronto serían desclasificados.
El miércoles, la embajada saudita en Washington se congratuló del anuncio y reiteró “el apoyo desde hace tiempo” de Riad para esta operación, con el fin de “poner fin de una vez por todas a las acusaciones sin fundamento contra el reino”.
Para Yasmine Farouk, el mundo tiene que tratar con “una nueva Arabia Saudita”. Con la ascensión del príncipe heredero, se han llevado a cabo cambios casi inimaginables antaño en este país ultraconservador.
El gobierno ha relegado la policía moral, que sacaba a los clientes de los centros comerciales a la hora de las plegarias, o impedía que hombres y mujeres se reunieran en el mismo lugar.
También las tiendas y los restaurantes pueden permanecer abiertos durante las cinco oraciones diarias.
El reino es “un lugar totalmente diferente y mucho mejor”, estima Ali Shihabi, consejero del gobierno saudita.
Según él, estos cambios han impactado en “las estructuras y redes del islam radical en el país. Las reservas de jóvenes sauditas adoctrinados por el islam reaccionario se reducen rápidamente”.
Pero, para Yasmine Farouk, estas reformas “no son suficientes” para erradicar el extremismo, debido a la ausencia de diálogo con la sociedad.
“El diálogo es muy importante para llegar a los objetivos, en lugar de imponer los cambios a la gente”, señala.
Las reformas sociales no han supuesto, sin embargo, el fin de la represión contra la oposición y el militantismo de la sociedad civil, con un régimen especialmente hostil al debate público.
Las oenegés internacionales han elogiado estas reformas, pero siguen denunciando la represión brutal contra las voces críticas, como la encarcelación de las activistas feministas o el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Y pese a las reformas, persiste el radicalismo en la sociedad.
Para Kristin Diwan, del centro Arab Gulf States Institute en Washington, los cambios tendrían que hacerse en el sistema educativo, asociados al wahabismo.
“Reformar todo el sistema educativo –programas, docentes, instituciones– es una tarea colosal, como crear de nuevo la sociedad”, explica.
Actualmente, las autoridades revisan los libros escolares que denigran a los no musulmanes y el ministerio de Educación anunció que trabaja en un nuevo programa que promueve “los valores de libertad de pensamiento y tolerancia”.
En 2018, el príncipe Mohamed declaró que quería suprimir todos los elementos “extremistas” del sistema educativo.
“No hay duda de que la intención está, pero la puesta en marcha llevará tiempo”, constata Kristin Diwan.
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Redaccion/elPeriódico*
Varias personas expresaron su molestia por los bloqueos, los cuales han impedido que hagan sus actividades laborales o realicen trámites en la ciudad capital.
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