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Indígenas hondureños instalan campamento en espera de justicia para ambientalista Berta Cáceres


Un tribunal de sentencia inició en la CSJ el pasado 7 de abril el juicio contra Castillo, expresidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como supuesto autor intelectual del asesinato de la reconocida activista.

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Decenas de miembros de movimientos indígenas y populares hondureños permanecían este miércoles en un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en espera de la sentencia contra uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato de la emblemática ambientalista Berta Cáceres.

Los representantes de comunidades indígenas y negras llegados del interior del país a la capital se reunieron la noche del martes con integrantes de organizaciones sociales e instalaron, bajo árboles, tiendas de campaña con colchonetas, fogones de cocina y una manta con la leyenda “Campamento Feminista Viva Berta”.

“Muchas de las personas de la comunidades lencas, garífunas, chortís, tolupanas, mestizas se acercan para atestiguar el proceso de justicia para nuestra compañera y hermana Berta Cáceres”, dijeron en un comunicado los organizadores, que también construyeron un altar con flores y fotos de Cáceres frente al portón de la CSJ.

Aseguraron que el campamento organizado –“en forma indefinida”– por la Red de Derechos Humanos, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) es para “la búsqueda de justicia, que en este caso se expresa a través de juicio oral y público contra David Castillo”.

Un tribunal de sentencia inició en la CSJ el pasado 7 de abril el juicio contra Castillo, expresidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como supuesto autor intelectual del asesinato de la reconocida activista, ejecutado la medianoche del 2 de marzo de 2016 en la comunidad de La Esperanza, en el oeste del país.

El crimen causó una gran conmoción entre los defensores del ambiente de varios países del mundo y organismos como el Senado y el Congreso de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Cuatro sicarios y tres personas que los contrataron fueron sentenciadas a 50 y 30 años de cárcel, respectivamente, por el asesinato cometido contra la coordinadora del Copinh, ejecutado por impedir con manifestaciones indígenas la construcción de una represa hidroeléctrica por parte de DESA en el río Gualcarque.

La fiscalía y la parte acusadora privada, la familia y el Copinh, han presentado en el juicio –que aún no concluye– vaciados de teléfonos que implican a Castillo con los siete sentenciados y adinerados banqueros socios de DESA.

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