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Vacunación: ¿objetivo de todos?


Sobre la adquisición de vacunas por parte de Guatemala no hay noticia.

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Asumo que es un asunto de interés nacional, el de lograr en el menor tiempo posible la vacunación del número de habitantes requeridos para alcanzar la denominada “inmunidad de rebaño” (un 80 por ciento de la población) como condición necesaria para liberar restricciones y “desescalar” medidas preventivas para el combate al COVID-19, objetivo de país que plantea desafíos cuantificables con la aplicación de la simple aritmética; además, el alcance de esa meta requiere de esfuerzos que implican no solo la disponibilidad de dosis de vacunas en cantidad suficiente, sino que de la logística y de la capacidad instrumental y humana para lograr vacunar diariamente al mayor número de personas posible, lo que a su vez precisa de la concertación de esfuerzos no solo estatales, sino de la cooperación y disciplina de todos.

Otros países, tales como Israel, Chile, Estados Unidos e incluso Costa Rica y El Salvador, entre otros muchos alrededor del orbe terrestre, han logrado importantes avances en ese objetivo; sin embargo, el tamaño de la población objetivo, la capacidad de compra y la disponibilidad de vacunas, así como la capacidad instalada y los arreglos logísticos para que estos planes funcionen, requieren recursos y capacidades que deben articularse para lograrlos satisfactoriamente en el menor tiempo posible.

Para el caso de Guatemala, debe tenerse en mente que somos poco más de 17 millones de habitantes, lo que implica que para alcanzar la “inmunidad de rebaño” sería necesario vacunar a por lo menos 13.6 millones de personas, cifra que se constituye en el objetivo a perseguir y que de hecho determina los esfuerzos que hay que realizar para disponer de igual número de dosis, de instrumentos, recurso humano y logística, amén de una planificación cuidadosa de todo el proceso.  Todo comienza con las gestiones para adquirir los 13.6 millones de dosis, lo que se ha convertido en una tarea compleja, dada no solo la insuficiencia de la producción mundial, sino también la multiplicidad de opciones de vacunas que con el tiempo han surgido y por lo que se ve, seguirán surgiendo con nuevas marcas y países que logran desarrollar y obtener vacunas que protejan del COVID-19 y sus diversas cepas actuales y futuras.  

Sobre la adquisición de vacunas por parte de Guatemala no hay noticia, dada la restricción de información pública exigida por los proveedores; por tanto, no se sabe ni cuánto ni cuándo se dispondrá de las dosis necesarias, ni de las opciones que podrían requerir procedimientos diferenciados que hacen complejo el proceso de aplicación, manejo, transporte y almacenaje.  Y, en cuanto a los tiempos, suponiendo que se inicia el 1 de abril formalmente un plan de vacunación, se necesitarían (al ritmo de 10 mil vacunados diarios) 1,360 días a partir del día uno para lograrlo, casi cuatro años.

Si se quisiera alcanzar el objetivo en 12 meses, sería necesario vacunar a 37 mil 500 personas por día, lo que plantea la pregunta sobre la capacidad instalada del sistema de Salud Pública, el que, de no ser suficiente, exigiría un planteamiento de cooperación “público-privada” que permita alcanzar los objetivos en el menor tiempo posible.

Sería muy deseable un acuerdo nacional que viabilice un plan de emergencia que alcance la “inmunidad de rebaño” lo antes posible, para bien de todos.

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