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OEA recomienda a Guatemala adoptar de forma urgente medidas que garanticen la transparencia en el ejercicio gubernamental


La misión especial de la OEA hizo recomendaciones relacionadas al combate a la corrupción, la transparencia en la administración pública, la inclusión de la ciudadanía en en procesos de formulación de planes de desarrollo y del presupuesto, entre otras.

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La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) dirigida por Fluvio Pompeo, ex Secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina, publicó un documento sobre la situación política y social de Guatemala a partir de entrevistas que sostuvieron con distintos sectores a finales del año pasado. 

La comitiva visitó el país del 27 de noviembre al 2 de diciembre por solicitud del presidente Alejandro Giammattei, quien invocó la Carta Democrática Interamericana debido a las múltiples protestas contra su gobierno. 

La primera recomendación de la misión para fortalecer la institucionalidad democrática en Guatemala está relacionada a la percepción sobre corrupción e impunidad. La entidad aconsejó fomentar la integridad y responsabilidad de los funcionarios públicos a partir de una Ley del servicio civil y reformas electorales. 

Así como garantizar una adecuada investigación, enjuiciamiento y sanción de los actos de corrupción y evaluar la asignación presupuestal a las instituciones encargadas de la administración de justicia. 

También recomendó procurar que los mecanismos de acceso a la información promuevan la rendición de cuentas y la transparencia y tomar medidas urgentes que garanticen la transparencia en el ejercicio gubernamental, la prevención de la corrupción y la provisión efectiva de servicios públicos.

Permitir la participación de la ciudadanía en la fiscalización del Estado e incluir a la sociedad civil en procesos de formulación de planes de desarrollo y del presupuesto cuya discusión y aprobación en el legislativo debe ser transparente. 

La OEA también instó al Congreso de la República de Guatemala a que efectúe a la brevedad posible un proceso transparente de designación de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones y garantizar un proceso adecuado de selección y nombramientos de la Corte de Constitucionalidad, que garantice su independencia. 

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