El gobierno de Donald Trump paralizó la extradición del exlíder paramilitar colombiano Salvatore Mancuso a Italia y ahora corre el riesgo de ser enviado a Colombia, a lo cual su defensa respondió este lunes pidiendo que Estados Unidos «detenga todos los procedimientos migratorios».

Mancuso -uno de los máximos líderes del grupo desmovilizado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que también tiene nacionalidad italiana- es solicitado por Bogotá y defensoras de los derechos humanos exigen su regreso al país suramericano para esclarecer los múltiples y atroces delitos de los paramilitares.

El exlíder paramilitar cumplió en Estados Unidos una condena por narcotráfico, tras lo cual estaba en detención migratoria y debía ser expulsado a Italia a más tardar el 4 de septiembre.

En una audiencia el 24 de agosto, los abogados del gobierno estadounidense habían fijado esa fecha como límite para su deportación, pero el fin de semana su defensa recibió una sorpresiva notificación de que su traslado a Italia en estos momentos es «perjudicial para Estados Unidos».

Su defensa pidió este lunes una audiencia inmediata y una «suspensión de cualquier acción migratoria».

Mancuso fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia en 2008 y se declaró culpable de narcotráfico.

Tras cumplir su condena, no tenía deudas penales en Estados Unidos y estaba detenido en una prisión migratoria.

Sus abogados pidieron su expulsión hacia Italia, ya que afirman que está «aterrado» con la posibilidad de volver a Colombia.

«La notificación fue entregada sin explicación, no citó ninguna petición de Colombia ni una orden de extradición y además no explicó por qué la expulsión a Italia sería ‘perjudicial’ para este país», expresó la defensa.

«Graves deudas pendientes»
Bogotá pidió el 20 de agosto la extradición de Mancuso y entonces el presidente colombiano, Iván Duque, señaló que el exlíder paramilitar «tiene graves deudas pendientes con la justicia» de su país.

Mancuso fue sentenciado en 2012 a 24 años de cárcel por la matanza de 19 personas en 1998.

Pero dado que se plegó a ley de desmovilización Justicia y Paz que lanzó el gobierno de Álvaro Uribe (2002-10), sólo cumpliría un máximo de ocho años de prisión.

Antes de ser extraditado a Estados Unidos, Mancuso colaboró con los jueces, por lo que organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos exigen su regreso a Colombia para esclarecer los múltiples y atroces delitos de los paramilitares.

Un tema clave de su testimonio son los vínculos de grupos paramilitares con políticos y empresarios.

Pero la defensa señaló que el cambio en su destinación es «preocupante» y genera muchas interrogantes.

«Es inconcebible que el gobierno de Estados Unidos decidiera que el traslado del peticionario a Italia es perjudicial y que su deportación a Colombia es apropiada en cosa de horas», indicó la defensa.

La defensa de Mancuso tiene ahora la opción de pedir asilo en Estados Unidos y la notificación estipula que tiene un plazo de 14 días para expresar cualquier «temor de persecución» en su país de destino.

Por el momento, sus abogados pidieron su traslado a Washington desde la prisión migratoria donde está recluido en el estado de Georgia, un centro ubicado muy cerca del aeropuerto internacional de Atlanta.