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Nacionales

Los 20 guatemaltecos incluidos en la Lista Engel


Blanca Stalling

Sindicados en el caso IGSS Pisa solicitaron a traves de sus abogados ante la Sala Tercera de Apelaciones, levantar el embargo de cuentas bancarias vinculadas al proceso.

Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) separada del cargo por un proceso penal que se inició en su contra por supuesto tráfico de influencias. La funcionaria judicial goza de arresto domiciliario y ha logrado suspender la audiencia para resolver si enfrentará o no juicio en al menos 15 ocasiones. Fue denunciada por el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda en 2017, luego que la togada buscara influir en él para que se otorgara el arresto domiciliario a su hijo Otto Molina Stalling, cuando estaba procesado y en prisión por el caso IGSS-Pisa. 

Ya había sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos y tenía prohibido ingresar a ese país. 

Felipe Alejos

Diputado y ex primer secretario del Congreso por la Bancada TODOS. La FECI lo sindica del delito de tráfico de influencias y presentó antejuicio en su contra, pero este ha sido rechazado en cuatro ocasiones por los magistrados de la CSJ, pese a distintas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que han ordenado conocer nuevamente y retirar la inmunidad al parlamentario. 

El MP señala a Alejos de haber integrado una supuesta organización criminal que se benefició de sobornos para agilizar el trámite de devolución del crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). 

Delia Bac

Exdiputada del Congreso. La Fiscalía contra la Corrupción solicitó que fuera citada a audiencia de primera declaración en un Juzgado Penal de Sacatepéquez. La investigación estableció que el Consejo de Desarrollo de Sacatepéquez aprobó la construcción de una carretera que lleva del kilómetro 46.5 de la Ruta Interamericana hacia el Spa de la familia Bac. 

La excongresista ha impedido que el proceso continúe y ha presentado acciones legales para retrasar la diligencia en la que debe solventar su situación legal. Bac ya enfrenta una sanción de Estados Unidos y no puede ingresar a ese país por sus vínculos con actos de corrupción. 

Florencio Carrascoza


Alcalde de Joyabaj, Quiché, desde 2008. Ha enfrentado seis antejuicios por diferentes señalamientos. Estuvo vinculado en los disturbios ocurridos el 24 de agosto de 2020 que dañaron el edificio municipal. En 2003 participó en la planilla de Nery Horacio Gil Herrera, como candidato a concejal I
con el Frente Republicano Guatemalteco. Ha ganado con agrupaciones como el FRG, UNE-Gana, Lider y UNE.

Vecinos lo han denunciado por corrupción y afirman que existen inconsistencias financieras, gastos excesivos en combustibles, anomalías en un proyecto de construcción de estufas mejoradas y pagos que benefician a su hermana. 

Álvaro Colom 

Presidente de Guatemala de 2008 a 2012. Enfrenta proceso penal y permanece con arresto domiciliario por su vinculación en el caso de corrupción por supuestas irregularidades en los fondos asignados para la implementación del servicio de transporte prepago. La FECI señala que en el gobierno de la UNE defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval US$35 millones a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. 

El exmandatario aún espera la audiencia en la que se resolverá si enfrentará o no juicio. Lo extraño es que quien fungió como presidenta de facto fue Sandra Torres, quien a la fecha continúa sin sanciones. 

Manuel Duarte

Magistrado de la CSJ llegó al cargo en sustitución de la magistrada Elizabeth García, quien falleció el 4 de agosto de 2018. Su designación fue criticada ya que afrontó un proceso penal por delitos de anticipación de funciones e incumplimiento de deberes; sin embargo, el caso en su contra fue sobreseído. Según consta en un acta de pleno de los magistrados de la CSJ, Duarte fue quien evaluó pedir un informe jurídico por la autorización de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, para allanar el Juzgado Tercero Penal, a cargo de Mynor Moto.

Además, ha votado en diferentes ocasiones para mantener la inmunidad al diputado Felipe Alejos. 

Boris España 

Diputado del Congreso de la República por la bancada TODOS, la FECI lo sindica en el caso denominado Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo, relacionado con los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, violación a la Constitución y lavado de dinero. La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados para que aprobaran determinadas leyes. La FECI también buscó investigarlo por presuntamente integrar una red criminal que habría sustraído por lo menos Q50 millones del Ministerio de Salud. España tiene prohibido el ingreso a EE. UU. 

Mario Estrada 

Fue candidato a la Presidencia por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN) y en 2019 fue capturado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y un supuesto plan para atentar contra la exfiscal general Thelma Aldana, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y el exfiscal de delitos electorales Óscar Shaad. Fue apresado junto a Juan Pablo González Mayorga. Ambos enfrentaron cargos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y conspiración para usar y transportar ametralladoras.

Ya fue sentenciado en EE. UU. por buscar financiar su campaña electoral con dinero del cartel de Sinaloa de México.

Raúl Falla

Abogado de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) que ha presentado denuncias contra operadores de justicia que combaten la corrupción e impunidad en el país. Se le señala de retrasar u obstruir procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. 

Falla es abogado querellante en el proceso penal que se sigue contra la exfiscal general del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, por las supuestas irregularidades en la compra de un edificio en el que funcionarían fiscalías del ente investigador.

Moisés Galindo

Abogado de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y que enfrenta proceso penal en el caso conocido como Caja de Pandora. La FECI lo señala de haber integrado una supuesta red que operó en el Sistema Penitenciario y la Municipalidad de Guatemala. Como defensor de militares, habría recibido una camioneta como pago por servicios profesionales, la FECI en su investigación estableció que la misma fue producto de las actividades irregulares que realizaba Byron Lima. 

Galindo se encuentra en prisión preventiva y está a la espera de comenzar juicio por el delito de lavado de dinero. También presentó denuncias contra la jueza Erika Aifán.

Juan Carlos Godínez Rodríguez

Abogado y exintegrante de la Comisión Postuladora de 2014 que fue la encargada de seleccionar a los magistrados de la CSJ. Se le señala de socavar los procesos o las instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de magistrados. Según la investigación de la FECI, pudo existir un proceso de manipulación de actores externos al proceso de postulación, para que fueran designados los magistrados que tomaron posesión de la CSJ en 2014. Participó en el actual proceso de elección de Cortes, pero fue excluido.

Gustavo Adolfo Herrera Castillo

Político y empresario, es conocido por ser un operador que habría influido desde las Comisiones de Postulación en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de apelaciones. También está señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en el caso Fénix, por un supuesto lavado de dinero producto de la sustracción millonaria del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2002. Tiene vigente una orden de aprehensión autorizada por la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán. 

Herrera Castillo no ha sido capturado porque tiene asilo político en Nicaragua.

Ricardo Rafael Méndez Valdez

Presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FTC). Intentó retrasar u obstruir los procesos penales contra militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. Ha presentado denuncias penales en el MP contra operadores de justicia que trabajan contra la corrupción e impunidad en Guatemala. 

Fue denunciado por el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, por simulación de delito y obstaculización de la acción penal. 

Mynor Moto

Estuvo a cargo del Juzgado Tercero Penal y resolvió diferentes casos a favor de personas que eran señaladas por el MP, entre ellos el exministro José Luis Benito, contra quien no autorizó una orden de captura en el caso Libramiento de Chimaltenango. Moto está prófugo de la justicia por su presunta vinculación en casos que investiga la Fiscalía contra la Corrupción y la FECI. Según el MP, buscó tomar el control del caso Comisiones Paralelas 2020 para beneficiar a los implicados. 

Además, es sindicado de recibir un soborno y retardar la investigación por las supuestas irregularidades en la construcción del Libramiento de Chimaltenango.

Alejandro Sinibaldi

Exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota. 

Según el documento del Departamento de Estado, incurrió en corrupción cuando participó en supuestos sobornos y presunto financiamiento electoral ilegal, así como en el supuesto lavado del producto de la corrupción para beneficio personal. Está designado bajo la Sección 7031 (c) por su participación en corrupción.

Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez

Fue diputado por el FRG. Es primo de la expresidenciable Zury Ríos. Las autoridades estadounidenses lo señalan de participar en un esquema de sobornos en el que estuvo vinculada una estructura criminal que presionó, recaudó y depositó sobornos de contratistas estatales a cambio de beneficios personales. 

Es cercano al gobierno de Alejandro Giammattei y habría estado involucrado en la planificación para infiltrar a un grupo de personas que quemaron una parte del Congreso en las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020. 

Néster Mauricio Vásquez Pimentel

Magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y exintegrante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020. El MP lo señala de los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita. El togado habría participado en la supuesta manipulación de la elección de las altas Cortes. 

Cuando estuvo en la CSJ, Vásquez Pimentel votó en diferentes ocasiones para no retirar la inmunidad al diputado Felipe Alejos. 

Élder Súchite

Exministro de Cultura y Deportes durante el gobierno de Jimmy Morales. Está enjuiciado por corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes. La Fiscalía contra la Corrupción lo señaló de nepotismo y tráfico de influencias durante su gestión en ese Ministerio. El exfuncionario estuvo prófugo de la justicia por 11 meses y fue el pasado 5 de abril cuando se entregó a la justicia. Según el MP, Súchite se aprovechó del cargo para procurar la contratación de familiares en esa cartera. 

El exministro está pendiente de audiencia para conocer si enfrentará o no juicio junto con otras personas señaladas en la pesquisa del MP.

Jorge Estuardo Vargas Morales

Diputado del Congreso de la República. Brazo derecho y sostén financiero de Sandra Torres. Según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el congresista se involucró en una corrupción significativa y socavó los procesos o instituciones democráticas cuando participó en sobornos, coacción y tráfico de influencias. En las empresas en las que él es socio importante, administra la rampa de importación de mercadería de Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal y, paradojicamente, también administra las empresas que filman dichas rampas.  

Gustavo Alejos

Juzgado A de Mayor Riesgo resolvió ligar a proceso a Gustavo Alejos, Juan Pablo García, Victor Duarte y Guillermo Sierra por asociación ilicíta y financiamiento electoral no registrado, dentro del caso Financiamiento UNE.

El informe del Departamento de Estado detalla que el exjefe de Gabinete presidencial de Guatemala facilitó pagos a representantes del Congreso y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para influir de manera inapropiada en el proceso de selección judicial de magistrados para la CSJ y la Corte de Apelaciones y asegurar su futura liberación de prisión y desestimación de cargos de corrupción. 

Está designado bajo el programa de sanciones Global Magnitsky y la Sección 7031 (c), se lee en el documento estadounidense. 

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