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Nacionales

La violencia sexual aleja a las niñas de las aulas


Bufete identifica a 69 víctimas de este delito en las aulas públicas de Alta Verapaz.

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El Mineduc no tiene datos certeros sobre deserción escolar, que podría ser de 15 por ciento, según cálculos privados. Ante la incertidumbre, la experiencia en terreno cobra relevancia y la abogada Liliann Vásquez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista y quien ha recorrido los municipios de Alta Verapaz, sabe que las niñas dejan de ir a la escuela por la violencia sexual que ejercen algunos maestros, y en otros casos porque tienen que llevar adelante un embarazo producto de la violación, dice Vásquez.

Con 5 mil 666 nacimientos de madres de entre los 10 y los 19 años, Huehuetenango es el segundo departamento con más embarazos de niñas y adolescentes, de acuerdo con datos del Observatorio de Salud Reproductiva. Según el monitoreo, hasta el 2 de junio se han registrado 49 mil 931 embarazos de menores de edad en todo el país. 

Vásquez conoce más de un caso de deserción escolar por violencia en las aulas. “Litigamos el caso de una adolescente que fue violada cuando tenía 11 años y la mamá ya no quiso que fuera a estudiar”, relata Vásquez. Ponerse a salvo de un agresor supone abandonar la única opción educativa en muchas comunidades en las que únicamente hay un establecimiento multigrado, lo que impacta en el proyecto de vida de las adolescentes.

De las mujeres que fueron madres en la adolescencia, solamente 2 por ciento lograron un título universitario, frente al 9 por ciento de quienes fueron madres entre los 20 y los 29 años, de acuerdo con un estudio de UNFPA Guatemala divulgado en septiembre pasado. La educación condiciona el acceso a fuentes de trabajo, a la formalidad y al Seguro Social, lo que profundiza la desigualdad.

Áreas rurales 

Alta Verapaz es el departamento con el índice de desarrollo humano más bajo, lo que supone que la mayoría de la población sufre privaciones de servicios básicos como el agua potable, saneamiento, salud, educación, vivienda, entre otras condiciones elementales para el desarrollo humano, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista tocó las puertas de la débil institucionalidad pública en el departamento para encontrar a los 69 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en las aulas. Los casos permanecían estáticos hasta que la abogada Vásquez comenzó a indagar.

De 22 denuncias que el MP conoce desde 2019, tres casos contra maestros de áreas rurales van a debate en las próximas semanas. Entre los expedientes bajo investigación hay dos casos de abusos sexuales colectivos. 

Los debates son a puerta cerrada para respetar la indemnidad de los menores y no se identifica a los maestros denunciados para que las víctimas no sean estigmatizadas en sus comunidades.

El Mineduc, en silencio

El primer debate comenzó la semana pasada y continúa el próximo 7 de julio, contra un maestro que fue miembro de la comisión escolar contra acoso sexual, bombero y que sigue trabajando en la Dirección Departamental de Educación, según la abogada. El Mineduc no respondió a las preguntas enviadas por este medio. 

En 2017 se aprobó el Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas), que recopila datos de 7 mil 355 personas condenadas por delitos sexuales, por lo que no pueden optar a un trabajo con menores de edad. La base está en construcción y no detalla las profesiones de los agresores. 

Del cruce de la base de datos de los agresores con la nómina del Mineduc se identificó a 40 docentes que no pueden ejercer con menores de edad por tener alguna sentencia condenatoria. Cuando no están cumpliendo condena de prisión, el Mineduc opta por reubicarlos en otras tareas que no implican el contacto con niños, niñas y adolescentes, pero esta práctica ha sido cuestionada por algunos diputados.

Muchas mamás de las víctimas ya habían denunciado, pero ni los fiscales ni la Policía observaron los patrones de violencia. La adolescente que fue violada no tuvo más opción que llevar el embarazo a término y fue hasta cuando tuvo que parir que el centro de salud hizo la notificación obligatoria al MP. Como se trataba de una persona con cierto poder y reconocimiento comunitario, fue citada a primera declaración. Se le seguía validando pese al señalamiento de violación, lamenta la abogada.

SIN PRIORIZAR A LA NIÑEZ

Muchos casos de violencia sexual permanecen en la impunidad porque no se valida el interés superior de la niñez y adolescencia, mientras prevalecen los prejuicios de funcionarios del sistema de seguridad y justicia que no están capacitados para abordar ni entender a las víctimas. 

Hay avances sexuales que no forman parte del contexto de la niñez y adolescencia, y eso precisamente es lo que aprovechan los agresores. Un maestro tiene autoridad para decirle a una niña que le está “haciendo cosquillas”, pero lo que hizo fue estimularle el clítoris con la lengua, explica la abogada Liliann Vásquez. 

En estos casos, el derecho penal tiene que apoyarse mucho en profesionales de la psicología porque solo mediante entrevistas especializadas se logra revelar el abuso, acoso y la violencia sexual, apunta Vásquez.

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Muchas felicitaciones a “elPeriódico”


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