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Nacionales

Jueces denuncian hostigamiento mediante denuncias sin fundamento


La jueza Aifán expuso que el MP desestimó su denuncia por seguimiento de vehículos sin placas porque  los carros no podían ser identificados, entre otros motivos.

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Cuatro jueces de Mayor Riesgo piden a la fiscal General Consuelo Porras que revise las denuncias que han sido presentadas en su contra y que sean desestimadas porque ya venció el plazo que tiene el Ministerio Público (MP) para determinar si es posible o no continuar con la persecución penal.

La permanencia de las denuncias sin fundamento, afirmaron los jueces en declaraciones a la prensa, supone un mecanismo de amedrentamiento y hostigamiento. Son 27 denuncias las que involucran a los juzgadores Pablo Xitumul, Érika Aifán, Yassmin Barrios y Miguel Ángel Gálvez.

La petición de los jueces se basa en el Artículo 310 del Código Procesal Penal, que establece que pasados 20 días después de la denuncia, el MP debe solicitar la desestimación si no determina algún hecho constitutivo de delito o si no puede proceder. En el último año de labores de Porras, el MP desestimó más de 233 mil denuncias.

Al consultar sobre la petición de los jueces, el Departamento de Comunicación del MP informó que “se estará realizando el análisis respectivo en cada fiscalía para determinar lo  procedente conforme a la ley y que el Ministerio Público siempre actúa con imparcialidad, objetividad y con apego al principio de legalidad”.

Las denuncias contra los jueces están distribuidas en las fiscalías de Delitos Administrativos, Metropolitana y contra la Corrupción.

Además la utilización de la justicia penal para tratar de criminalizarlos, los jueces señalan que muchos de los cuestionamientos de las denuncias vulneran la independencia judicial, ya que no pueden ser perseguidos por sus resoluciones. Al hostigamiento penal y discursos de odio en redes sociales se suman vigilancias y seguimientos.

Vigilancias y seguimientos

La jueza Yassmin Barrios denunció que los agentes policiales que la custodian, por medidas cautelares de la CIDH, reportan sus movimientos diariamente al Director General de la Policía Nacional Civil. “Tengo 24 años de ejercicio y de ser perseguida”, expresó Barrios que experimentó la explosión de una granada en el patio de su casa, durante el juicio contra militares por el asesinato del obispo Juan Gerardi.

El juez Miguel Ángel Gálvez ha denunciado el seguimiento de vehículos sin placa al igual que la jueza Erika Aifán. La juzgadora denunció los hechos ante el MP, pero su acusación fue desestimada porque no se podía establecer la identificación del vehículo y se le señaló por no cooperar con los investigadores, ya que no les pudo atender el día que la llegaron a buscar, mientras ella celebraba una audiencia.

Sobre este caso, el MP ofreció ampliar detalles para este día.

La juzgadora Aifán enfrenta una situación excepcional, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha emitido dos amparos contradictorios en torno al trámite de un antejuicio en su contra. La anterior magistratura la amparó y suspendió las diligencias de antejuicio mientras que la nueva Corte le denegó la protección provisional, retomando hechos que ya habían sido conocidos en otro momento por la CC.

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