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Nacionales

La Contraloría tampoco fiscalizó a partidos políticos


La institución dirigida por Edwin Salazar no solo evitó sancionar casos de corrupción del Ejecutivo registrados en 2020, sino que tampoco auditó a las organizaciones políticas.

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Aunque la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que los secretarios nacionales, departamentales y municipales de los partidos políticos, así como los comités cívicos quedan sujetos a fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC) por el manejo de fondos provenientes del financiamiento público o privado, esa entidad no cumplió con lo establecido en esa normativa.

Cuando se le preguntó a la CGC sobre ese tema, por medio de su equipo de comunicación, la institución informó que haría un “dictamen jurídico” para responder. Sin embargo, lo único que enviaron tres días después de la solicitud fue la copia del Artículo 21 de la LEPP, el cual señala que a requerimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la Contraloría y otras instituciones de investigación están obligadas a realizar diligencias sobre los aportes públicos y privados que reciban las organizaciones políticas.

Además, la Contraloría indicó que, quien debe fiscalizar a los partidos políticos es el TSE. No obstante, la CGC obvió en su respuesta que en el Artículo 19 Bis de la Ley Electoral no se señala que las auditorías deban ser a solicitud del Tribunal Electoral.

TSE sin requerir auditorías

Aunque el órgano electoral se negó a responder sobre las solicitudes para que la Contraloría audite a los partidos, la CGC informó que hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud de parte del TSE.

El encargado de comunicación del Tribunal, Conrado Monroy, ofreció consultar a la jefa de la Unidad de Fiscalización, Diana Paola Palencia Gómez. Sin embargo, ayer Monroy pidió que la solicitud se hiciera a la Unidad de Información Pública.

De derecho público

En el Dictamen 4528-2015, la Corte de Constitucionalidad opinó que la Contraloría General de Cuentas puede fiscalizar a los partidos políticos sobre los aportes recibidos de dinero del Estado, incluso los aportes privados debido a que las organizaciones políticas poseen naturaleza de instituciones de derecho público.

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