El juez Israel Zelada resolvió procesar penalmente al extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria Juan Francisco Solórzano Foppa, así como al exanalista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad Aníbal Argüello y a otros tres detenidos, por falsedad ideológica con agravación electoral. 

También se procesó a Roberto Cáceres Estrada, José Miguel Quintanilla y Giovanni Faggioly Zepedo, por el mismo delito.

“El hecho de incluir a una persona que estuvo presente en un evento o salón ya mencionado, pero que a la fecha del acta ya está fallecida, denota un indicio, una circunstancia evidentemente falsa y se acredita con verificación del Tribunal Supremo Electoral”, dijo el juez. 

Zelada también indicó que las declaraciones tomadas por la fiscalía a por lo menos cien personas que afirmaron no haber participado en ningún evento para conformar un grupo promotor de un partido político evidencia que la actividad no se realizó y se habría insertado información falsa en el acta notarial. 

En cuanto a los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer asociación ilícita, el juez resolvió no procesar a ninguno de los detenidos porque el MP no presentó indicios de la comisión de ambos hechos reñidos con la ley y tampoco de la conformación de una estructura criminal. 

“No hay medios de investigación que sugieran la existencia de una organización criminal como tal que se concertó para cometer delitos y tampoco la estructura, ni distribución de roles”, argumentó el juzgador. 

El fiscal Rafael Curruchiche informó que el 1 de marzo de 2020 se elaboró un acta notarial para la constitución del Partido Político Ambientalista Guatemalteco Agua  y que esta fue elaborada por el abogado Carlos Ramiro Moino Cárdenas.

La supuesta irregularidad se dio cuando en un acta se hizo constar la presencia de 553 personas, pero se incluyó a una que ya había fallecido y a cuatro que no saben leer ni escribir, según la pesquisa.

MP pide prisión

El Ministerio Público (MP) solicitó que los vinculados al caso sean enviados a prisión preventiva por existir peligro de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad. El juez resolverá hoy si los envía a prisión por falsedad ideológica.