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Nacionales

Piden a CorteIDH garantizar libertad de información a indígenas de Guatemala


Los representantes de las víctimas pidieron este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) garantizar la libertad de información y expresión para los pueblos indígenas de Guatemala, desde la legalidad de sus propios medios de comunicación.

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La CorteIDH terminó este jueves una audiencia de dos días sobre una demanda contra del Estado de Guatemala por los alegados obstáculos de cuatro radios comunitarias en Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí Maya de San Miguel Chicaj, Mam Maya de Cajolá y Maya de Todos Santos de Cuchumatán para acceder a frecuencias radiales y la existencia de una supuesta política de criminalización de la radiodifusión comunitaria operada sin autorización.

“Los indígenas usan sus radios para promover su cultura, transmitir su lengua y contar sus historias hacia las generaciones más jóvenes, para informar sobre aspectos de salud y discutir eventos (…) El Estado de Guatemala argumenta que operan sin una licencia, pero el proceso para participar en una subasta de frecuencia es financieramente imposible y esto viola los derechos a la libertad de expresión, información y sus derechos”, explicó la representante Amy Van Zyl-Chavarro.

La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que hay una falta de reconocimiento legal de los medios comunitarios y un supuesto mantenimiento de normas discriminatorias que regulan la radiodifusión.

Además destaca que la normativa interna, ratificada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, así como la falta de adopción de medidas afirmativas en beneficio de los pueblos indígenas para acceder en igualdad de condiciones a las frecuencias de radiodifusión, constituyen violaciones de los derechos a la libertad de expresión, a la igualdad ante la ley y a los derechos culturales.

La comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena, argumentó en su declaración final que el caso se enmarca en una situación estructural de discriminación, desigualdad económica y social, de pobreza y pobreza extrema de los pueblos indígenas en Guatemala.

“En Guatemala existe una exclusión de hecho de los pueblos indígenas en el acceso y goce efectivo de los derechos, lo que puede observarse en la escasa representación de los medios de comunicación en los debates públicos, así como los serios obstáculos del acceso a los pueblos indígenas al espectro radioeléctrico y a recursos públicos para lograr su sostenibilidad”,  afirmó Arosemena.

La perito presentada por la Comisión, Adriana Sofía Labardini Inzunz, confirmó que el marco normativo internacional, de los pueblos indígenas “les da el derecho a la comunicación propia, la autodeterminación, (…) y una protección para que tengan acceso al espectro, licencias y fondos de estado para la formación de comunicadores entre otras medias, porque están en un estado más exacerbado de vulnerabilidad, exclusión y discriminación”.

Por su parte, el Estado guatemalteco declaró que “no violó el derecho de libre expresión, igualdad y derechos culturales de las presuntas víctimas, en consecuencia se rechazan las reclamaciones imputadas”, expresó la representante estatal Lilian Nájera.

“El Estado sostiene que no se le debe alegar responsabilidad porque en ninguna circunstancia se ha limitado la difusión, sino que permite que sea libre, independiente, y diversa, teniendo una regulación clara, transparente, y democrática”, dijo Nájera.

Tras la audiencia concluida este jueves, las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito a la Corte Interamericana, la cual emitirá un fallo en los siguientes meses. 

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