El Ministerio Público (MP) presentó antejuicio contra ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), uno contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas Cetina y contra el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) Néster Vásquez.

Según el MP, los funcionarios pudieron incurrir en los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita, por posibles actividades irregulares realizadas como comisionados de postulación para magistraturas de Salas de la Corte de Apelaciones.

Además de Rojas Cetina y Vásquez Pimentel, la fiscalía busca investigar a los magistrados de la CSJ: Silvia Patricia Valdés, Josué Felipe Baquiax Baquiax, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Vitalina Orellana y Orellana, Nery Oswaldo Medina Méndez, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, José Antonio Pineda Barales y Silvia Verónica García Molina.

Las negociaciones

Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se estableció que los magistrados tuvieron comunicación
telefónica con Gustavo Adolfo Alejos en fechas previas a la votación realizada para magistraturas de las Salas de Apelaciones y se negoció una lista de candidatos que el Congreso de la República debería elegir.

Se identificó que los votos de los 10 funcionarios judiciales, de quienes se pide el levantamiento de la inmunidad, fue crucial para obtener el número de electores necesarios y alcanzar los mínimos indispensables, es decir, las dos terceras partes de los votos, afirmó la fiscalía. 

De acuerdo con los hallazgos, de los 68 candidatos que fueron propuestos por los  señalados, 65 recibieron los votos necesarios para ser incluidos en la nómina final remitida al Organismo Legislativo, por lo que hubo un 95.58 por ciento de efectividad con relación a la cifra concertada por la presunta agrupación criminal.

La evidencia 

Documentos localizados en allanamientos que ejecutó el MP establecen la existencia de listados con identificativos que corresponden a los candidatos que debían ser votados como parte de la concertación entre los actores involucrados, quienes en el momento de la votación fungían como magistrados de la CSJ, explicó la FECI.

El MP agregó que recabó información relacionada con la existencia de reuniones previas y posteriores a la votación desarrollada en el marco de la elección de magistraturas de las Salas de la Corte de Apelaciones. Las mismas se efectuaron entre los comisionados que eran parte del acuerdo, supuestamente al margen de las funciones legales de las Comisiones de Postulación. En algunas de estas, se presume que estuvieron presentes los magistrados implicados.

La investigación de la fiscalía identificó irregularidades en el proceso de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Estos hechos se habrían realizado durante actividades calificadas como “comercialización informal”, referente a un intercambio de favores.

Siete personas enfrentan proceso

Por el caso Comisiones Paralelas 2020, siete personas afrontan proceso penal en el Juzgado de Mayor Riesgo D, entre ellos, Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, rector y exrector de la Universidad de San Carlos (Usac), respectivamente.