Parte del señalamiento del Ministerio Público (MP) por asociación ilícita, falsedad y fraude en la conformación del partido político AGUA recae en un acta que, según el ente investigador, consigna datos falsos y el de un hombre ya fallecido. El ausente en la sala del Juzgado Sexto es el notario que faccionó el acta y que da fe de los datos, Carlos Ramiro Moino Cárdenas.

Moino es un burócrata detenido en 2016 por su responsabilidad como mandatario de Supplies Trading, la empresa que le vendió ambulancias sobrevaloradas al Seguro Social, en un contrato por Q49 millones. Aunque Moino ya fue acusado por los delitos de asociación ilícita, fraude y defraudación aduanera, en el caso que también involucra a exdirectivos del IGSS, goza de medida sustitutiva y no fue detenido por el caso llamado Política y Falsedad.

La falta de esfuerzos de las autoridades por detener al abogado responsable por el acta bajo escrutinio penal fue cuestionada por el defensor de Aníbal Argüello, exanalista de la CICIG, durante la audiencia de primera declaración. Moino fue citado para declarar en una fecha posterior y en circunstancias de desigualdad a las del resto de detenidos.

El exjefe de la SAT, Francisco Solórzano Foppa, denunció detención ilegal ya que fue perseguido por un vehículo sin placas y el cobro de una extorsión en la cárcel, en la que también permanecía un líder pandillero al que había investigado cuando fue fiscal de Delitos contra la Vida. 

Durante las tres semanas que llevan detenidos, las ambientalistas Matilde Baján e Ingrid Leja contrajeron el COVID-19. Solórzano Foppa y Argüello no admitieron conocer al notario. Argüello señaló que no estaba en Guatemala en la fecha en que se suscribió el acta. Moino habría sido contratado por los otros interesados en conformar el partido político. El único que tiene referencias de Moino es Roberto Cáceres Estrada, pues lo conoció en el Ministerio de Agricultura y el notario fue asesor jurídico, secretario general y viceministro de esa dependencia.

El notario también ha prestado servicios profesionales en el Ministerio de Desarrollo y en la Superintendencia de Administración Tributaria.

Sin allanar domicilio ni oficinas

Otra de las desigualdades en el caso es que no se practicaron allanamientos en los inmuebles vinculados con el notario Carlos Moino. Los defensores de Francisco Solórzano y Aníbal Argüello cuestionaron la incomparecencia del abogado, responsable por el acta. El fiscal dijo que la estructura criminal está descrita en esa acta.