El presidente Alejandro Giammattei pidió que los bienes que fueran adquiridos en EE. UU. y recuperados por el país norteamericano en casos por corrupción, narcotráfico u otras ilegalidades regresen a Guatemala “para seguir fortaleciendo el sistema de justicia y la persecución penal”.

 Giammattei explicó que los recursos que estaba pidiendo a EE. UU. son los que estén vinculados a hechos de corrupción cometidos en Guatemala.

 El rescate de activos será realizado por EE. UU. bajo la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que fue aprobada tras el escándalo de Watergate.

 Pese a que Giammattei expresó públicamente que había efectuado la solicitud a EE. UU., hay una normativa vigente desde 2018 que cuenta con una guía del procedimiento de la “repatriación de activos”.

 Según la Guía práctica para la cooperación internacional, el primer paso para iniciar la recuperación de activos es identificar la conducta criminal, posteriormente ubicar los activos y demostrar con evidencia la relación entre estos y la conducta criminal.

 Una vez cumplidos estos tres pasos se pueden incautar o congelar los bienes, confiscarlos y repatriarlos, ya que el objetivo de la iniciativa es recuperar activos para el beneficio del país agraviado.

Efectos de la corrupción 

 La Guía también contempla que los activos recuperados serán repatriados para reforzar la lucha contra la corrupción, investigación criminal, “ayudar a mitigar los efectos de la corrupción y demostrar que los fondos malversados o las ganancias sucias han sido recuperadas y pueden ser destinadas al buen uso público”.