El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, planteó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que sus migrantes accedan al estatuto de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), para restarle presión a su economía, porque una reforma migratoria tomará tiempo.

“Ellos [EEUU] quisieran no el TPS sino una reforma migratoria. Nosotros le estamos diciendo que creemos que la reforma migratoria les va llevar mucho tiempo y necesitamos estabilizar a las personas que están allá y que eso nos ayude al crecimiento económico del país y regularizar a la mayor cantidad de gente que se pueda”, dijo el gobernante en diálogo con la AFP.

Giammattei recibió en la víspera a Harris en Ciudad de Guatemala, para abordar las causas de la creciente migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, donde le hizo el planteamiento. El mandatario informó que Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Interior (DHS), viajará en breve al país centroamericano para tratar el tema.  

“Está en análisis, sabemos que está en análisis en el Homeland Security, y el secretario Mayorkas va venir a Guatemala a finales de este mes [junio], y él es el que tiene en sus manos, es el último que tiene el dictamen, los demás dictámenes son favorables”, comentó. La visita está programada para el 28 de junio.

Las remesas a Guatemala alcanzaron un récord de 11.300 millones en 2020, pese a la pandemia, un monto similar a lo que recibe el país por exportaciones, equivalente al 15 por ciento de su PIB.

La cancillería local estima que en Estados Unidos viven cerca de 2,7 millones de guatemaltecos, pero solo 400.000 tiene documentos para trabajar.

El gobernante estuvo el martes en el poblado de El Tejar, al oeste de la capital, en el inicio de la construcción de un hospital financiado por Taiwan.

“Las siete plagas”
“El año pasado nos cayeron las siete plagas de Egipto. Solo en [los huracanes] Eta e Iota tenemos 1,8 millones de personas afectadas y necesitamos que la gente que está en Estados Unidos trabajando se quede trabajando en los Estados Unidos. Por eso estamos pidiendo el TPS. Esperaremos al final de junio”, agregó el gobernante.

El pedido de Giammattei llega en momentos en que la Corte Suprema de Estados Unidos negó a quienes ostentan un permiso temporal de residencia la posibilidad de residencia definitiva, si es que su ingreso al país fue ilegal.

El Estatuto de Protección Temporal (TPS ) fue creado en los años 1990 para amparar de la deportación y permitir trabajar legalmente a los extranjeros que por desastres naturales o inestabilidad política en sus países no pudieran regresar de forma segura.

El beneficio puede aplicarse de seis a 18 meses, renovables hasta que las condiciones varíen. Al 11 de marzo de 2021, casi 320.000 extranjeros en Estados Unidos estaban protegidos por TPS otorgados a 10 países: El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen.

La administración Biden sumó tres nuevas designaciones de TPS: para Venezuela y para Birmania en marzo, y una nueva para Haití en mayo.

Junto al pedido del TPS, Guatemala también le apunta a la creación de empleos para evitar que las personas migren o para aquellos que hayan sido expulsados de Estados Unidos, puedan laborar en la industria local de los ‘call center’, por ejemplo, pues la “mayoría de ellos habla inglés”.  

-Capacitación, no intervención-
Giammattei contó que su reunión con la vicepresidenta – quien luego de la visita partió a México – “fue muy buena”, con un “diálogo muy franco, donde se plantearon proyectos de cooperación”.

En el encuentro, Harris pidió que trabajen juntos para evitar que las personas dejen sus hogares, arriesgando su integridad en la ruta Centroamérica-Estados Unidos.

Otro de los temas que trajo la vicepresidenta en su agenda fue el de la lucha contra la corrupción, cuando Washington ha mostrado su preocupación por el nombramiento de algunos magistrados cuestionados, y las denuncias de hostigamiento a la labor del fiscal contra la impunidad.

Estados Unidos creó una “fuerza de tarea” para el combate a la corrupción en Centroamérica, con un grupo de fiscales y expertos que apoyará a sus pares guatemaltecos en abordar este tipo de casos.

“La idea es ayudarnos a ubicar los fondos, cuando sean producto de corrupción, de alguna actividad ilícita”, dijo el presidente. “Lo que le hemos solicitado a los Estados Unidos es que nos entregue [los fondos] a Guatemala, para que sean fondos que vengan a aumentar la capacidad [de trabajo] del Ministerio Público”.

“No es una intervención en juicios sino que es venir a apoyar a tener más capacidades en los servidores del Ministerio Público y del organismo judicial, y sobre todo, la planificación para la búsqueda de los recursos, para dónde se están yendo”, consideró.