Los testimonios de sobrevivientes, testigos y familiares de desaparecidos, así como el contraste con otras fuentes documentales, sustentan la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos que corrobora las desapariciones y ejecuciones registradas en el Diario Militar. El documento de inteligencia militar recoge 183 fichas de personas detenidas, secuestradas o asesinadas entre 1983 y 1985 por actores estatales.

Algunas de las víctimas tienen en sus cuerpos las señales de la tortura infligida por los grupos estatales que les consideraban “enemigos internos”, por el hecho de pertenecer a alguna organización guerrillera o por sus pronunciamientos contrarios a la doctrina impuesta entre 1983 y 1985, expone Hilda Pineda, fiscal de Derechos Humanos. “A algunos les quedaron zanjas en la piel por las ataduras durante el cautiverio”, refiere

El expediente abierto en 2006 documenta la detención en cadena de los llamados “enemigos internos”. Los grupos ilegales conformados por integrantes del Estado Mayor Presidencial, la Policía Nacional (PN) y la Segunda Sección del Ejército identificaban a una persona que debía ser detenida, la trasladaban a alguno de los recintos clandestinos, usualmente en instalaciones militares, y la sometían a torturas con golpes, choques eléctricos y otros tratos crueles para sacarles información sobre determinado grupo o para detener a otro contacto, según la fiscalía. 

De la milicia a la seguridad

El exministro de la Defensa y Vicepresidente de Avemilgua, Marco Antonio González Taracena, es uno de los 11 sindicados por delitos contra deberes de la humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada. También el exjefe de la Brigada Militar de Chimaltenango Víctor Augusto Vásquez Echeverría.

La fiscalía también presentará cargos contra Gustavo Adolfo Oliva Blanco, exjefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la extinta PN, quien fue asesor de presidios durante 2011; y contra Juan Francisco Cifuentes Cano, exjefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la PN, quien más tarde se convirtió en empresario de seguridad privada.

José Daniel Monterroso Villagrán, quien prestó servicios en Relaciones Exteriores durante 2010, y Edgar Corado Samayoa, quien se desempeñaba como asesor en seguridad para la Municipalidad de La Gomera, Escuintla, también fueron detenidos. 

ABORDAJE ESPECIALIZADO

Para abordar a los sobrevivientes se aplicó el protocolo de Estambul para víctimas de torturas y tratos denigrantes, que conlleva acompañamiento psicológico y psiquiátrico, explicó la fiscal Hilda Pineda.