Seis años después de los hechos y cuatro después de la condena de un tribunal, el caso contra un exasesor del MAGA acusado por el Ministerio Público (MP) de pedir sobornos sigue sin tener una respuesta definitiva del sistema de justicia.

En enero de 2017 el Tribunal Onceavo encontró culpable a Edmundo Fajardo por pedir un soborno de Q150 mil a un contratista del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  (MAGA). El tribunal le impuso al auditor una pena de cinco años de prisión inconmutables y una multa de Q50 mil. Fajardo no aceptó el veredicto e interpuso varios recursos que llegaron hasta la casación. El MP mantiene la acusación y está a la espera de que una Sala dicte una nueva sentencia.

Mientras el sistema continúa sin aportar una respuesta definitiva, el auditor condenado por pedir sobornos siguió su trayectoria de servicio público. Desde el año de la sentencia obtuvo contratos por servicios técnicos y profesionales que suman Q790 mil 579.

Fajardo insiste en su inocencia y señala que la prueba “reina” de su caso es una conversación casual inducida, que fue grabada sin su consentimiento.  Además, el exasesor cuestiona la atención hacia su caso, cuando considera que hay otras personas “más importantes” señaladas por cosas “más serias”. 

El caso del exasesor del MAGA muestra dos debilidades de la justicia penal; la demora para que una sentencia sea efectiva y el alcance de la sanción para los servidores públicos; pese a la condena, no fue a prisión sino continuó laborando para varias instituciones públicas como el Ministerio de Economía, Conjuve y la Empresa Portuaria Quetzal. 

El derecho a la presunción de inocencia prevalece hasta que una sentencia condenatoria quede firme; pero por otro lado, el Estado no puede ser refugio de delincuentes, deben existir normas de contratación pública que garanticen el acceso a personas idóneas y decentes, considera el penalista Juan Rodolfo Pérez Trabanino, al ser consultado sobre el tema en general. “Este asunto va más allá del derecho de una persona a ostentar un cargo público, debe prevalecer el derecho ciudadano a una administración pública transparente”, apunta Pérez.

El auditor indicó que por los cuestionamientos públicos, desde este año decidió ya no trabajar para el sector público y lamenta que ha gastado un montón de dinero en abogados. 

Los plazos se triplican

El proceso penal, desde la audiencia de primera declaración hasta la sentencia no debería exceder los 164 días. Sin embargo, el plazo real es en promedio dos veces mayor, de 490 días según el muestreo del Mirador Judicial del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.