La audiencia de primera declaración del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, así como del exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Aníbal Argüello, y los otros detenidos, fue suspendida por petición del Ministerio Público (MP). 

La diligencia no se pudo realizar porque el juez de turno, Erick Velásquez, aceptó la solicitud del fiscal Rafael Curruchiche, quien argumentó que esa judicatura no era competente para conocer el proceso penal. 

El juez al analizar la solicitud de la Fiscalía de Delitos Electorales consideró que el control del caso ya está en el Juzgado Sexto Penal, por esa razón suspendió la diligencia y ordenó que el expediente sea enviado este viernes a dicho juzgado  y se programe la audiencia. 

“No es lo mismo que sean diferentes jueces o criterios, a que sea un solo juez natural y que pueda conocer el presente caso, en ese sentido derivado de la argumentación presentada, se considera oportuno que se pueda declinar de conocer las presentes actuaciones”, resolvió el juez. 

El fiscal Rafael Curruchiche, quien presentó horas antes de la audiencia un memorial, argumentó que el expediente  del acusado Giovanni Vinicio Fagioli Cepeda está en el Juzgado Sexto Penal y el caso no puede ser conocido por dos juzgados distintos. 

“Lo que le decimos al juez es por qué desde el pasado lunes no se inhibió y envió el expediente al Juzgado Sexto, imagínense los mismos medios de investigación de turno son los medios para el sexto”, explicó el fiscal. 

Foppa durante su intervención señaló que la petición de Curruchiche no tenía asidero legal, ya que al inhibirse de conocer la diligencia se le deja en estado de indefensión porque el otro juzgado no tiene fechas para realizar las primeras declaraciones. 

El exfuncionario y los demás detenidos seguirán en prisión provisional hasta que se resuelva su situación jurídica y el juzgado programe audiencia para solventar la situación jurídica de los señalados.

La investigación exprés 

Según el Ministerio Público (MP), el 1 de marzo de 2020 se elaboró un acta notarial para la constitución del Partido Político Ambientalista Guatemalteco Agua (Partido-AGUA) y que la misma fue elaborada por el abogado Carlos Ramiro Moino Cárdenas.

Además, la fiscalía afirma que la supuesta irregularidad se dio cuando en el acta se hizo constar la presencia de 553 personas, pero se incluyó a una persona que ya había fallecido y a cuatro que no saben leer ni escribir.

Inicialmente el fiscal aseguró que la reunión se efectuó durante la pandemia, sin embargo, en otro comunicado cambió la versión y afirmó que la asamblea reportada no se desarrolló y por eso los señalados acudieron al notario para hacer constar la comparecencia de los asistentes a la misma.

Juez ordena investigación

El juez de turno Erick Velásquez pidió al Ministerio Público (MP) investigar si se cometió una ilegalidad en la detención del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, por el uso de vehículos sin placas.