El Consejo Superior Universitario que lleva tres periodos eligiendo magistrados de forma pública, afronta un litigio por la designación de Gloria Porras como titular de la Corte de Constitucionalidad. Carmen Aida Ibarra que por años ha monitoreado procesos de elección de funcionarios, habla sobre el tema en esta entrevista.

¿Qué escenarios observa ante la posibilidad de que el CSU repita la elección?

Para que suceda una nueva elección, el Consejo tendría que anular el proceso o solo la votación. El primer escenario es el retorno al secretismo anterior a 1996; el segundo, de secretismo parcial en el que únicamente la votación sea secreta; y, el tercero que no tome ninguna decisión sino que espere los resultados del litigio que se tiene alrededor de la designación, que podría llegar hasta la misma CC. Estamos ante una gran incertidumbre; el mismo consejo está sumido en incertidumbre. El consejo como un ente técnico-científico pero también político, ya que muchos de sus integrantes son electos de forma popular, tendría que saber defender la forma en la que decidieron llevar a cabo la designación, avalada por todos.

¿Cómo interpreta los cuestionamientos hacia el voto público?

En la medida que hemos ido avanzando en el proceso de democratización, también avanzan las prácticas de transparencia y publicidad de los actos. El Congreso también ha adoptado el voto público aún en coyunturas complicadas. La CC ha emitido numerosas resoluciones (de 2009 a 2014) en donde se privilegia la publicidad y transparencia en los procesos de nominación y selección de funcionarios, no solo los que tienen que ver con comisiones de postulación, que no es el caso de la CC. El magistrado Roberto Molina Barreto ha sido ponente de resoluciones que combaten espacios de arbitrariedad en esos procesos, por lo que sería muy extraño que este caso, la CC dé marcha atrás en las interpretaciones que han favorecido la publicidad y la transparencia. 

¿Qué antecedentes hay del voto público?

Diferentes procesos que se enmarcan bajo el secretismo, como la elección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, se han vuelto públicos porque es la racha que está viviendo el país que demanda nuevas prácticas que le den confianza a la ciudadanía. En los últimos 20 años ha habido un combate paulatino, pero intenso, hacia la arbitrariedad y discrecionalidad. El CSU, durante las rectorías de Estuardo Gálvez, Carlos Alvarado y Murphy Paiz ha transitado desde el secretismo hacia nuevos estadios de publicidad y transparencia. El embate hacia el voto público no es precisamente por la letra de la ley sino por la persona que resultó electa. Si se vuelve al voto secreto y a Gloria Porras, van a seguir inconformes. 

¿Se tendría que repetir la elección para titular y suplente?

El Consejo tendría que ser congruente y repetir el proceso para las dos posiciones. Sería muy raro que solo repitiera el de titular. Una vez haya mayoría, el CSU puede y tiene la libertad de designar a quien quiera, obviamente hay que atender los requisitos generales y especiales que establece la Constitución. Yo esperaría que la comunidad sancarlista defienda sus decisiones, con la constitución y el bloque constitucional en la mano, para sentar un precedente. No podemos permitir que haya grupos amedrentando a los consejeros o a algún otro elector. Es lamentable que por tal de deshacerse de una persona que no les gusta, Gloria Porras, macheteen los espacios de transparencia que se han ganado y consolidado. 

¿Por qué considera que el CSU también está sumido en incertidumbre?

Muchos son expertos en la profesión que ejercen y en la vida cotidiana son ajenos al uso de las leyes, a cómo se manejan estas cosas en el orden político y el grado de intervención que pueden tener los órganos de justicia en estos casos. Pudimos ver en el proceso de selección, que muchos integrantes del Consejo se molestaron cuando las Salas de Apelaciones ordenaron reintegrar a quienes no habían resultado seleccionados y les parecía inaudito que los jueces pretendieran enmendarles la plana para admitir a quienes ya habían excluido. Hubo mucha discusión sobre la posibilidad de rechazar un amparo provisional. Hay personas que están con muchas dudas, es indudable que tienen que acatar las órdenes de los jueces y que la autonomía no cierra las puertas a la legalidad y la constitucionalidad.

Además, cuando el MP cita a dos de los consejeros les queda una sensación de que pueden ser perseguidos como si hubiesen sido criminales para cometer alguna fechoría. Además, tienen a dos de sus integrantes, entre ellos el rector Paiz, que están afrontando proceso penal por supuestas anomalías en obras aprobadas por el Consejo. Además, tienen que empezar un proceso de elección anticipada de rector, porque todo indica que el rector Paiz va tardar un poco, meses o años, en dilucidar su situación jurídica. Desde febrero, que Paiz fue detenido han pasado cuatro rectores interinos.