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Nacionales

Informe de Contraloría 2020-2021: Ejecutivo y Congreso sin sanciones


El informe del Contralor General de Cuentas no establece sanciones ni auditorías al Centro de Gobierno, al Ministerio de Salud o al CIV.

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El presidente de la República, Alejandro Giammattei, respira tranquilo. Ayer, la Contraloría General de Cuentas (CGC) entregó en el marco del “Año de la Ética y Probidad” su Informe de Auditoría 2020-2021, el cual no revela ningún caso de corrupción de la actual administración. Las sanciones o auditorías se centraron en administraciones anteriores (de 2015 a 2020).

La relación del actual contralor, Edwin Salazar, con la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), exsecretaria general de Giammattei y extrabajadora de la CGC, Leyla Lemus, ha dado frutos y según varios congresistas consultados, el informe es complaciente, pues ni el Ejecutivo ni el Congreso fueron sancionados. 

Mónica Monge, vocera de la CGC, indicó que en total se efectuaron 2 mil 023 auditorías, aunque estas no todas corresponden a la administración de Giammattei sino de periodos anteriores. Además, se denunciaron 74 entidades, se impusieron 54 formulaciones de cargo y 121 denuncias penales. 

Los no auditados

En noviembre pasado, el compañero de fórmula de Giammattei, Guillermo Castillo, pidió al mandatario cerrar el Centro de Gobierno, el cual era dirigido por Miguel Martínez, una de las personas de más confianza del Presidente. En esa oportunidad el vicepresidente indicó que la entidad generaba costos extraordinarios y abonaba muy poco al trabajo del gobierno.

El Centro de Gobierno tuvo un presupuesto de Q10 millones para el pago de salarios y Martínez como director ganaba más de Q40 mil. Aunque la entidad cerró por orden del Gobierno central en el informe de la CGC no aparece auditada. 

Al Ministerio de Salud, la CGC realizó 21 tipos de auditorías (exámenes especiales, obra pública, presencia de verificación, de cumplimiento con seguridad limitada, informes de atestiguamiento, financiera y de desempeño) estas comprendidas de 1990 a 2020. En la actual administración se revisaron 21 hallazgos relacionados a contratos para la Unidad de Digitalización, documentación incompleta, compras de alimentos, pagos efectuados sin documentación, entre otros. 

Lo que no presentó la CGC, fue alguna detección sobre una estructura que operó en el Ministerio y que cometía fraude. Dicha denuncia fue dada a conocer por Giammatei y obligó al entonces ministro Hugo Monroy y viceministros a renunciar del cargo

En octubre del año pasado fue destituido el entonces director de Caminos, entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Fredy Chojolán. Su despido obedeció luego de dar a conocer que su firma fue falsificada y se desconocía el destino de Q135 millones. 

Tampoco figura sanción a la Portuaria Quetzal por el contrato millonario para la construcción de un rompeolas adjudicado a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S. A., cuyo representante es Alejandro Matheu Escamilla, cercano al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito quien se encuentra prófugo de la justicia por un caso de corrupción.

La Contraloría ordenó la suspensión temporal de la licitación en marzo pasado por encontrar irregularidades en el evento que finalizó con la adjudicación de un contrato a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S. A. por Q477 millones. Pero en el informe entregado ayer asegura que “no se dio seguimiento debido a que, se estableció que dicho proceso, se encuentra sujeto a revisión por parte del equipo de auditoría nombrado para practicar el Examen Especial Concurrente… Los resultados serán revelados en el informe de auditoría correspondiente”.

En el documento de la CGC aparecen hallazgos pero de otra índole y con una sanción económica de Q6 mil. En el caso del mantenimiento de la pista del aeropuerto por Q41 millones, los auditores resumieron que no se detectaron aspectos que merezcan ser mencionados como hallazgos. 

Tampoco hay sanciones al Congreso

La CGC efectuó varias auditorías al Congreso de la República pero solo uno correspondió al periodo de 2020, en el documento no figura una fiscalización al presidente del Congreso, Allan Rodríguez. El año pasado, se dio a conocer que con fondos de este Organismo el presidente adquirió una ducha relajante y un jardín para su despacho. 

Las instituciones con más denuncias penales son:

 Ministerio de Educación

 Ministerio de Cultura y Deportes

 Municipalidades y Consejos de Desarrollo

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