Denuncias de personal de los juzgados de menores con sede en el Edificio Lucky, dan cuenta que la diputada Sandra Patricia Sandoval González, junto al ministro de Gobernación llegaron anoche en horas inhábiles e intentaron que un juez ordenara que se renovara la vigencia del pasaporte de la hija de la parlamentaria, sin el debido consentimiento del padre de la niña.

Los informantes, que pidieron que se omitieran sus nombres por temor a represalias, aseguraron que Sandoval asistió al juzgado en compañía de su abogado Carlos Guillermo Guerra Jordán y la menor, con el fin de solicitar medidas de protección a favor de la niña, y además pidieron que se ordenara la renovación del pasaporte de la hija de Sandoval. Aseguraron que eran referidos por una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, aunque no mencionaron su nombre.

Argumentaron que los derechos a la salud de la menor son amenazados, ya que desean que sea vacunada en Estados Unidos y que la misma debe recibir tratamiento médico, aunque no presentaron documentos que probaran su petición.  También mencionaron que la niña tiene derecho a la recreación, por lo que debía salir del país la próxima semana.

En el juzgado les explicaron que por ser un caso específico y con base en la competencia, ya que asistieron a un juzgado de paz, la solicitud debía ser presentada en el juzgado de Primera Instancia de la Niñez, aunque debían adjuntar los documentos de respaldo de la solicitud  por medio de un memorial elaborado por el abogado de la diputada.  

Se agrega que luego exigieron hablar de forma directa con el juez y que Sandoval se dirigió al personal de forma prepotente  y poco ética, con el tono de voz elevado y le pidió el gafete a la persona que los atendió, el cual fue mostrado en ese momento. Luego de que se les informó que el juez no podía atenderlos, la forma agresiva de la diputada subió de tono. 

Se indica que durante el desarrollo de la reunión, el abogado Guerra pidió que ingresara al despacho judicial otra persona, quien según dijo, era miembro del grupo familiar.  

El supuesto pariente, resultó ser el ministro de Gobernación, Gendri Rocael Reyes Mazariegos, quien a su ingreso se identificó como abogado, según reporta personal de seguridad del edificio.  

Las fuentes aseguran que los tres mencionados llegaron posteriormente a las oficinas de la Procuraduría General de la Nación, donde se les informó que esa entidad no tiene competencia  para intervenir en este tipo de situaciones.

Reyes habría montado en cólera contra el personal que actuó en apego a la ley y empezó a despotricar en su contra y los amenazó con que se las iba a cobrar de una u otra forma.  

La diputada Sandoval, junto a la vicepresidenta Sofía Hernández y el diputado Boris España, forman parte de una lista de 35 parlamentarios ligados al narcotráfico.