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Nacionales

FECI presenta antejuicio contra juez señalado de procurar impunidad en caso Fénix


El juzgador habría beneficiado con resoluciones al acusado Gustavo Adolfo Herrera Castillo.

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó autorización para investigar al juez undécimo penal, José Eduardo Cojulún, quien habría dictado resoluciones favorables para el sindicado Gustavo Adolfo Herrera Castillo.

Según la FECI, el 12 de diciembre de 2007 el juzgador que tenía conocimiento del proceso penal, ordenó a petición de la defensa el cierre de la investigación el cual se encontraba desestimado.

Tenía conocimiento que existían suficientes elementos de investigación que ameritaba continuar con la pesquisa en contra de todos los sindicados, especialmente de Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien lideraba la estructura investigada, afirma la fiscalía.

Además, se presume que pese a que la facultad de solicitar el sobreseimiento le correspondía al Ministerio Público (MP) el juez programó la audiencia convocando a todas las parte del proceso y cerró la pesquisa sin que ninguno de los sindicados estuviera ligado a proceso penal.

Otra resolución favorable

El MP también señala que para el 1 de agosto de 2008 Cojulún, a petición de la sociedad mercantil Escabel Management Group Ltd,, realizó una audiencia a la que denominó “restitución de dinero a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social”.

Al finalizar la discusión respectiva, el abogado que representó a Herrera Castillo requirió la revisión de supuestas medidas de coerción. El objetivo habría sido revocar, supuestamente con fundamentos ilegales, la orden de captura dictada contra el señalado.

En dicha audiencia, la FECI indica que no hubo oposición del MP que estaba representado por Ranulfo Rafael Rojas Cetina, actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y contra quien se encuentra en trámite una solicitud para levantamiento de inmunidad.
Impacto para la justicia

La fiscalía afirma que el sobreseimiento implicó el cierre definitivo del proceso que impidió que Herrera Castillo fuera investigado por lavado de dinero, aunque existieran elementos contundentes de investigación en su contra.

Los Hechos

La pesquisa se reactivó el 12 de abril del 2019. Este caso deriva del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2003, donde se presume que particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas, limitadas y entidades fuera de plaza para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

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